Declararán Pereira, Abdala, prestamistas y escribana que avaló contratos.
El fiscal penal Carlos Reyes solicitó las citaciones del presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y del secretario general de la central, Marcelo Abdala, para que expliquen los negocios que mantuvo la organización con empresas constructoras para edificar 15.000 viviendas destinadas a trabajadores.
Uno de los principales ejes del pedido fiscal, al que tuvo acceso El País, es conocer si el expresidente del Plan de Vivienda Sindical, Eduardo Burgos —un militante comunista allegado a Abdala— y el secretario de dicho programa, Hugo Monza, tenían potestades o no que los habilitaban para firmar convenios por el Departamento de Vivienda del Pit-Cnt. Es decir, Abdala y Pereira deberán declarar en el Juzgado sobre la representatividad que tenían Burgos y Monza para contratar con privados, según la resolución de Reyes.
Entre 2012 y 2013, Burgos y Monza, juntos o por separado, firmaron en representación del Pit-Cnt contratos con sociedades anónimas que el gestor Roberto Charlo creaba y presidía (Vivamax, Eximat, Balmey). Esos contratos le otorgaban el poder para negociar entre 3.000 y 4.000 casas cada uno. Con ese documento y el contrato entre el Banco Hipotecario con el Pit-Cnt salían a buscar inversores. Y los conseguían. Por cada mil casas construidas se les ofrecía a las empresas ganancias de entre US$ 3 y US$ 5 millones.
A cambio, para entrar al negocio, se pedía dinero a cuenta que algunos empresarios consideraban una "llave" o "donación" que se tarifó en US$ 300.000.
Otro eje clave de la resolución del fiscal Reyes es un pedido de información al Departamento jurídico notarial del Banco Hipotecario del Uruguay para que explicite el encuadre legal por el que se suscribió el convenio entre la institución financiera y el Pit-Cnt el 1° de septiembre de 2011 y quienes firmaron dicho contrato.
La empresaria Susana Nicodella, quien presentó la denuncia penal por supuestos ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt y pidió una indemnización millonaria en la Justicia Civil, sostuvo en la sede que ese acuerdo es nulo porque la central carece de personería jurídica. Lo mismo señaló el abogado penalista, Gustavo Salle, quien representa a un empresario damnificado. Son cuatro las denuncias penales realizadas en el Juzgado Penal 8° por empresas constructoras.
El fiscal Reyes también pidió al juez suplente Marcelo Malvar que cite en calidad de indagado a Álvaro R., un exgerente de una agencia de viajes que descontó cheques de las empresas constructoras otorgados por Charlo —hoy fallecido— y Milton Díaz. Ambos oficiaban de gestores y buscaban empresarios interesados en participar en el plan de la central.
El 13 de junio de este año, la jueza penal Graciela Eustachio resolvió procesar con prisión domiciliaria a Díaz por considerar que incurrió en reiterados delitos de estafa cuando negociaba con empresarios la edificación de viviendas para trabajadores.
Según denunciantes, Álvaro R. manejaba la caja de una agencia de viajes donde trabajaba. Este ingresaba los cheques a la caja de dicha empresa y retiraba efectivo. De ahí sacaba la comisión por los descuentos de los cheques.
Otro prestamista, que realizó negocios con la empresa Vivamax de Charlo y Díaz, también fue citado a declarar a pedido del fiscal.
Carlos M. B., otro gestor, fue citado por haber firmado un contrato con constructoras representando a Vivamax para edificar casas.
Programa de vivienda sin reglamento operativo
El fiscal Carlos Reyes pidió al juez suplente Marcelo Malvar que cite a la escribana Raquel Ávila para que declare sobre una certificación de firmas relacionada con el Plan de Vivienda Sindical. Reyes señala que la profesional debe "aclarar" las características del documento que avaló teniendo presente lo que surge del informe elaborado por los dirigentes del Pit-Cnt, Marcelo Abdala y Fernando Pereira el 15 de septiembre de 2014 en relación a que el Departamento de Vivienda no tiene reglamento de funcionamiento ni fecha cierta de creación.
Según una denuncia de la empresaria Susana Nicodella, Ávila avaló que el contrato para construir viviendas se materializó en el Pit-Cnt y se fijó domicilio en la sede gremial. Por ende, la central es responsable penal y civil, dice Nicodella.
INVESTIGACIÓN JUDICIALEDUARDO BARRENECHE
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