OPP controlará y el MEF supervisará; la lupa está sobre UTE, Antel y Ancap

Astorismo marca la cancha en gastos de entes públicos

Ancap, UTE y Antel están en la mira de las futuras autoridades económicas que encabezará Danilo Astori. Fuentes del próximo gobierno consultadas por El País señalaron que tienen como objetivo reducir el déficit fiscal en al menos un punto del Producto Interno Bruto (US$ 550 millones) a partir de una gestión de las empresas públicas basada en tres pilares: eficiencia, austeridad y orden.

Consideran que estos tres criterios no se conjugaron en la actual administración. Las críticas se hacen por lo bajo, sin estridencias para "no romper puentes" ni complicar la transición. Pero la visión es muy crítica y se agudiza conforme se accede a más información.


Por cuarto año consecutivo, en 2014 el resultado global de las empresas públicas fue deficitario, esta vez en US$ 268 millones. Antel tuvo pérdidas por US$ 276 millones, seguido por Ancap, que registró un resultado negativo de US$ 53,7 millones, y OSE que perdió US$ 34 millones.

Gastos.

Para abatir el déficit global del sector público (US$ 1.900 millones) se propone un fuerte disciplinamiento del gasto y una estricta supervisión del cronograma de inversiones en los entes. En el intercambio de datos que forma parte de la transición se han detectado gastos que pueden ser eliminados, sectores con margen para realizar ahorros y rubros que si bien no son significativos resultan cuestionables desde el punto de vista ético.

Por ejemplo, las fuentes del gobierno manejan que en un ente hay un rubro "imagen" destinado al pago de peluquería y esteticista para uno de los jerarcas. El País no pudo confirmar la información. En otra empresa llamó la atención el abultado gasto en pasajes y viáticos de misiones al exterior de la plana gerencial, en algunos casos a destinos que, al decir de los voceros, son "difíciles de explicar". También se cuestiona un "sensible" aumento de la plantilla de asesores y consultores con abultados salarios que duplican tareas o están asignados a funciones accesorias.

Las fuentes del gobierno electo consultadas por El País precisaron que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto asumirá el control de la gestión de las empresas públicas, un rol que, afirman, "perdió" en este período de gobierno.

Sujetas a OPP, la libertad de movimiento que han tenido hasta ahora los directorios se acotará sensiblemente. Entre otros aspectos se prevé la creación de un índice de eficiencia.

"Es pública la visión crítica sobre cómo se procesaron las inversiones. Hubo una superposición de inversiones que no tuvieron en cuenta lo que ocurría en el resto del Estado. La fibra óptica es un claro ejemplo. Pero más allá de las inversiones está claro que hay gastos que están sobredimensionados y no pueden sostenerse en una gestión guiada por principios de eficiencia", se indicó a El País.

La supervisión general la ejercerá el Ministerio de Economía y Finanzas. "Habrá una estrategia única de inversión que involucrará a las empresas públicas y a la Administración Central. Proyectos propios o en asociación con privados se analizarán y discutirán teniendo en cuenta una estrategia nacional. La pantalla es una sola e involucra a todo el Estado. Cualquier decisión, ya sea en Ancap, UTE o Antel, es un engranaje de un mecanismo más grande por el que Economía debe velar. Se terminaron las chacras", dijo a El País otra fuente del gobierno electo.

Se informó que una de las mayores preocupaciones es abatir el déficit fiscal porque, de lo contrario, el Presupuesto no podrá contemplar el financiamiento de una serie de proyectos prometidos en campaña. "Para lograr ese objetivo las empresas públicas son la clave. Se hará una programación racional de las inversiones pero, sobre todo, el monitoreo de sus gastos", acotó.

Choques.

A quince días de que asuma el gobierno, el astorismo trata de marcar la cancha pero ya estima que tendrá en la futura ministra de Industria, Carolina Cosse (MPP), de quien dependen Ancap, UTE y Antel, un fuerte contrapeso.

Algunas de esa "luchas" ya comenzaron a darse. Por ejemplo, Cosse propuso mudar al Ministerio de Industria a la Torre de Antel y encontró resistencia en el astorismo por lo que recibió una respuesta negativa de Vázquez. También se estima en el astorismo como una "ganada" la designación de Daniel Fuentes como vicepresidente de Antel, donde Cosse había logrado imponer al presidente Andrés Tolosa, también del MPP y de su estricta confianza. Los astoristas estiman que con Fuentes podrán tener un control "minuto a minuto" de la gestión, lo que no parece tan claro en Ancap y UTE.

Es el sector de Raúl Sendic (Lista 711) el que tiene el control de Ancap, donde mantuvo a su presidente José Coya. La relación entre el astorismo y Sendic se caracterizó por la tensión. La vicepresidencia en esa empresa corresponde a Ruben Barboza, otro hombre del futuro vicepresidente.

En UTE continuará el actual presidente Gonzalo Casaravilla, frentista independiente y de confianza del presidente José Mujica.

Esta semana, el publicista Esteban Valenti, hombre muy cercano al vicepresidente Astori, realizó consideraciones muy críticas sobre la conducción de las empresas públicas.

"¿Instalar la fibra óptica a los niveles que lo hizo Antel y en el plazo que se realizó era la prioridad nacional? ¿Cuál es la estrategia y el plan de negocios para que esa masiva instalación de fibra óptica tenga retorno, en cualquier nivel, en conectividad, dinero, etc.? ¿Cuántos usuarios utilizan hoy ese servicio de acuerdo a sus prestaciones? ¿Cuáles son los objetivos de futuro?", escribió.

Responsabilizó a las empresas públicas del 55% del déficit fiscal en 2014. "Y olvidé decir que por su gestión el pago del IRAE cayó más de un 15% e impactó directamente en la DGI. Casi nada", dijo a El País.

"Aislar de la competencia a las empresas es peligroso"


Un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, titulado "Marco regulatorio y empresas públicas en Uruguay", sostiene que en el país, a diferencia de lo que ocurre en otros, "existen fuertes, diversos y dispares mecanismos de control para las empresas públicas, y la fijación del precio o la tarifa no es un tema excluyente para el regulador ya que hay otros actores que intervienen en mayor medida en su determinación. En la misma línea, los reguladores no tienen intervención directa en los temas políticamente más sensibles (la competencia en los

mercados o la determinación del precio de los servicios). Sin embargo, existe un margen para que las unidades reguladoras participen en la discusión general de las principales variables económicas: precio, inversión, tarifa y condiciones de acceso".

Los autores del trabajo presentado en diciembre del año pasado, Rosario Domingo y Leandro Zipitría, agregan que "en los últimos años con el cambio de paradigma de las empresas públicas se observa un retroceso en la institucionalidad de los órganos reguladores, el que se verifica en una mayor libertad de estas empresas para actuar en sus mercados con prescindencia del entorno. Aislar a las empresas de la competencia, o de guías técnicas a la eficiencia resulta peligroso aun para las propias empresas, que ponen en juego su propia eficiencia que solo el regulador puede controlar". Sostiene que los controles constitucionales y legales previstos en la legislación uruguaya para las empresas públicas tienen como objetivo implícito controlar los incentivos que estas pueden tener en descuidar la eficiencia pero su eficacia ha sido muy relativa.

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