El gobierno dice que es un “exceso” y que se está generando un “agujero” financiero.

Dolor intenso de garganta: cuatro días de reposo. Conjuntivitis: siete días de reposo. Gripe: diez días de reposo. Las enfermedades de los trabajadores uruguayos del sector privado le representaron en 2015 US$ 203,5 millones al Banco de Previsión Social (BPS), lo que "preocupa" al Poder Ejecutivo que considera que dentro del organismo se pude estar empezando a generar un "agujero" en las finanzas que atenta contra la estabilidad de las cuentas del gobierno, tal como la Caja Militar que le demanda una asistencia cercana a los US$ 400 millones, similar a la del Fonasa, donde también prevé intervenir.

A partir del cuarto día de certificación médica el BPS comienza a pagar el 70% del salario del trabajador con un tope de cinco Bases de Prestaciones y Contribución, unos $ 16.700, además de la cuotaparte del aguinaldo correspondiente proporcional al período de licencia certificado. Los datos sobre los pagos por prestaciones médicas no contemplan al sector público, cuyas certificaciones se pagan a través de los presupuestos de los organismos.

El lunes pasado, cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció el paquete de medidas para reducir el déficit fiscal una de las primeras intervenciones que dijo encarará es la del BPS porque, a la interna, consideran que las finanzas se han comenzado a "descontrolar" con el fuerte incremento del pago de algunas prestaciones como los seguros por enfermedad.

"Hemos notado un incremento importante en prestaciones de BPS", dijo Astori, y propuso un grupo de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el BPS, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía a efectos de detectar dónde se ha producido un desequilibrio y adecuar estas prestaciones "especialmente en materia de seguros por enfermedad donde hemos detectado un exceso".

El problema, además de la abultada cifra, es que esto representó 2% más de lo presupuestado, dijeron a El País fuentes del BPS, y un 36,5% más que lo que se abonó el año anterior. En 2014 el organismo había pago US$ 149 millones por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 trabajadores. Esto fue un 20% más de lo que se había desembolsado en 2013, US$ 123,5 millones, para 429.572 beneficiarios.

En el Poder Ejecutivo consideran que en muchas de las prestaciones lo que falta es control, dijeron a El País fuentes oficiales. A tal punto llega la situación que la Justicia Penal tiene desde el año pasado bajo investigación a un médico que realizaba certificados "truchos". La denuncia la hizo el propio BPS tras una nota publicada por El País en la cual se mostraba cómo este profesional cobraba $ 300 por una licencia médica a alguien sano.

Semanas atrás el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a El País que el ausentismo de los trabajadores es un problema grave y que en algunos sectores alcanza a un 20%. Dijo que "los mayores niveles de ausentismo se dan los viernes, sábados y lunes" y para esto en muchos casos se busca la certificación médica.

Conscientes de la situación en materia de certificados médicos el BPS nombró un gerente de administración de salud, reforzó personal de la gerencia de certificaciones y peritajes, contrató 10 médicos certificadores más para Montevideo y otro tanto en el Interior. Para este año también está previsto un cambio en el software que usa la gerencia de salud para detectar cuáles son los médicos que más certificaciones firman. La idea del BPS es poder verificar en el domicilio que la persona esté efectivamente cursando alguna enfermedad.

Pese a las medidas previstas para este año, el presupuesto 2016 del BPS se estima que volverá a mostrar diferencias con la realidad y el organismo podría así repetir un déficit que en 2015 alcanzó los US$ 390 millones, lo que representa el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado y corresponde al 7% de los ingresos brutos del BPS. El rojo en las cuentas, además, significó un salto respecto del año anterior en que el déficit se ubicó en US$ 28 millones gracias a que tuvo una recaudación extra de US$ 130 millones por devoluciones de las AFAP producto de la Ley 19.162 de desafiliación de las mismas. Y otro dato no menor: dio ese abultado rojo pese a que recibe como apoyo transferencias equivalentes a siete puntos de IVA y el 100% de la recaudación del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que en 2015 sumó US$ 216 millones.

En el BPS no consideran que ha-ya problemas de gestión. La explicación que dieron las autoridades a la hora de votar el balance —que tuvo el voto en contra de la representación empresarial— fue que los egresos aumentaron debido a que los jubilados crecieron un 1% y con esto el pago de pasividades se elevó 2,9%. A esto también dicen que se sumaron los pagos por seguro de paro. En 2015 se perdieron 28.000 puestos de trabajo.

En promedio el año pasado hubo 38.558 trabajadores en el seguro de paro, un 15,9% más que en 2014. El organismo también debió hacer frente a erogaciones por la extensión de nuevos beneficios por maternidad y paternidad.

El lunes 23, cuando presentó su plan de ajuste fiscal, el ministro Danilo Astori dijo que estaba preocupado por lo que el BPS paga por certificados médicos. Y no es el único que ha llamado la atención sobre este tema. En varias oportunidades la delegación empresarial en el BPS advirtió cómo estos gastos han venido aumentando año a año.

PROYECTO DEL GOBIERNO

BPS, Fonasa y Caja Militar comparten más que aspectos de seguridad social. En 2015 los tres organismos registraron déficit que en total alcanzó a los US$ 1.112,7 millones, de ahí la preocupación oficial. El aspecto más inmediato para el Poder Ejecutivo es la Caja Militar. "Tenemos muy avanzado el proyecto. Uruguay está disponiendo una asistencia anual de unos US$ 400 millones, lo cual excede totalmente las posibilidades del país. Quisiéramos que 2016 viera aprobada una reforma de la Caja Militar de forma de disminuir la asistencia del Estado", dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, el lunes 23 en la confe- rencia al anunciar el paquete de medidas.

Si no puede ver la imagen, haga click aquí.

En los últimos cinco años Rentas Generales asistió a la Caja Militar con US$ 1.523 millones. En 2015 el desembolso ascendió a US$ 345,7 millones, equivalentes al 0,6% del PBI. En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo. Los militares deben aportar durante 36 años a la Caja Militar un montepío que equivale al 13% de sus remuneraciones. El promedio de las jubilaciones es de $ 23.358, y el de las pensiones $ 15.370 (a enero de 2016) pero hay algunas que superan los $ 140.000. En 2005 el primer gobierno de Vázquez afirmó que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas era "urgente". En 2008 se reformaron las cajas Bancaria y Policial y desde que asumió el actual gobierno se apostó a la Militar. Se toma como modelo la reforma de la Caja Policial que aumentó la edad de retiro, entre otros aspectos. Pero la edad de retiro genera polémica dentro de los militares. Hoy en el Ejército un general debe pasar a retiro a los 60 años, un coronel a los 55, un teniente coronel a los 52, un capitán a los 44 y un soldado a los 40. De todas formas las edades pueden cambiar en función del cargo que ocupe el militar. También se quiere eliminar que los militares que pasan a retiro con un mínimo de 25 años de servicios reales o con causal de incapacidad adquieran el grado inmediatamente superior.

TAPANDO AGUJEROS