EN LA MIRA POLÍTICA

Blancos lanzan ofensiva en octubre contra el gobierno

Dos interpelaciones y planteos para crear tres comisiones investigadoras.

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Las comisiones de Diputados analizarán hoy temas educativos. Foto: Archivo

El Partido Nacional lanzará en octubre una ofensiva parlamentaria sobre el gobierno del Frente Amplio que comprenderá interpelaciones y planteos para investigar diversos aspectos de la gestión actual y pasada del oficialismo.

Algunas de estas medidas podrían contar con el apoyo de sectores no previstos, como Unidad Popular (UP) del diputado Eduardo Rubio, y hasta de legisladores frenteamplistas como Gonzalo Mujica, quien atraviesa una etapa de fuerte crítica a la gestión de su partido, lo que le ha valido prácticamente ser dejado de lado por sus compañeros de bancada.

Los temas que el Partido Nacional pondrá en la agenda política del Parlamento en las próximas semanas son la situación de la Educación, el estado actual de las Fuerzas Armadas, los negocios del pasado gobierno de José Mujica con Venezuela, la denuncias de las propias autoridades por el estado de los menores internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y los negocios relacionados con la planta regasificadora, la constructora OAS y el supuesto tráfico de influencias entre jerarcas de los gobiernos de Mujica y Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.

La primera instancia en concretarse será el 12 de octubre con la interpelación de la diputada Graciela Bianchi (Todos) a la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz por los resultados de la educación en general. Además, incluirá en sus planteos algunos episodios recientes como la política interna que lleva adelante la ministra que derivó en el cese de tres jerarcas de la cartera como el exdirector de Educación Juan Pedro Mir, que hizo que el entonces subsecretario Fernando Filgueira renunciara, el del secretario general de la cartera Jorge Papadópulos y también sus recientes choques públicos con los sindicatos de la educación especialmente a partir de que el Poder Ejecutivo resolvió decretar la esencialidad ante una ola de paros.

Pero Muñoz no será la única ministra en el Parlamento. En los primeros días del mes entrante, el senador Javier García (Todos) planteará en el Senado el llamado a sala del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, para analizar la situación presupuestal y de equipamiento de las Fuerzas Armadas, y pedirle al gobierno una definición de cuál pretende que sea la política militar de la defensa. García adelantó a El País que esa instancia será la primera en que se abordará el tema en el plenario del Senado.

Investigadoras.

El sector Alianza Nacional también participará de esta ofensiva política sobre el gobierno pidiendo la apertura de investigaciones parlamentarias. En este sentido hay acuerdo entre Alianza, de Jorge Larrañaga, y Todos, de Luis Lacalle Pou.

Uno de los temas son los negocios del pasado gobierno de Mujica con Venezuela en los que la empresa Aire Fresco ofició de intermediaria para la exportación de alimentos a ese país. Los accionistas de la firma son Omar Alaniz y Carlos Decia, ambos simpatizantes del MLN. Decia, a su vez, ha actuado como administrador del Fondo Raúl Sendic.

Otra de las investigadoras pondrá foco en el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Estructural (Fondes). El Fondes —creado por el expresidente Mujica para financiar cooperativas gestionadas por sus trabajadores— comprometió entre 2011 y el 28 de febrero de 2014 un total de US$ 70.286.367 en 28 proyectos que contaron con 2.218 empleados. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública que realizó El País.

Muchos de esos emprendimientos están vinculados a las administraciones venezolanas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los blancos quieren investigar esta relación desde mediados de 2015. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Todos), considera que en esos negocios hay elementos que generan "una lógica sospecha de ilegitimidades".

La formación de esta comisión investigadora no tendrá el apoyo de Unidad Popular, pero podría tenerlo del diputado frenteamplista Mujica quien tiempo atrás declaró que está dispuesto a votar cualquier investigadora "que tenga dudas serias y fundadas sobre los negocios con Venezuela". "Si existen dudas sobre los negocios con Venezuela deben ser evacuadas. Parto de la base de que nadie tiene nada que ocultar y no hay razón para no investigar", afirmó.

Otro de los temas ya acordados en la bancada blanca para pedir una investigación es la frustrada obra de la planta regasificadora y la constructora brasileña OAS, que en Brasil está involucrada en un caso de corrupción. El diputado nacionalista Pablo Abdala (Alianza) recordó a El País que OAS pidió concurso e incumplió su contrato con GNLS, la empresa adjudicataria de las obras de la regasificadora. Abdala contó que una de las investigaciones hechas en Brasil sobre la gestión del expresidente Lula reveló mensajes del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro, referidos a la organización de una visita del exmandatario brasileño a Uruguay en 2014. Abdala señaló que con insistencia le han llegado informaciones de que Lula habría incidido para que se diese participación a OAS en la obra de la regasificadora. OAS fue denunciada por la constructora uruguaya Costa Fortuna por lavado de activos, algo que ahora está investigando un juzgado de Crimen Organizado, recordó Abdala. Pinheiro, el presidente de OAS, fue condenado el año pasado a 16 años y 4 meses por corrupción, lavado de dinero y formación de organización criminal por el pago de "coimas" a ejecutivos de Petrobras para que se le adjudicasen licitaciones.

El otro elemento que se definirá en las próximas semanas es el planteo de la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso, quien anunció su propósito de promover la formación de una investigación parlamentaria sobre las obras de construcción del nuevo centro de menores infractores administrado por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El problema con ese edificio, para el que se dispusieron $ 600 millones en la ley de Presupuesto —aproximadamente US$ 20 millones—, es que hoy está sin funcionar debido a los graves defectos de construcción que impiden la rehabilitación de los menores, explicó la directora del Inisa Gabriela Fulco en la comisión de Presupuesto integrada del Senado.

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