La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay parará hoy a las 14.30 para realizar una asamblea en la que analizará la marcha de su ya viejo reclamo (tiene más de cinco años) para que se le pague a casi 4.000 funcionarios judiciales una adecuación salarial.

Eduardo Silveira, secretario general del gremio, dijo a El País que el sindicato tiene la esperanza de que se reúnan los votos en el Parlamento para dejar sin efecto el artículo 733 del presupuesto nacional vigente que establece que el pago de las sentencias que obliguen al Estado al pago de sentencias o laudos arbitrales referidos al pago de salarios u otras retribuciones aquel podrá efectuar las provisiones correspondientes "en oportunidad de proyectar el Presupuesto Nacional o en las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante". El sindicato cree que si se elimina la posibilidad de postergar las provisiones a otros presupuestos, su reclamo podría resolverse "a mediano plazo" porque, al menos en teoría, el gobierno debería realizar los pagos correspondientes en un plazo máximo de 45 días.

El sindicato calcula que la adecuación salarial que reclama y la deuda que entiende que se constituyó suman US$ 60 millones que deberían ir a casi 4.000 trabajadores judiciales, entre auxiliares, administrativos y actuarios, dijo Silveira.

El sindicato reclama que se cumpla la ley aprobada en la legislatura anterior que "enganchó", las remuneraciones de los judiciales a las de los ministros de Estado. La acción de inconstitucionalidad del sindicato contra el artículo 733 que dilató el cumplimiento de las sentencias que ordenaron los pagos está, en los hechos, paralizada porque aún no se ha designado un fiscal que debe realizar una vista del planteo antes del pronunciamiento correspondiente de la Suprema Corte de Justicia. El sindicato cree que el gobierno deliberadamente dilata el asunto. Varios fiscales se excusaron de actuar en el asunto. La corte, paralelamente, ya entendió en una sentencia de marzo del año pasado que el reclamo de los judiciales era justo.

El sindicato judicial también quiere que se descarte definitivamente del proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 15 que permite al Estado diferir el pago de sentencias judiciales en su contra.

DEUDA SALARIAL