JUSTICIA REVISA DECISIÓN

Caso María: Uruguay se expone a queja española

La Corte suspendió restitución de la niña; se violó convenio.

Chediak, dijo que se firmó una contracautela de US$ 30.000 que deberá pagar la madre. Foto: F. Ponzetto
Chediak dijo que se firmó una contracautela de US$ 30.000 que deberá pagar la madre. Foto: F. Ponzetto

Uruguay se expone a un cuestionamiento internacional de España por no restituir en un plazo lo más breve posible a una niña española a su país de origen. El caso podría, además, erosionar la imagen de Uruguay sobre que es un país que brinda seguridad jurídica.

Dos fallos judiciales le dieron la razón al padre que reclamó que la niña debía ser restituida a España después que su madre, una ciudadana uruguaya, la mantuviera en Uruguay contra la voluntad de su progenitor, y determinaron que la niña debía ser enviada a España. En una sentencia dictada el lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió suspender provisoriamente la restitución de la niña que estaba prevista para mañana. "Esperemos que no haya inconvenientes con España. Esta (la medida cautelar) no es una negativa a la restitución de la niña. Es simplemente una suspensión provisoria del cumplimiento de la restitución para analizar el recurso de revisión", expresó el presidente de la Corporación, Jorge Chediak. Agregó que "lamentablemente la resolución del recurso no será inmediata por la naturaleza del mismo".

El abogado de oficio de la niña en el Juzgado de Familia, Walter Pritsch, opinó que la decisión de la Corte "afecta" la seguridad jurídica de Uruguay. "No se deja una imagen jurídica muy clara. La SCJ es la autoridad máxima del Poder Judicial. En este caso queda como que admite algo que la ley dice que no se puede; es raro", dijo Pritsch.

TRASLADO

El PIT, Amnistía, gremio y psiquiatras lo rechazan

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt respaldó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender transitoriamente la restitución de la niña de cinco años a España. Además declara su determinación de defender el derecho a la vida y el bienestar de una niña, que le dice a quien quiera oírla que solo recuerda "cosas feas de su papá", ratificando por tanto el derecho y la voluntad de su mamá, y toda su familia, a vivir en paz en nuestro país.

El Pit-Cnt sostiene que hay "una necesidad imperiosa" de revisar la manera en que se maneja el Poder Judicial de nuestro país y cómo se defiende a los niños y niñas ante ataques y abusos denunciados y documentados por pericias y estudios profesionales.

Por su parte, Amnistía Internacional hizo un llamado para que el Estado uruguayo garantice los derechos a la integridad personal y a una vida libre de violencia de una niña de 5 años y su madre ante los "fuertes indicios" de que han sido víctimas de violencia de género por parte del padre de la niña, quien reside en España. "Uruguay tiene la obligación de garantizar la protección de todas las niñas y las mujeres contra la violencia, y además, al decidir sobre este caso, la Corte debe evitar ponerlas en riesgo de más violencia y debe velar por el interés superior de la niña", dijo Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. En tanto, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia (Supia) señaló que si bien las pericias realizadas por los técnicos del Poder Judicial no fueron concluyentes al afirmar tal abuso, no descartándolo, "sí pudieron constatar violencia doméstica hacia la madre y la niña". Los técnicos en salud mental "conocemos los graves e irreversibles daños que genera dicha violencia en el crecimiento y desarrollo de los niños".

La Corte entendió que había tres razones causales para hacer lugar al pedido de la madre de revisar el caso: una eventual colisión de intereses del abogado que defendió a la niña en el Juzgado de Familia; el planteo de la madre de una eventual contradicción entre sentencias y de alguna nulidad que no pudo hacerse valer.

Dentro de 30 días, la Corte citará a las dos partes para escuchar sus puntos de vista. Sin embargo, los análisis de la pruebas del caso podrán dilatar la decisión de la Corte "en algunos meses más".

Consultado sobre si la suspensión provisoria de la restitución erosiona las relaciones con la Justicia española, el presidente de la Corte sostuvo que esperaba que estas continúen siendo de la "misma normalidad" y "fraternidad" que las ha caracterizado siempre.

Con respecto al caso Chediak recordó que, a esta altura, "no se cumplió" con el convenio de La Haya que busca la celeridad de la restitución.

El magistrado dijo que Uruguay asumió la obligación de honrar los acuerdos internacionales y, en particular, el Convenio de La Haya relacionada con restitución de niños. En principio las restituciones deben hacerse lo antes posible, dijo.

"Cuando los países firman acuerdos internacionales y los ratifican, deben cumplirlos. Los países serios cumplimos con los convenios internacionales. Pero aquí el tema era exclusivamente hacer o no lugar al recurso extraordinario de revisión (presentado por la madre) y suspender o no la restitución a España mientras este se tramita", explicó .

Violencia.

La madre alegó ante la Justicia uruguaya que la niña fue abusada por su padre. En España no presentó ninguna denuncia, según consta en el expediente de Familia.

Las tres causales para evitar una restitución de un menor son: violencia física o riesgo de su vida y abuso sexual. En la decisión de la Corte de hacer lugar al pedido de la madre pesó un dictamen forense que estableció que la niña podría haber sufrido o presenciado hechos de violencia familiar en España.

Con respecto a los eventuales abusos sexuales a la niña, Chediak sostuvo que no hay pruebas concluyentes.

tres preguntas a

Walter Pritsch, abogado de oficio de la madre

1. La SCJ decidió revisar el caso de la niña y suspender transitoriamente su traslado. ¿Qué opina sobre ello?

La suspensión provisoria de la restitución de la niña afecta un poco la seguridad jurídica de Uruguay. Hay una ley que dice que una sentencia de segunda instancia de Familia debe cumplirse. Se hace una ley para ratificar (el Convenio de La Haya) y luego el país la distorsiona con una decisión de la Corte.

2. ¿El eventual abuso sexual del padre a la menor quedó probado ante el Juzgado de Familia?

La psicóloga del Poder Judicial la entrevistó, llegó a una conclusión e hizo un informe. Este decía claramente que se registraba indicios de que la madre sufrió violencia familiar y que la niña presentaba indicios de ser testigo de la misma. No tuvo elementos para acreditar o desacreditar el abuso sexual.

3. La Corte analiza un recurso donde se cuestiona su defensa de la niña en el Juzgado de Familia.  

El recurso puede ser rechazado por la Corte como inadmisible como debería haber sido. No puedo saber qué vio la Suprema Corte para hacer lugar al recurso. Creo que la ley es clara. De todas maneras en el país hay una autoridad jurisdiccional sobre temas jurídicos que es la Suprema Corte de Justicia.

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