LA GESTACIÓN DE OTRO DEBATE

Charla contra aborto en liceo de Salto "es inadmisible"

Consejo de Secundaria inició sumario a directora y la separó del cargo.

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Celsa Puente. Foto: Darwin Borrelli

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en Salto, es recurrente. En el mismo departamento en que las autoridades sanitarias tuvieron que buscar de urgencia médicos de afuera, porque no había un solo ginecólogo dispuesto a practicar un aborto, un taller sobre sexualidad dictado por unas madres —que incluyó la entrega de fetos de juguete y un folleto con la imagen de la virgen María— obligó a que el Consejo de Educación Secundaria (CES) separara del cargo e iniciara un sumario a la directora del liceo N° 1. Todo por "una supuesta" violación del principio de laicidad.

"Siento una sorpresa enorme de que una directora de tantos años de ejercicio pueda haber cometido un error de este tipo", dijo la directora del CES, Celsa Puente. Y agregó: "Me sorprende porque es un error tan grueso que es inadmisible que esto haya acontecido".

Para las autoridades del CES esta historia comenzó poco antes del mediodía del pasado viernes. Un mensaje de Whatsapp, de la diputada Manuela Mutti (MPP), advirtió que en el liceo departamental se había realizado un taller (para alumnos de quinto y sexto año) en que se hacía énfasis en los riesgos y contras de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según comprobó Secundaria, la directora del centro educativo autorizó la actividad pero no dio aviso a la Inspección —como corresponde en estos casos. Luego de que el inspector suplente recogiera pruebas en el lugar de los hechos, el mismo viernes, Puente convocó a una sesión extraordinaria en la que se constataron "sospechas fundadas de que hubo un acto incorrecto y violatorio de las normas que rigen la educación pública", por lo que se separó del cargo a la directora —medida que puede extenderse hasta seis meses y que implica la retención de la mitad del salario— y se dio paso a que "Jurídica tome declaraciones a los involucrados".

El consejero de ANEP en representación de los docentes, Robert Silva, cuestionó la medida adoptada por Secundaria. Según el jerarca, era necesario el inicio de una investigación, pero no un sumario. Porque con la medida adoptada por el CES "se responsabiliza a una única persona, se entiende que hay hechos muy graves sin siquiera haber escuchado todas las campanas y se cobra al grito de la tribuna".

Germán Coutinho, senador colorado y exintendente de Salto, tuiteó: "destituir a la directora del Liceo N° 1 de Salto (Diana Lucero) es un hecho político impulsado solo en dictadura". El legislador explicó que "está claro" que una de las razones de la medida adoptada por el CES es la afinidad de la directora del centro educativo con el Partido Colorado.

Puente aclaró que la directora no fue destituida, de hecho esta sería la medida más extrema que se puede llegar a adoptar para el caso una vez que haya resolución jurídica. Y señaló que Coutinho "va a tener que explicar en qué se basa para decir lo que dice: en los liceos públicos hay normas claras y los directores tienen responsabilidades claras". La directora suspendida ejerce el cargo desde 1994

Distintas voces.

Las madres que dictaron el taller, algunas de ellas militantes contra el aborto (Pro Vida), justificaron que la actividad fue "para hablar de la afectividad y la sexualidad desde un enfoque integral, basado en datos científicos y en la experiencia personal como padres". Los fetos en miniatura eran para demostrar que el cuerpo "ya está formado" a la décima semana de gestación. Las talleristas aclararon que "no fue un debate" y que por eso no se incluyeron distintas voces, como había cuestionado la diputada Mutti.

"La realización del taller fue motivada por la preocupación que nos genera el drama al que muchas veces se enfrentan nuestros hijos a la hora de tomar difíciles decisiones y encontrarse que no tienen ni la información suficiente ni las herramientas necesarias para hacerlo", expresa el comunicado enviado a la prensa.

Al respecto, Puente explicó que dentro de los talleres de Educación Sexual y en el pro-grama de Biología se aborda la temática y no se reduce a información sobre genitalidad —como expresaron las madres.

El obispo de Salto, Pablo Galimberti, aclaró que el taller de las madres fue a título personal de ellas y "no en nombre de la Iglesia" porque "cada cristiano se juega la camiseta". Señaló que se dio "una reacción desmesurada al hecho", que incluyó las palabras de la ministra de Educación, María Julia Muñoz. En el comunicado enviado por las madres se indica: "En ningún momento se habló de religión (…) finalizado el taller, sucedió un hecho no previsto: habiéndose retirado la mayoría de los alumnos y la directora, mientras quienes impartimos el taller recogíamos nuestros materiales, algunos estudiantes retornaron al aula y solicitaron material adicional". Fue entonces que, dentro del material entregado, "se encontraba el folleto rojo que circuló en la Red (con la imagen de la virgen)".

Contexto.

En Salto, donde está la diócesis católica de mayor extensión territorial del país, al año de haberse aprobado la ley que despenalizó el aborto no había un solo ginecólogo dispuesto a interrumpir un embarazo por la sola voluntad de la mujer solicitante.

Los datos relevados por la ONG MySU, en 2013, dan cuenta que el 100% de los ginecólogos del departamento declararon su objeción de consciencia.

Cuatro años después, en el prestador privado de la zona la objeción entre los médicos de guardia bajó al 85% y entre los profesionales de policlínica al 80%, según fuentes sanitarias.

En ASSE ahora también hay ginecólogos con voluntad de seguir adelante con el aborto y se sigue trasladando una vez por semana un profesional de un departamento limítrofe.

El médico objetor, aclararon las autoridades, tiene la obligación de informar al paciente y dar pase a otro profesional.

¿Violación de la laicidad?

En el sindicato de profesores (Fenapes) no recuerdan antecedentes de un caso como el ocurrido en Salto y ayer se radicó la denuncia. Sin embargo, en el Parlamento hubo al menos seis pedidos de informes desde 2005 por supuestas violaciones a la laicidad. El último caso fue en octubre de 2015. El diputado Amín Niffouri (Partido Nacional) cuestionó que en una actividad sobre la Mujer Rural, en una escuela agraria (San Ramón), solo participaron integrantes del Frente Amplio.

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