Migraciones agudiza el ojo sobre quienes cometieron delitos.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, tiene previsto modificar la Ley de Migraciones y para esto publicaría hoy un decreto, según anticiparon a la Nación fuentes oficiales. El mismo podría llegar a tener impacto en los uruguayos que quieran viajar hacia ese país y cuenten con antecedentes por tráfico de personas o drogas o lavado de dinero entre otros penales.

El cruce de personas con antecedentes vinculado a hechos de violencia en el fútbol es uno de los aspectos que se prevé que pueda regular de mejor manera. Es que los voceros explicaron a La Nación que el principal objetivo es acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. "Hasta ahora, los procesos duraban entre 6 y 7 años", aseguraron las fuentes.

Entre otras cosas, el decreto establece una "regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas que impiden el ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas".

Además, para abreviar los procesos de expulsión de migrantes con antecedentes penales se crea "un proceso especial sumarísimo".

Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".

Con la modificación, el inciso c, se divide en dos. Por un lado, los delitos comunes, y en el otro inciso los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (incorporación nueva) lavado, inversiones ilícitas.

En el gobierno argentino consideran que este cambio "da más claridad interpretativa y permite regular mejor el resto de los institutos vinculados". Además, según adelantaron las fuentes, se suma como causal la condena o antecedentes por delitos de corrupción.

El decreto determinará que se entienda como antecedente penal "un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable". Según confiaron las fuentes a La Nación, "el Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un trámite de expulsión". Sobre esto, añadieron que "no informar sobre procesos a extranjeros será causal de juicio político".

El decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que "sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".

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