ESTAFA

BPS y Junasa ya habían denunciado maniobras con dinero de Fonasa

El ministro Basso anunció una investigación administrativa."Si no existieran instituciones que dieran dinero para atraer usuarios, esta maniobra sería mucho menor", dijo el presidente de Junasa.

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Jorge Basso y María del Rosario Oiz en conferencia de prensa. Foto: MSP.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, se refirió hoy en conferencia de prensa a la millonaria estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) descubierta por la Policía días atrás y que hasta ahora ha generado el procesamiento de tres personas, y la citación a declarar de más de 50 más, lo que incluye funcionarios del BPS y Junasa. 

Desde 2011, los estafadores recorrían asentamientos en busca de personas que por no tener un trabajo formal no hacían aportes al BPS y por lo tanto tampoco eran parte del Fonasa. Les ofrecían entre $ 500 y $ 1.000 por anotarlos como trabajadores de empresas fantasmas, crearon cerca de 100. Una vez que pasaban a ser parte de la nómina de falsos empleados, los reclutadores afiliaban a esos usuarios al Fonasa a través de un promotor de alguna mutualista. 

El promotor de la mutualista pagaba $ 1.800 (la cápita minima) por cada nuevo afiliado que le acercaran. Esto incurrir en una maniobra de intermediación lucrativa, definida como un delito que tiene una pena prevista de 4 a 24 meses de prisión y sanciones económicas para las mutualistas.

Esta maniobra "junta dos delitos: Por un lado está la intermediación lucrativa, pero a esto se suma que se hizo con personas que no tenían un trabajo real", dijo el presidente de la junta Nacional de la Salud, Arturo Echevarría, durante la misma conferencia de prensa. 

"En enero ya dijimos que íbamos a ir a fondo con la intermediación lucrativa", expresó Basso, y agregó que por ese motivo se realizaron denuncias penales de las que se espera a "tener resoluciones en estos días".

El ministro dijo que conoció el caso a través de la prensa. "Cuando nos manden datos de la Policía vamos a tener más elementos para seguir. La idea es llevar a las últimas consecuencias en la Justicia los delitos vinculados con uso indebido de fondos públicos", manifestó el jerarca, e indicó que dentro del ministerio se iniciará una investigación administrativa.

Echeverría indicó que declaró ante el juzgado por este caso "a los efectos de ayudar en la información".Señaló que se investigará "cómo actuaron en febrero las instituciones" y se realizarán auditorías para "trabajar en el tema". "Nos preocupa cualquier dinero que salga de Fonasa no sea para asistencia", afirmó, y consideró que "si no existieran instituciones que dieran dinero para atraer usuarios, esta maniobra sería mucho menor".

María del Rosario Oiz, directora del Banco de Previsión Social (BPS), vio con buenos ojos la actuación de la justicia en el tema y aclaró que la investigación continúa en proceso.

118 millones en publicidad

"Tanto el BPS como la Junasa hace años que venimos denunciando estas maniobras, que afectan el normal desarrollo del pago de prestaciones", informó.

"Antes se hablaba de los 'gordos' en el entorno del BPS (...) después se generaron actuaciones, denuncias penales, y se tomó la decisión de que las inscripciones se hicieran en la institución donde la persona quiere ser usuaria. Ya los 'gordos' en el entorno del BPS no están, aunque alguno anda en la vuelta", señaló Oiz.

"En 2014 hicimos 14 denuncias penales", dijo y manifestó que se trata de "cuestiones que nosotros ponemos a disposición de la Justicia".

De todos modos, aclaró que "no es masivo ni mucho menos" este tipo de maniobras. "Son casos puntuales. No hay que perder de vista que cuando una empresa se inscribe, se genera derechos a sus trabajadores. Se generan derechos por estar incluido en esas normas", destacó, e indicó que se evaluará la posibilidad de iniciar una investigación administrativa luego de conocer la sentencia.

Basso dijo en conferencia de prensa que se llevó a cabo "un seguimiento de las pautas publicitarias de las instituciones" de salud privada y que aún sin contar febrero (el mes que por la apertura del corralito registra el mayor gasto) se llegó a 118 millones de pesos. El ministro dijo que el gasto "preocupa" porque se trata de "dinero que se utiliza para promover las instituciones y no para los usuarios de los centros de salud".

Añadió que 54.921 usuarios del sistema de salud se cambiaron de mutualista durante la apertura del corralito mutual. Esto representa un 3,44% del total de usuarios, una cifra levemente menor a la de 2016, cuando los cambios de mutualistas representaron el 3,9 %.

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