Denuncian una“privatización” encubierta del sistema de salud público.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) gasta un promedio de 60.000 dólares por día por el alquiler de ocho camas de CTI. En 2015 eran 53.000 dólares por día por 7,4 camas.

En 2015 la administradora de los hospitales públicos alquiló 2.736 camas (1.657 para adultos y 1.079 para niños). Por esto pagó 19,5 millones de dólares. Durante los primeros seis meses de 2016 alquiló 1.443 camas (952 de mayores y 491 pediátricas) por un monto de 11 millones de dólares.

El cálculo, hecho por El País, se desprende de los datos brindados por ASSE en las respuestas a dos pedidos de informes realizados por el diputado Martín Lema, del Partido Nacional. El primero, el que contiene los montos, es de agosto de este año. El segundo fue contestado la semana pasada y es el que tiene la cantidad de camas.

En esta última contestación también se detalla por prestador quienes son los que más dinero reciben de ASSE y los convenios de complementación entre los hospitales públicos y los centros privados.

En 2014 se gastaron 21,5 millones de dólares por el alquiler de camas. En 2008, el primer año de la reforma de salud y en el que ASSE comenzó a funcionar por fuera del Ministerio de Salud Pública (MSP), este gasto era de 7,5 millones de dólares.

De la respuesta al pedido de informes se detalla que Casa de Galicia, que enfrentó una crisis económica en 2014 que la llevó a desvincular a algunos trabajadores, es la que recibe más dinero por alquiler de camas.

En 2015 la mutualista fue la que más espacios en CTI le brindó a ASSE a nivel de adultos y el segundo en pediatría (el primero fue el Hospital Policial con 222 camas), con 286 y 205 camas respectivamente. Se trata del 18% del total. En dinero esto se traduciría en unos 3,5 millones de dólares. ASSE sostiene que le pagó solo 2,4 millones de dólares.

En cuanto al primer semestre de 2016, Casa de Galicia también fue la que más camas de adultos en CTI alquiló a ASSE, con 127, y también el segundo a nivel de pediatría, con 60 (el primero en este caso fue el Círculo Católico con 70). Se trata del 13%, que equivalen a casi 1,5 millón de dólares.

ASSE suele aducir que el alquiler de camas es parte de un plan de complementación entre el sistema público y el privado, pero lo cierto es que no existe ningún convenio firmado con las mutualistas que le brindan más servicios de CTI a los hospitales públicos.

En el pedido de informes, Lema reclama que "en relación a la modalidad de contratación de servicio de camas de CTI, adjuntar los convenios de complementariedad vigentes desde el mes de enero del año 2015".

En su respuesta, ASSE documenta solo cuatro convenios: con la mutualista Camcel de Cerro Largo, con la Asociación Médica de San José, con el Círculo Católico y con Gremeda de Artigas.

El diputado nacionalista advirtió a El País que estos datos lo llevan a pensar que "en muchos casos ASSE confunde complementación con privatización", en referencia a los pocos convenios que hay y a los cuantiosos montos que el organismo paga para cubrir su deficiencia de camas de CTI.

"No solo que en la respuesta adjuntaron solo cuatro convenios vigentes, sino que además no existen convenios con aquellas instituciones a las que ASSE le contrata el mayor número de camas", añadió el legislador.

La plata que destina ASSE en alquilar camas de cuidados intensivos ha llevado también a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a denunciar que la administradora de los hospitales públicos "financia al sistema privado". Así lo manifestó semanas atrás en declaraciones a El País TV, el presidente del gremio, Martín Pereira.

El sindicalista sostuvo que si la Administración no alquilara camas de CTI y no comprara otros servicios, como ser análisis de laboratorio y tomografías, "muchas mutualistas estarían cerrando o viendo la viabilidad que podrían tener".

"Esta es una financiación que se hace a las mutualistas de forma solapada, porque si las mutualistas cierran se generaría un colapso de atención. Pero a su vez vemos que mientras las mutualistas tienen problemas financieros, los directores de estas instituciones tienen sueldos de entre 800.000 y 1.000.000 de pesos mensuales", añadió el sindicalista.

Lema, por otro lado, dijo que ya presentó otro pedido de informes, esta vez al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde una explicación sobre "la demora de procesos licitatorios", por parte de ASSE, para "la contratación de servicios de CTI, ya que se realizan cada tres años y, entre proceso y proceso, se contrata en forma directa".

"Estas contrataciones deberían ser la excepción y no la regla", añadió el legislador, que advirtió que "en abril de este año se realizó la apertura de una licitación que aún no se adjudicó".

Meses atrás cuando la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, fue consultada sobre los montos que se destinan al alquiler de camas de CTI, y en cuanto al crecimiento de estas cifras, la jerarca expresó: "La primera cuestión que hay que establecer es que la vida no tiene precio y por lo tanto cuando se requiere una cama de CTI no se mira en el costo".

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) debe 74 millones de pesos a empresas que ofrecen el servicio de traslados con ambulancias. La deuda se acumuló desde enero de este año al cuatro de octubre. Los datos los dio la administradora de hospitales públicos en el pedido de informes realizado por el diputado Martín Lema.

El contrato de ASSE con estas firmas está en manos de la Justicia Penal. En 2015 se gastaron 11,7 millones de dólares en empresas que ofrecen el servicio. Prestadores como el Hospital de Bella Unión están en la mira, luego de que saliera a la luz que incrementó por 20 el gasto por ambulancia en los últimos años, cuando la que le vende el servicio es una firma cuyos dueños son tres directores del Pereira Rossell.

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