Sindicato de policías está de acuerdo; Bonomi en contra.

Si el famoso restaurante que asaltaron hace unos días hubiese tenido un policía en la puerta, el atraco no se concretaba; los policías detectan a los delincuentes, los olfatean, y logran frenarlos", aseveró Daniel Fernández, vicepresidente de la gremial de comerciantes Cambadu.

Los comerciantes entienden que contar con la presencia de policías en sus locales es "fundamental" y que es necesario regular el llamado "servicio 223", una actividad que fue definida como "ilegal" por parte del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

Ayer la directiva de Cambadu recibió a la plana mayor de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) para darles a conocer una propuesta que busca mantener a los uniformados prestando servicio fuera de su horario de trabajo.

"La realidad es una: se necesita la protección policial. Hay una emergencia, por eso nuestro planteo es que todo lo que cobra extra el policía que hace 222 sea para él. Buscamos que esa plata no sea tocada por los descuentos que hoy sufren los policías. Acordemos una ley para que trabajen por fuera de su horario habitual tres o cuatro horas", dijo el directivo.

El ministro Eduardo Bonomi declaró ayer en el Parlamento que no está dispuesto a que se vuelva al sistema del 223. "Es muy difícil, es una actividad que lleva al trabajo en negro y no a una actividad diferente", señaló el ministro.

Para Fernández la "rigidez" del Ministerio hacía esperar una negativa. "Nos amenazaron muy duro con aplicar eso de la ley de responsabilidad empresarial, muchos comerciantes dejaron de contratar por miedo. Es ilegal pero la realidad es una sola. Todos los bailes de los fines de semana tienen servicio 223 disfrazado, esto es una realidad que ellos saben que existe y no la quieren ver", dijo Fernández.

El sindicato policial estima que el 40% de los efectivos cumple alguna tarea que podría asimilarse como el prohibido "servicio 223". La presidente de la USIP, Patricia Rodríguez, señaló a El País que los delegados policiales concurrieron a la reunión con los representantes de la Federación del Comercio y los Servicios (Fuecys).

"Fuimos a escuchar la propuesta de Cambadu, su idea es que los policías no pierdan y que puedan cobrarlo en bruto", señaló.

El sindicato de policías está de acuerdo. "Vemos como algo muy positivo que se quiera reglamentar. Los comerciantes son actores fundamentales en todo esto, dado que son los contratantes. Saben muy bien las trampas que se pueden hacer para tener un policía dentro de un comercio y lo van a seguir haciendo", dijo Rodríguez.

Mauricio Colominas, el propietario de la pizzería de 26 de Marzo y Buxareo donde fue asesinado el cabo Coronel, confirmó ayer a El País que resolvió contratar una empresa privada de seguridad. Aclaró que los guardias de esa compañía no usan armas de fuego y que deberá pagar un 40% más de lo que venía gastando con personal policial. El comerciante se encuentra desolado por la situación que le tocó atravesar. No obstante, viene recibiendo apoyo anímico de los clientes y amigos, según indicó.

Además, deberá enfrentar el juicio que le entabló el Ministerio del Interior para lo que contrató dos abogados. El empresario indicó a El País que las instancias judiciales no han avanzado como consecuencia de la feria judicial y que aguarda una convocatoria para los próximos días.

Fabiana Criado, madre de los dos hijos menores de edad del policía Wilson Coronel, asesinado por un delincuente en la pizzería de 26 de Marzo y Buxareo, comenzará a trabajar en una dependencia del Ministerio del Interior el próximo 1° de agosto, según indicó la sindicalista Patricia Rodríguez. Todavía no le adjudicaron la vivienda prometida.

ALTERNATIVAS PARA CONTRATAR POLICÍAS