COMISIÓN INVESTIGADORA

Ancap aprobó el jueves un memorando con la petrolera.

JUAN PABLO CORREA

El Partido Nacional desconfía de las tratativas del gobierno con Shell para reimpulsar el fallido proyecto de la regasificadora, cuyas obras quedaron paralizadas en 2015 y cuyo proceso de concesión es analizado por una comisión investigadora parlamentaria.

El directorio de Ancap aprobó el jueves por cuatro votos contra uno un memorando de entendimiento con la multinacional petrolera, que establece como fecha tope para culminar las tratativas fines del próximo mes de marzo. El representante nacionalista en el directorio, Diego Labat, votó en contra porque entiende que no es el marco más conveniente para negociar con la multinacional. Considera que ni siquiera está claro que sea lo más adecuado que la negociación la deba llevar adelante Ancap. Labat cree que sería mejor que las tratativas las llevase adelante el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El memorando ya fue aprobado por UTE, que era la socia de Ancap en Gas Sayago, la empresa conformada para llevar adelante el proyecto. Los cuatro directores oficialistas de Ancap votaron a favor. El semanario Búsqueda publicó que el memorando de entendimiento establece que la planta funcionaría en el mismo lugar del proyecto original, pero incluiría una unidad flotante de almacenamiento y no un barco fijo regasificador como estaba previsto inicialmente. Shell se haría cargo del 100% de la financiación y tendría a su cargo la propiedad y operación de las instalaciones. Gas Sayago debería comprometerse a entregar todos los estudios, permisos y autorizaciones que ya se le entregaron para el proyecto. Este está concebido para abastecer la demanda argentina ya que UTE no prevé un uso significativo de gas natural para generar electricidad en sus instalaciones. El consumo a nivel domiciliario en Uruguay nunca despegó y no está previsto que lo haga próximamente. Shell podría llegar a acuerdos con eventuales socios.

El diputado nacionalista Pablo Abdala también tiene dudas y elevó ayer un pedido de informes al Ministerio de Industria (antes de conocerse el resultado de la votación en Ancap) en el que preguntaba "qué alcance tiene el documento firmado o en vías de firmarse, indicando si el mismo es vinculante, si implica un compromiso definitivo, y si define un determinado modelo de contrato (asociación, concesión, etcétera)". Abdala también quiere saber cuáles son las obligaciones y compromisos para el país que resultan del documento y si las autoridades entienden que sería necesaria la autorización legislativa y un llamado a licitación. El diputado blanco también quiere saber si las negociaciones están exclusivamente a cargo de GasSayago y quiénes son las personas que las están llevando adelante. Y preguntó si Gas Sayago deberá entregar todos los estudios, permisos y autorizaciones, además de todo lo que se encuentra en el obrador.

Abdala dijo a El País que "queda la sensación de que entregamos todo a cambio de nada o a cambio no sabemos de qué; les transferimos los activos, las autorizaciones, la autorización ambiental,... yo creo que se abren un montón de interrogantes". "¿La autorización ambiental mantiene vigencia para un proyecto distinto, porque es otro proyecto?", se preguntó. "Si se recurre a la concesión o a la asociación, ¿eso se puede hacer en forma directa, no se requiere una ley?", agregó. "Yo tengo enormes dudas porque ahí no vale el argumento de que son dos empresas privadas porque no son dos empresas privadas: le siento olor a UPM, con tal de que esto salga al precio que sea y tapar lo anterior y vamoarriba. Esa es la preocupación", señaló.

En la presidencia de Ancap se dijo a El País que el memorando es confidencial.

Los sindicatos de MontevideoGas y Conecta (las distribuidoras de gas natural por cañería) insisten en reclamar la regasificadora como forma de darle viabilidad a estas dos empresas que atraviesan problemas financieros.

El exministro de Industria, Roberto Kreimerman reconoció en la comisión investigadora sobre la regasificadora que no sabe por qué se anunció el 14 de mayo de 2013 la concesión de las obras de las instalaciones al consorcio encabezado por Gaz de France antes de que fuera aprobada formalmente por UTE y Ancap. "Por qué fue exactamente el 14 de mayo, no lo recuerdo. Lo cierto es que cuando uno cierra la negociación, básicamente, la intención es dar a conocer a la población cuanto antes cuáles son las soluciones a las que se llegan. Lo que usted me pregunta es un tema bastante específico. De todas maneras, nosotros en ese momento lo que percibimos es que se tenía un grado de información suficiente —las empresas así lo entendían— y, por lo tanto, procedimos a dar la noticia sobre el tema", le respondió Kreimerman al diputado blanco Pablo Abdala.

Kreimerman defendió la adjudicación a Gaz de France que a su vez subcontrató a la brasileña OAS, involucrada en escándalos de corrupción en Brasil. "Respecto a que (OAS) era subcontratista de GDF, debo decir que se pensó en el plano de que la responsabilidad total es de GDF, aun cuando uno verifica, y la verificación de los subcontratistas fue razonable", explicó. "A nivel del Ministerio, la adjudicación a GDF Suez era el punto principal que generaba el respaldo, a tal punto que quien paga la multa y se hace cargo es la propia GDF Suez. En ningún momento fue contratada OAS" dijo el exministro Kreimerman.