ES POR USO DE LA TARJETA DE ALUR

Los blancos estudian pedir juicio político para De León

El diputado Iturralde lo acusa por escrito de apropiarse de dinero público.

Iturralde quiere que se analice el uso que De León hizo de las tarjetas. Foto: F. Ponzetto
Iturralde quiere que se analice el uso que De León hizo de las tarjetas. Foto: F. Ponzetto

El Partido Nacional analizará esta semana la posibilidad de promover un juicio político al senador frenteamplista Leonardo de León, de la lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic, acusándolo del delito de "peculado" por el uso de la tarjeta corporativa de ALUR en gastos personales cuando presidió la empresa entre los años 2011 y 2015.

La iniciativa será considerada mañana en la bancada nacionalista a propuesta del diputado Pablo Iturralde, que presentará un escrito con los fundamentos de su pedido. En caso de ser impulsado por el partido, el juicio político debería ser discutido por el plenario de la Cámara de Representantes y si se votara afirmativamente el proceso se iniciará ante el Senado, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

Iturralde ya informó de su decisión al presidente del Directorio nacionalista, el senador Luis Alberto Heber y a los coordinadores de Alianza Nacional, el diputado Pablo Abdala, y de Todos, el también representante Gustavo Penadés.

En el escrito, al que accedió El País, Iturralde sostuvo que de León con los gastos personales que hizo con la tarjeta corporativa de ALUR "se apropió" en su "beneficio de dineros públicos".Considera que se debe "juzgar la probidad" del senador oficialista que es hombre de confianza de Sendic.

Para el legislador "un Senador de la República no puede ser deshonesto, no puede ser corrupto, no puede ser quien se benefició a merced de la hacienda pública".

En el escrito que presentará ante la Cámara, Iturralde reseña que desde su origen, el instituto del juicio político estuvo estrechamente vinculado a los delitos que atentan contra el orden político interno, la institucionalidad, y las que suponen conductas penalmente punibles vinculadas a la deshonestidad administrativa, al indebido manejo de fondos públicos, esto es, a los delitos que evidencian la falta de probidad y que ameritan poner en juego la responsabilidad del gobernante. Iturralde recordó que cuando presidió ALUR, de León "hizo uso de la tarjeta corporativa de la empresa sin haber rendido cuentas, en el exterior y en fechas en que no se encontraba en misión por la empresa, en ocasiones en que había percibido los viáticos correspondientes", situaciones que para él "ponen de manifiesto que se apropió en beneficio propio de dineros públicos a los que accedió por razón de su cargo".

Perjuicio al erario.

Además, Iturralde, agregó que "para aquellos que erróneamente entienden que no hay delito si no hay perjuicio económico, evidentemente existió perjuicio del erario en la misma medida y valor en que se benefició el patrimonio particular del señor senador". Y sostiene que el senador, "representante de Alcoholes del Uruguay S.A. entre los años 2011 y 2015 estuvo regido por las mismas normas que los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, siendo, en consecuencia, funcionario público y, como tal, alcanzado por las disposiciones aplicables a los mismos".

Al considerarse a de León como funcionario público, en el escrito que presentará el legislador se reproduce el artículo 153 del Código Penal (CP) que se refiere al delito de "peculado". Señala que "el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años". Para el legislador blanco "tampoco existe duda en cuanto a que el capital que maneja Alcoholes del Uruguay S.A. constituyen fondos públicos". En el escrito Iturralde sostuvo que "lo que está en juego y lo que debe ser juzgado es la probidad de quien se desempeñara como presidente de un ente, administrando dineros públicos, gestionando recursos materiales del Estado y que, al día de la fecha, se desempeña como Senador de la República".

Planteó que "el sistema orgánico nacional debe excluir aquellos elementos humanos que, en el manejo de los dineros públicos, no guarden la probidad y honestidad debida", para añadir que "los corruptos deben ser excluidos de la gestión de la cosa pública, más allá de lo que las colectividades políticas a las que pertenezcan decidan a su respecto".

Iturralde dijo a El País que la Constitución "es clara en cuanto a que no es necesaria la existencia de actuación judicial en el ámbito penal previo al inicio de este procedimiento, sino que un legislador que tenga conocimiento que alguno de los gobernantes alcanzados por la disposición constitucional —entre ellos, los legisladores— hubieren cometido un delito grave, queda habilitado para hacer el planteo ante la Cámara de Representantes".

"En la solicitud brindo los fundamentos de la aplicabilidad del instituto al delito que entiendo que cometió el senador de León cuando se desempeñó como representante de ALUR S.A., pero espero que la consideración de la solicitud de juicio político no se restrinja a aspectos formales o procesales y que, de una vez por todas, el espectro político demuestre que es capaz de expulsar del mismo a quienes no han adecuado su conducta a la probidad y honestidad que la función pública requiere", sostuvo el diputado Iturralde. El legislador fue el único que quería hacer un planteo político en la sesión de la Asamblea General en la que renunció Sendic pero su postura no tuvo respaldo.

Comisión del FA analiza el caso

La Comisión de Ética del Frente Amplio "está considerando" el caso del senador de León (Lista 711) quien realizó compras con tarjetas corporativas de ALUR cuando la presidía, por un total de US$ 30.677 y $ 868.560.

El senador descartó presentarse por su voluntad al Tribunal de Conducta, aunque podría declarar si se lo llama, dijeron fuentes de su sector a El País.

En la Mesa Política del Frente Amplio se abordó el cruce que protagonizaron el ministro de Economía Danilo Astori y el senador. Astori dijo en una entrevista con El Espectador que en el caso de de León se "debería seguir el mismo camino" que en el del exvicepresidente Raúl Sendic y tendría que ser considerado en el Tribunal de Conducta. El senador consideró "tristes" los comentarios de Astori.

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