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BPS cortará 12.000 asignaciones si esos niños no van a estudiar

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La prestación les será cortada en septiembre si no están yendo a estudiar. Foto: Archivo El País

Las familias tienen un mes de plazo para evitar perder el beneficio.

El Banco de Previsión Social (BPS) se apresta a cortar 12.000 asignaciones familiares de niños y jóvenes en edad escolar y liceal que no están yendo a estudiar.

Fuentes del BPS dijeron a El País que se les dará un mes a las familias para enviar a sus hijos a las instituciones y que en caso de que no lo hagan se les cortará la prestación en agosto, por lo que a partir de septiembre ya no tendrán depositado el dinero. Antes, para alertar a las familias, se publicarán las cédulas de identidad de los jóvenes que según estos datos están por fuera del sistema educativo.

El BPS hizo un primer relevamiento en abril, y en ese entonces había 22.000 jóvenes que no estaban concurriendo a estudiar.

Unos 10.000 volvieron al sistema en estos últimos meses, según declaró ayer a Canal 4 el presidente del BPS, Heber Galli.

El corte, que implica un cruzamiento de datos entre el BPS, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se empezó a implementar en 2013, pero se había dejado de hacer el año pasado, entre otras cosas porque la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, estaba en desacuerdo con esto.

La medida se vuelve a implementar ahora, acatando un decreto de septiembre del año pasado firmado por el presidente Tabaré Vázquez. Este, sin embargo, flexibiliza de alguna manera la penalización, dándoles un mes a las familias para reaccionar ante la advertencia, enviando a los menores a los centros educativos.

El decreto insta a la ANEP y al Mides a salir a buscar casa por casa a los alumnos que no están yendo a las escuelas y liceos, y también —algo que todavía no está funcionando—, instarlos a hacerse todos los controles de salud correspondientes.

El decreto de Vázquez deja en claro que dos veces al año, una en julio y otra en noviembre, se hará un corte a partir del cruzamiento de datos, por el cual se suspenderán las asignaciones que correspondan.

En contra.

En una entrevista concedida el año pasado a El País, la ministra Arismendi expuso por qué le parecía injusto cortar la asignaciones de los que no van a estudiar.

"Si yo además de que no van, todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómese para el resto de sus vidas", dijo la jerarca.

Sin embargo su postura no fue acompañada por el BPS, ni por presidente Vázquez, que ven en esto una herramienta para hacer que las familias envíen a sus hijos a las escuelas y liceos.

De todas formas, la posición de Arismendi, así también como la falta de una decisión ante su planteo por parte del Poder Ejecutivo, llevaron a que ni en julio ni en noviembre del año pasado se llevaran a cabo los cruzamientos. El decreto de Vázquez establecía que este se empezaría a implementar a partir de 2016.

Cuando en 2013 la ANEP, el BPS y el Mides implementaron el cruzamiento de datos, lo hicieron dando cumplimiento a una parte del inciso C del artículo 6° de la ley N° 18.227, que advierte entre los "requisitos" para cobrar asignaciones familiares, que las familias envíen a los menores a estudiar. También se pide la "periodicidad de controles de asistencia médica".

En 2013 se dieron de baja 32.000 asignaciones (el corte se hizo en noviembre). En 2014 fueron 51.000 (entre julio y noviembre). Algunas familias, luego de que les fue cortado el beneficio, volvieron a enviar a sus hijos a estudiar.

El Estado otorga un total de 495.000 asignaciones familiares. La mayoría de ellas, 384.000, están comprendidas dentro de la ley N° 18.227, las cuales están condicionadas a que las familias envíen a sus hijos a estudiar y les garanticen los periódicos controles de salud, ya sea en prestadores públicos o privados. La prestación que reciben la mayoría de los beneficiarios se cataloga como "simple" y corresponde a una cifra entre $ 684 y $ 1.839, dependiendo de la cantidad de menores que tengan a cargo.

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La prestación les será cortada en septiembre si no están yendo a estudiar. Foto: Archivo El País

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