El FA debió pedir votos prestados para aprobar el artículo.

El tema está haciendo "ruido" a nivel internacional. En Nueva York, Buenos Aires, y Washington, donde están instaladas las oficinas de las agencias calificadoras de riesgo que monitorean a Uruguay para su nota sobre la calidad de la deuda soberana, se observa con "mucha preocupación" la decisión del gobierno de establecer por ley limitaciones al pago de los juicios que el Estado pierda; por ejemplo con empresas.

La iniciativa está incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que la semana pasada fue aprobado en la Cámara de Representantes. Uno de sus artículos habilita al Estado a dilatar el pago de deudas generadas por juicios perdidos.

Esto tiene una implicancia directa en el diferendo que el Estado tiene actualmente con los funcionarios judiciales, y con el juicio que preten-de llevar adelante la empresa minera.

Dos fuentes de las principales calificadoras y un analista asesor de una de las firmas dijeron a El País que se está "monitoreando muy de cerca" la situación por "posibles implicancias en los análisis" que realizan las calificadoras.

Las tres fuentes solicitaron expresamente no relevar sus nombres porque se trata de un tema "muy delicado" el que aún está en proceso de estudio. "Está claro que aún no se ha aprobado la ley, pero de aprobarse sería un tema muy delicado para la institucionalidad del país", dijo una de las fuentes consultadas y agregó que incluso la norma puede conllevar perjuicios al país en el "clima de negocios".

Varios constitucionalistas ya han adelantado que el llamado "artículo 15" incluido en la Rendición de Cuentas es inconstitucional. Sin embargo el oficialismo decidió seguir adelante y aprobarlo igual.

"Siempre hemos destacado que Uruguay tiene una importante y fervorosa actividad para atraer inversores. Pero esto —en una primera observación— va en contra de esa política", dijo una fuente de una de las calificadoras a El País.

"Tenemos que estudiar qué implicancias tiene esto en las cuentas fiscales. Y si se interpreta como una voluntad de no pago o de aplazamiento de los litigios perdidos", explicó el otro informante.

El Frente Amplio logró la mayoría parlamentaria en las elecciones nacionales. Pero la salida del diputado Gonzalo Mujica de la bancada dejó al oficialismo sin ese poder parlamentario, y se vio obligado a salir a negociar con los legisladores de la oposición.

Para este caso —conocido como "artículo 15" ya que así estaba planteado en el proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo— el partido de gobierno negoció con el diputado colorado Fernando Amado para conseguir el llamado "voto 50".

Para el acuerdo actuó directamente el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien recibió al diputado Amado en la residencia de Suárez y Reyes para negociar.

El texto aprobado plantea que "el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales". La semana próxima se analizará en el Senado.

PABLO S. FERNÁNDEZ

RENDICIÓN DE CUENTASPABLO S. FERNÁNDEZ