Las Denuncias sobre la Gestión DEL ENTE

Caso Ancap: comenzaron actuaciones en la Justicia

Fiscal Camiño pidió un informe a un equipo multidisciplinario de la sede.

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Sendic dijo que el ente se endeudó en dólares porque en bancos no suficientes pesos. Foto: Archivo

Ayer comenzaron las actuaciones sobre el caso Ancap en el juzgado especializado de Crimen Organizado de 1er Turno, a cargo del juez Néstor Valetti. Las denuncias de la oposición apuntan a la gestión del organismo bajo los gobiernos del Frente Amplio (2005-2015).

Por la tarde, la fiscal especializada en dicha materia, María Camiño, pidió a Valetti, a través de un escrito, que Ancap elaborara un organigrama de ese período. El grueso de las denuncias de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular apunta a la gestión en Ancap del hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Sin embargo, otras incluyen la gestión del hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez, al frente del organismo de los combustibles.

Camiño dijo a El País que solicitó a Valetti que el organigrama de la época sea validado por el propio ente.

La representante del Ministerio Público también pidió un informe de un equipo multidisciplinario de la propia sede sobre las denuncias presentadas por la oposición.

Según Camiño, eventualmente comenzarán las citaciones después de que en la sede se sepa, con exactitud, los nombres de los jerarcas que dirigían Ancap cuando ocurrieron los hechos denunciados.

La fiscal indicó que las denuncias fueron agrupadas en tres bloques: una central y dos complementarias.

"Se denunciaron hechos no personas", advirtió Camiño.

Coincidencias.

Las denuncias penales efectuadas el 19 de abril de este año por los partidos políticos de oposición coinciden en algunos temas. Por ejemplo, legisladores del Partido Nacional presentaron seis denuncias sobre los contratos de publicidad, la construcción de la planta de cemento de Treinta y Tres, el contrato para construir el remolcador empujador Ky Chororó, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela.

Por su parte, parlamentarios colorados presentaron acusaciones en el Juzgado de Crimen Organizado que coinciden con las cuatro primeras del Partido Nacional.

El Partido Independiente también llevó al Juzgado seis denuncias: cinco en común con blancos y cuatro con los colorados (las cuatro primeras en ambos casos).

A diferencia de los blancos, el Partido Independiente denunció como infracción aduanera la regulación tardía de importación de crudo y gas. La sexta denuncia del Partido Independiente tiene que ver con la adjudicación de contratos en la planta de Treinta y Tres.

Por su parte, Unidad Popu-lar (UP) presentó cinco denuncias. En tres de ellas coincidió con los otros partidos (publicidad, planta de cemento y remolcador). Además, UP pide que se investigue en el capítulo de ALUR la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú.

Las carpetas presentadas en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado por los partidos Nacional, Colorado e Independiente tienen 18.000 folios. De ahí la solicitud de Camiño de que un equipo multidisciplinario elabore un informe técnico sobre las mismas.

Las denuncias de la oposición son producto de la comisión investigadora del Senado que funcionó en 2015.

Citación.

A fines de abril de este año, Sendic informó, en una rueda de prensa, que estaba dispuesto a concurrir a declarar si el juez Valetti lo citaba.

Como vicepresidente de la República, Sendic cuenta con fueros parlamentarios y por eso en caso de ser citado podría ampararse en ese beneficio.

El 15 de diciembre de 2015, en su comparecencia ante la comisión investigadora de Ancap en el Senado, Sendic dio sus explicaciones sobre las denuncias en torno a su gestión en el ente. Por ejemplo, dijo que no conocía las condiciones de contratación de la agencia de publicidad, que tampoco conocía la donación a una radio de Quebracho, que no tuvo nada que ver con la organización del acto de inauguración de la planta desulfurizadora, que no recordaba el acuerdo con Trafigura, y que el ente se endeudó en dólares porque en los bancos no había suficientes pesos disponibles. Además, responsabilizó al Ministerio de Economía del déficit de Ancap.

Decenas de citaciones solicitadas.

Los integrantes del oficialismo y la oposición de los tres directorios de Ancap entre 2005 y 2015, y la mayoría del cuerpo gerencial del ente, forman parte de la lista que los denunciantes piden que sean citados a declarar. En la lista figuran los integrantes de los tres directorios del período investigado.

El último del gobierno de José Mujica que encabezó José Coya, y que además integraban Germán Riet y Juan Gómez por el oficialismo, y Elena Baldoira (blanca) y Juan Máspoli (colorado) por la oposición. El que presidió Raúl Sendic, y del que también formaron parte Riet, Luis Eirea, Gerardo Triunfo y Aramis Latchinian hasta 2010, y Carlos Camy y Elena Baldoira (ambos blancos) y Juan Amaro y Juan Máspoli (colorados) hasta 2013. Y el directorio que lideró el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y del que formaron parte Sendic y Riet.

Dos negocios que dieron déficit y generan profundas sospechas.

Con respecto al funcionamiento de las plantas de cal, los cuatro partidos de la oposición coincidieron en que la Justicia Especializada en Crimen Organizado debía investigar la contratación de camiones brasileños sin llamado a precios para llevar el producto desde Treinta y Tres a una central eléctrica en Candiota, Brasil.

La decisión de Ancap de entrar en el negocio de la cal, que arrojó enorme déficit, está en la denuncia colorada. El Partido Independiente pidió indagar la contratación directa del dueño de la empresa de camiones, que es una persona que había trabajado con Ancap, y también cómo una misma empresa ganó todo el equipamiento de las plantas de cemento y de cal.

En tanto, blancos, independientes y Unidad Popular pidieron a la Justicia que indague sobre el contrato de Ancap con la Armada para la construcción de un remolcador empujador y dos barcazas a un costo de US$ 12,5 millones. Durante años el remolcador no funcionó y Ancap debió arrendar otro que al cabo de ese tiempo le llevó a gastar una suma similar al precio de construcción de aquel. El Partido Independiente solicitó investigar el alquiler del remolcador.

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