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El avión presidencial vuelve a ser polémica

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Avion presidencial. Foto: Archivo El País

COMPRA CUESTIONADA

El ministro de Defensa concurrirá al Parlamento a informar.

Avion presidencial. Foto: Archivo El País
La aeronave ya está en condiciones de comenzar a volar. Foto: archivo El País

El tema se empezó a trabajar el primer día del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez en marzo de 2015. El empresario Carlos Bustin —dueño de Autolíder, que importa los vehículos Mercedes Benz— le ofreció al jefe de Estado venderle un avión.

El mandatario se interesó en la nave para utilizarla como avión presidencial y al mismo tiempo emplearlo como vehículo aéreo de rescate.

La compra generó polémica con la oposición por entender esta que no era necesario, y que se realizaba mediante la adquisición de compra directa a un empresario "amigo" del presidente Vázquez.

Esta semana el denominado "avión multipropósito" por el Poder Ejecutivo quedó pronto y a disposición del gobierno para su utilización, tras varias instancias de acondicionamiento y reparaciones.

Sin embargo uno de los propósitos que el Poder Ejecutivo anunció para emplear la aeronave no está garantizado. En el inicio de la discusión para comprar el avión el gobierno anunció que pretendía utilizarlo como aeroambulancia.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala señaló que ha quedado demostrado que la administración de Vázquez ha mentido por decir que iba a comprar un avión multipropósito, cuando en realidad lo único que va a comprar es un avión para uso presidencial.

Por eso el legislador nacionalista decidió convocar al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a la comisión de la Cámara de Representantes para que dé explicaciones sobre la compra.

El diputado blanco recordó que el gobierno incurrió en faltas administrativas en el proceso de adquisición de la aeronave. Si bien el monto del negocio no es elevado para un tipo de compra de este tipo —en el entorno del millón de dólares— lo que molestó a la oposición fue la falta de transparencia a lo largo del proceso.

En cuanto a lo operativo, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) ya dispuso de cinco pilotos para que se encarguen del manejo de la nueva adquisición de la fuerza del aire.

A su vez dos mecánicos —que trabajaron en el proceso de reparación— fueron capacitados para encargarse del mantenimiento a lo largo de la vida útil del avión presidencial.

Esta polémica se da en el momento en que el gobierno de Vázquez pretende comen-zar a discutir una política aeronáutica para el área comercial y civil. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo el miércoles que su secretaría de Estado reunirá a todos los actores involucrados con el área.

"Tenemos ausencia de una política en materia de aeronáutica comercial y civil. La Dinacia ha hecho un gran esfuerzo y mejoró su calificación más allá de las dificultades de recursos. Pero el esfuerzo es insuficiente", dijo el jerarca de gobierno.

Rossi recordó que hoy la amplia mayoría de los aeropuertos del país tienen la categoría de "internacional", pero sin embargo no puede ofrecer esos servicios ya que no tienen las medidas de seguridad necesarias, o el personal suficiente como para estar operativos las 24 horas.

La política aerocivil implementada por el Frente Amplio ha sido uno de los puntos que le generó al oficialismo varios dolores de cabeza. No solo por las intenciones de comprar un avión para uso presidencial —planteado desde el primer gobierno de Vázquez en 2005— sino también por la asociación de la aerolínea de bandera uruguaya Pluna con Leadgate de Matías Campiani.

Una operación que terminó con el cierre de la empresa estatal y generó el procesamiento del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por su accionar durante la venta de los aviones de Pluna.

El último capítulo de la historia fue con la empresa Alas Uruguay de los trabajadores de la ex Pluna. Una empresa autogestionada que no logró sobrevivir y generó perdidas por unos US$ 22 millones.

La empresa cerrada el año pasado está en proceso de liquidación, tras que fuera decretada su quiebra, y sus activos no permitirán recuperar el dinero invertido por el Fondes

Por esta operación el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi resolvió citar al Parlamento a las autoridades del Fondes para que den explicaciones.

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