POLÍTICAS REPRODUCTIVAS

En Castillos no hay un ginecólogo para abortos

Mitad de profesionales de ASSE en capital plantea objeción.

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La tercerización de servicios que debe prestar el MSP está en la mira del diputado Lema. Foto: M. Bonjour

La ley de interrupción voluntaria del embarazo está próxima a cumplir cinco años, sin embargo la suerte de las usuarias interesadas en abortar cabalga a la par de las falencias del sistema. En las policlínicas de ASSE en Montevideo, por ejemplo, el 53% de los ginecólogos manifiesta objeción de consciencia. El porcentaje es aún mayor en las policlínicas públicas de Cerro Largo (66%) y llegan al extremo en la localidad de Castillos, Rocha, donde no hay un solo médico dispuesto a llevar adelante esta práctica profesional.

Hoy se presenta el "Estado de situación de los servicios de salud sexual y aborto" en los departamentos de Montevideo, Rocha y Cerro Largo. La falta de información es uno de los cuestionamientos de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MySU), quien relevó los datos, aunque "un simple acercamiento a las cifras disponibles en algunas instituciones da cuenta del preocupante porcentaje de objeción de consciencia", dijo Lilián Abracinskas, directora de la organización.

Solo en el Hospital de la Mujer (Pereira Rossell) la mayoría de los profesionales está afín con la ley. Allí el porcentaje de objeción es solo del 1,5%, aunque tan solo cinco ginecólogos están asignados específicamente a la tarea de interrupción del embarazo. Este centro concentra la mayor cantidad de abortos legales del sistema público: se realizaron 1.010 en el año 2015. Como comparación, en tres años se practicaron 292 abortos en el Hospital Policial; 520 en Cosem; y 3.151 en la Médica Uruguaya.

Estas cuatro instituciones, dos públicas y dos privadas, fueron las analizadas en la capital. La investigación, que demoró siete meses y contó con la negativa de la Asociación Española y Casmu, concluye que el uso de fármacos es el método abortivo usado en la casi totalidad de los casos (98%). Ante este escenario, un ginecólogo cualquiera está habilitado para recetar el tratamiento y no se requiere de una especialización concreta.

El informe no permite comparaciones de las objeciones con el año anterior. Primero, porque se trata de muestras distintas y, segundo, porque "tras el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo favoreciendo el recurso interpuesto por un grupo de ginecólogos en 2014, que derogó algunos ar- tículos de la reglamentación de la ley, el Ministerio de Salud aprobó ordenanzas el año pasado en las que se asegura la confidencialidad de los profesionales médicos". Entonces resulta imposible calcular el porcentaje de profesionales objetores sobre el total de profesionales de la ginecología que proveen servicios en cada departamento, cuestiona el documento de MySU que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, International Women Health Coalition y Safe Abortion Action Fund.

En el relevamiento se observa que hay un número "alto" de profesionales que no objetan conciencia, pero tampoco realizan abortos. Por ejemplo, el porcentaje de objeción en el Hospital Policial es 34%, pero solamente dos profesionales practican la interrupción (0,5%); en Cosem, solo ocho profesionales lo ejecutan (30%) y siete en la Médica Uruguaya (11%). Según Abracinskas, "se desconoce si es una política de las propias instituciones o existe otro interés".

Otro cuestionamiento al funcionamiento de la ley, dice el informe, es la falta de recursos humanos suficientes para cubrir los servicios; particularmente hay déficit de profesionales de psicología y trabajo social. En el Hospital de Rocha, para todas las prestaciones que requieran de intervención desde el trabajo social, hay una única asistente social.

Y se concluye que "tampoco se ha incorporado, hasta la fecha, la salud sexual y reproductiva en la formación curricular de los profesionales afectados a estos servicios".

Una de cada cuatro mujeres no va a entrevista posaborto.

Durante tres fines de semana al mes, el Hospital de Rocha no cuenta con una guardia ginecológica. Este es "uno de los principales obstáculos que tiene la atención en embarazo y parto" en el departamento, cuestiona el informe que presentará hoy la ONG MySU. Las emergencias gineco-obstétricas deben de ser atendidas en un prestador privado (Comero).

La falta de profesionales disponibles en el interior hace que en Rocha "no siempre es sencillo acceder a consultas de asesoramiento en anticonceptivos", aun cuando sí están disponibles los métodos.

En este departamento, sin embargo, el Hospital de Chuy muestra registros "excepcionalmente positivos". El índice de cesáreas es de un 24%, "valor significativamente bajo para la realidad nacional"; es incluso más bajo que el porcentaje de todo ASSE en el departamento (31,4%). En el hospital fronterizo casi la totalidad de las mujeres que comienzan el proceso de interrupción voluntaria del embarazo lo terminan, asistiendo incluso a la etapa cuarta, situación atípica en el panorama nacional.

Una de cada cuatro mujeres, a nivel país, no acude a la entrevista posaborto. "Esta instancia es fundamental porque, en teoría, es cuando el profesional médico aconseja el uso de anticonceptivos para que no se reitere el embarazo no deseado", explicó Lilián Abracinskas, directora de MySU.

Por eso, la ONG pide que se "erradiquen los obstáculos" que no permiten el cumplimiento de toda la reglamentación de la ley.

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