Al cabo de dos años, la dirección general de Casinos lleva abonados $ 24 millones, (casi US$ 1 millón) por el alquiler de varios pisos de un céntrico edificio que no utiliza porque aún no está acondicionado.

La idea, en 2013, fue centralizar sus varias oficinas en un mismo lugar. A esta cifra hay que sumarle otros $ 500.000 por el alquiler de las oficina que está usando en otros edificios.

El edificio, ubicado en la calle Soriano 802, 832 y 834, pertenece a un grupo empresarial argentino con el que Casinos, en la persona de su director Javier Chá, había negociado tiempo atrás la construcción de un hotel cinco estrellas en Atlántida con la explotación de la sala de juegos local, una de las más antiguas del país.

El pago durante dos años del elevado alquiler sin poder ocupar el edificio hizo que hace 40 días el diputado nacionalista Amin Niffouri cursara un pedido de informes a la dirección de Casinos, por medio del ministerio de Economía y Finanzas. Chá pidió ahora 30 días más de plazo para responderle al legislador. "Están pagando más del doble, es decir casi $ 1 millón por mes, según la información que tengo", dijo el diputado a El País. Niffouri recordó que "Casinos depende de Economía y el ministro Danilo Astori está diciendo que hay ser austeros. Entonces, haz lo que digo pero no lo que hago. Es el lujo de la miseria", opinó.

En agosto de 2014, el diputado Orlando Lereté —quien suplía a Luis Lacalle Pou cuando estaba en la Cámara de Representantes— realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema, el que fue contestado poco después por el entonces ministro de esa cartera, Mario Bergara. Allí, Economía confirmó que el costo del acondicionamiento térmico y ventilación del lugar arrendado (además de la desinstalación y retiro de equipos existentes en los locales de las oficinas centrales de Casinos actuales), es de US$ 211.274.

En el pedido de informes, el legislador Lereté había solicitado aclarar lo referido a una licitación, que según consta en la propia resolución de adjudicación la Comisión Asesora de Adjudicaciones sugirió rechazar la oferta de arrendamiento por considerarla "manifiestamente inconveniente".

También el año pasado, Casinos aprobó una licitación abreviada para el suministro e instalación de tabiques, aberturas y cielorraso para el lugar alquilado donde funcionará el Taller Central de Máquinas de Casinos, depósitos y estacionamiento. El importe a pagar a la empresa adjudicataria por este trabajo fue de $ 1.573.225. Actualmente, la dirección de Casinos arrienda instalaciones para funcionar por un costo mensual de $ 481.368, según la respuesta de Economía enviada al Parlamento en 2014. Los locales están en Paysandú 1094, Avda. Libertador 1519 al 21 y 1525, Paraguay esquina Nicaragua y Avda. Libertador 1541.

Asimismo, a mediados de 2014, el sindicato de trabajadores de Casinos emitió un comunicado en el que ya advertía que el acondicionamiento del edificio llevaría por lo menos un año.

Fuentes sindicales informaron a El País que actualmente se están alquilando otros pisos del mismo edificio a un precio inferior al que se le cobra a Casinos por el arrendamiento.

Niffouri, en su pedido de informes, solicita una copia del pliego de condiciones de la licitación pública 12/011 y copia de todo el expediente 305/11.

Preguntó además en qué fecha está previsto que se ocupe el edificio mencionado, y cuál va ser el destino de los inmuebles que actualmente ocupan las dependencias de Casinos.

El sindicato de trabajadores del juego afirmó en 2014 que el director de Casinos, Javier Chá, "estuvo a punto de firmar un contrato ilegal por el Casino de Atlántida" con el mismo grupo económico propietario del edificio de la calle Soriano. Se trata de ICK, un grupo económico con asiento en la provincia argentina de Santiago del Estero, que gestiona canales de televisión, radios, bancos, hoteles y empresas de servicio, y que ya ha realizado varias inversiones inmobiliarias en Uruguay. Según este proyecto, pensaban levantar un hotel cinco estrellas en la rambla de Atlántida y explotar la sala de juegos. Sin embargo, el proyecto no prosperó. Javier Chá, director de Casinos, declaró a El País que la suspensión de la firma del contrato con la empresa del Grupo ICK obedeció a que no presentó en tiempo y forma la documentación que avalara que posee los fondos necesarios. "No es que se desconfíe de la solvencia del grupo pero la disponibilidad de los fondos del proyecto debe estar debidamente acreditada", dijo Chá. Días antes de la firma del contrato con el grupo ICK, el abogado Fernando Magnífico, jefe de Jurídica de Casinos, emitió un informe contra la celebración del contrato por la existencia de serias irregularidades en el proceso.

Hace dos años gasta $ 1 millón por mes; hoy está en reformaDANIEL ISGLEAS