La Guardia Republicana tendrá 200 agentes adicionales.

El Poder Ejecutivo estableció que de los 1.000 funcionarios policiales que serán asignados al Programa de Alta Dedicación, 500 se pasarán a la Jefatura de Policía de Montevideo, 250 a la de Canelones, 50 a la de San José y 200 irán a la Guardia Republicana.

El programa de Alta Dedicación apunta a que la Policía pueda hacer un despliegue cuantitativo relevante de una fuerza especializada en los lugares y horarios en los que se ha determinado el incremento de la actividad delictiva.

El presidente Tabaré Vázquez también decretó que los policías que participen del programa recibirán un monto nominal mensual adicional de $ 9.000 a valores de enero de 2015, que estará sujeto a montepío y aportes patronales, y generará aguinaldo.

El gobierno también aprobó el reglamento del Programa de Alta Dedicación Operativa que determina que el ingreso en el programa será voluntario. Para el proceso de selección, evaluación y eventual desvinculación de quienes integran el programa se establecerá un Tribunal de Evaluación en cada unidad ejecutora integrante del programa.

El tribunal de evaluación estará compuesto por el jefe o director nacional de la unidad ejecutora que corresponda, dos oficiales de grado no menor a 7 y otro de grado no inferior a 5, que actuará como secretario.

Los interesados deberán presentar una nota firmada expresando su voluntad de ingresar en el programa, poseer disponibilidad de horarios para cubrir turnos excepcionales o de rotación intensa, acreditar licencia de conducir para vehículos policiales o encontrarse dispuesto a recibir capacitación, poseer carné de salud vigente y estar capacitado para portar todo tipo de armamento, o encontrarse dispuesto a recibir capacitación.

Tampoco podrán registrar sumarios administrativos por falta gravísima en los últimos tres años y capacitarse en armas y tiro, tácticas operativas, información policial y uso de tecnologías y aparatos como las "tablets" y el sistema Tetra. El personal podrá solicitar desvincularse de manera temporal (por un máximo de cuatro meses) o permanente, lo que deberá ser aceptado por el Tribunal de Evaluación. En todos los casos, la desvinculación supondrá el cese del pago de la compensación. Además, el tribunal podrá tomar la iniciativa de desvincular hasta por un año al policía si incumple con sus obligaciones de servicio en forma contumaz, o si pasa a situación de desarmado, ya sea por resolución judicial o por prescripción médica.

Por otro lado, el Ministerio del Interior presentó el protocolo de comunicación para la Policía que se usará para informar sobre situaciones de violencia que involucren a niños, niñas y adolescentes. El texto contiene conceptos para comunicar distintos tipos de violencia: familiar y/o doméstica, abuso sexual, explotación sexual comercial, violencia por identidad de género o situaciones de conflicto con la ley penal. El protocolo se elaboró con la agencia Vos y Voz cuya coordinadora, Paula Baleato, explicó que se quiere mejorar la actuación de la Policía en tanto fuente de información. Se busca que utilice terminología adecuada y que sepa qué y cómo comunicar.

El documento escrito y en formato "de bolsillo", permitirá a la Policía realizar las consultas sobre las distintas temáticas vinculadas a hechos de violencia en los que participen niños, niñas y adolescentes. Está dividido en cinco capítulos en los que se definen los derechos de los menores, los tipos de violencia hacia ese grupo, una descripción de las herramientas de comunicación ante los casos puntuales, un glosario de expresiones y la legislación a tener en cuenta.

El Instituto Nacional de Rehabilitación firmó un convenio con la Intendencia de Salto para la realización de tareas laborales por parte de personas privadas de libertad de la Unidad Número 20.

La experiencia reitera una práctica que ya se realiza en otros departamentos como Canelones, Colonia y San José.

El plan de seguridad