Suprema Corte

Asamblea General define integración

El pasado 6 de junio cesó en su cargo, tras ocho años, el ministro de la SCJ Jorge Ruibal Pino, al cumplir 70 años de edad, el máximo que la Constitución permite para ocupar cargos en el Poder Judicial.

De acuerdo con el mecanismo que prevé la Constitución, cuando se produzcan las vacantes, el Poder Judicial deberá comunicarlo a la Asamblea General que dispondrá de 90 días para nombrar en cada caso al nuevo miembro de la SCJ.

El plazo vence el próximo domingo por lo que la Asamblea General deberá tomar una decisión esta semana. Según dijeron a El País varios legisladores, se reunirá esta semana y "hay contactos" entre todos los partidos políticos para lograr un acuerdo sobre quién será el sustituto de Ruibal.

La designación de los ministros de la Corporación debe realizarse por 2/3 de los votos de la Asamblea General. Como esa mayoría es difícil de alcanzar, es habitual que vencido el plazo legal el Parlamento comunique que no hubo acuerdo y de ese modo asciende el ministro más antiguo del tribunal de apelaciones.

Siguiendo ese criterio, asumiría Eduardo Vázquez. Fuentes del Poder Judicial dijeron a El País que lo más probable es que asuma Vázquez.

El legislador nacionalista, Luis Alberto Heber dijo a El País que siempre es bueno que la Asamblea General vote no que se asuma por antigüedad. "Se va a votar y creo que ese tiene que ser siempre el criterio", aseguró Heber.

Desde el mes de julio, medio centenar de organizaciones sociales —entre las que se encontraban Pit-Cnt, Amnistía Internacional, Cotidiano Mujer, Serpaj y Crysol— exigen al Parlamento "transparentar" el mecanismo de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. "El proceso que antecede a la designación (de los ministros) es un proceso oscuro, con secretismo, hecho 100% a espalda de la ciudadanía", había dicho a El País Marina Morelli, de Mujer Ahora.

La propuesta de las organizaciones —que había sido presentada el año pasado y archivada en el cambio de mando— implicaba que se forme una comisión bicameral que estudie el tema. Esta comisión, explicaron, debería tener como objetivo recepcionar las propuestas, estudiar los currículum vitae, recibir la opinión de la academia y a partir de eso elaborar una lista.

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