En 2011, el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura completó un listado de edificaciones y espacios públicos que a su entender deben contar con algún tipo de protección. Según los casos, se sugería la consideración como bienes de interés departamental, municipal o monumentos históricos.

En ese trabajo abarcador de todo el patrimonio nacional, solo en el apartado de Montevideo aparecían unos 70 padrones, entre casas, edificios, comercios, oficinas, sedes sociales y deportivas, centros educativos, de salud, espacios urbanos, equipamientos y panteones.

El inventario fue entregado a la Unidad de Patrimonio de la Intendencia capitalina que durante casi cuatro años realizó más estudios, lo que llevó a un ajuste de la lista original.

El pasado jueves, con carácter de grave y urgente, quedó a consideración de la Junta Departamental de Montevideo un expediente ingresado fuera de hora. La propuesta de la Unidad de Patrimonio consistió en que fuese aprobada la adopción de medidas cautelares, para suspender por 60 días la demolición total o parcial y los permisos de construcción de 106 bienes, que se estima deben ser declarados de interés departamental.

Entre las razones de la prisa estuvo la necesidad de evitar "la alarma pública que se ha generado en la sociedad al verse en riesgo de pérdida algunos de dichos bienes". Por ejemplo la "Casa Martínez" (o "Casa Pérez"), ubicada en Pocitos (en Luis Lamas y Julio César), cuya prevista demolición generó en estos días una movida en las redes sociales y frente a la propia vivienda que proyectó el arquitecto Oscar Peyrou.

Esta obra de la modernidad resultó defendida antes, en octubre de 2014, por el Comité de Patrimonio de Facultad de Arquitectura, que envió una nota tanto a la Intendencia como a la Junta Departamental, manifestando su malestar y solicitando la incorporación del padrón a la lista de inmuebles relevantes en la ciudad.

Con los 17 votos de los ediles del Frente Amplio, la propuesta de la Comisión Permanente del Plan Montevideo se aprobó finalmente, protegiendo la "Casa Martínez" junto a casi un centenar de edificaciones y varios "espacios libres".

Ningún representante de la oposición aprobó el decreto debido a que no tuvieron a la vista el expediente en donde se identifica los bienes considerados y sus valores. Pero hubo más motivos, según dijo a El País el edil colorado Mario Barbato.

"Hace dos sesiones atrás se aprobó también con poco debate un decreto por el cual a instancias de la Unidad de Patrimonio se creaban unos cinco o seis institutos nuevos, para considerar determinados bienes o hitos de la ciudad a conservar. Así se introducen nuevas figuras a las clásicas que se venían aplicando; por ejemplo la del espacio o campo visual. Solicitamos una semana más para conocer la reglamentación de estas nuevas figuras y saber el verdadero objetivo, porque de la lectura del expediente no surgía. En ese decreto se aprueban los bienes de interés municipal. Con los votos del Frente Amplio salió ese decreto madre".

En cuanto a la resolución tomada el jueves, Barbato explicó que la oposición no acompañó las medidas cautelares para defender los bienes porque ni siquiera se pudo saber cuáles son; el expediente no estuvo tampoco en poder de los propios ediles del Frente Amplio. Ninguno tuvo ocasión de estudiarlo. Según Barbato "esto es un espasmo preelectoral. Que una comisión que trabaja durante cuatro años, a veinte días de las elecciones mande medidas cautelares para 106 espacios es como meterle un corset a la ciudad, por lo menos es una medida poco seria, irresponsable de parte de la bancada del Frente Amplio, que sigue avalando lo que el Ejecutivo comunal envía a la Junta Departamental, a dos meses de estar abandonando la administración".

Para Barbato fue respetable y compartible la posición "de un grupo de vecinos que entendió debe defenderse un patrimonio, la Casa Martínez", pero le suena excesivo interpretar que eso provocó una alarma pública.

"Estábamos de acuerdo con establecer una medida cautelar sobre ese padrón, para que no ocurriera lo que pasó con Assimakos. Ahora se da un plazo de sesenta días y la Unidad de Patrimonio podrá a lo sumo resolver tres casos de más de cien. Le pasan la pelota al próximo gobierno", concluyó.

La arquitecta Laura Alemán, del Instituto de Historia de la Arquitectura, dijo a El País que la lista de bienes que se realizó en la Facultad fue "levemente modificada porque incluía algunos bienes que ya contaban con protección. Lo que entró a la Junta tuvo algunas modificaciones y el agregado de la Casa Martínez, que está ahora en el tapete". En la lista de la Facultad se llega a contar 70 ingresos, agrupados por tipos de construcción (ver nota). Pero la cantidad aumenta en tanto en algunos casos, en un solo ítem, se habla, por ejemplo, de "kioscos policiales", "Edificios Lamaro" o "Edificios de Renta del Banco de Seguros".

Al confeccionar el inventario de bienes a proteger en Montevideo, los técnicos de la Facultad de Arquitectura dieron prioridad a la obra moderna, a los edificios construidos entre 1920 y 1970, "que fueron los más descuidados últimamente", y a las viviendas unifamiliares, "las más frágiles, en el sentido de que son más pasibles de presión inmobiliaria, porque se demuelen para hacer edificios en altura", explicó a El País la arquitecta Laura Alemán. Figuran entre más: la vivienda Lorieto (de Leborgne; 1964), la Vibro- Econo Milia (de Vilamajó; 1937), o la Rospide (de Walter Pintos Risso; 1957).

El arquitecto Andrés Mazzini narró a El País que en 2004 se efectuó una primera investigación y en 2011 se resucitó el estudio; el listado completo fue enviado a la Intendencia de Montevideo y la Comisión de Patrimonio, puesto que estaban considerados bienes de todo Uruguay. Mazzini confirmó a El País que en la Facultad de Arquitectura se desconoce el listado definitivo que la Unidad de Patrimonio comunal ingresó esta semana en la Junta de Montevideo. Entre las sugerencias para valorar de interés departamental algunos edificios, se encuentran: el del Notariado, el de El País de Plaza Cagancha, la sede del BROU 19 de Junio y la sede del Club Nacional.

Más de un centenar de padrones no podrán demolerse ni modificarse