Los 50 barcos abandonados al norte del dique de cintura del Puerto de Montevideo, serán retirados para evitar obstáculos en el desarrollo futuro y porque hoy estropean el paisaje de la bahía, aunque no constituyen un problema para la operativa comercial.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, ha declarado que deberá trabajarse caso por caso debido a la compleja situación legal de los buques de bandera extranjera.

Los buques estuvieron en algún momento en las dársenas pero hoy todas ellas y los muelles están operativos. No hay barcos hundidos en los muelles ni en las zonas de maniobra pero sí fuera del espigón.

Díaz informó que la cuarta parte del total paga sus tributos como si estuvieran activos.

"En este caso los consideramos abandonados en el sentido que hace muchos años que no se los mueve del lugar en donde se encuentran".

También hay otros que tienen deudas con la Administración Nacional de Puertos o están embargados por distintos asuntos legales.

Ya se sabe que cuatro barcos serán reflotados en una tarea planificada entre la ANP y la Armada Nacional. Otros ocho están en trámite a favor del Estado. Sobre los restantes hay interés manifiesto de varias empresas que plantearon propuestas para sacarlos a tierra.

"Los privados necesitan la propiedad del barco o que esté libre de dificultades judiciales para poder extraerlo", señala Díaz en la página de Presidencia.

La Administración Nacional de Puertos tiene un mecanismo para que los barcos pasen a favor del Estado aunque hay que ser cuidadosos para evitar que este no tenga que pagar cifras millonarias para retirar un bien que un operador privado dejó abandonado.

El presidente Díaz reafirmó que el panorama es complejo, aunque de todos los barcos de bandera uruguaya hay registros en la Marina Mercante, se conoce quién es el propietario y cuándo se comercializó, entre otros detalles.

Pero el problema se consagra en la medida que la Administración Nacional de Puertos no tiene una información similar de los barcos de bandera extranjera.

En estos casos el armador está en otro país, nombró un agente marítimo local que puede permanecer o no en actividad. "En muchos de los casos presentados ya no hay agente marítimo o la agencia cerró", explicó el jerarca.

Díaz admitió que sería necesario implementar cambios en la normativa existente "para evitar que se sigan abandonando barcos porque representan un costo elevado para el país".

El titular portuario explicó que los barcos grandes y en ocasiones muy antiguos —como ciertos pesqueros, cargueros de otro tipo y remolcadores— no tienen un valor de reventa.

En ellos, "es muy engorroso llegar al kilo de chapa que después será vendido", precisó.

Con frecuencia, los barcos tienen lastre de hormigón que dificultan su extracción, además de otros elementos como madera y aislantes que hay que limpiar.

Por otra parte, están sujetos a una situación de mercado respecto al valor del hierro y la chatarra, todo lo cual convierte el negocio de "chatarrear" en algo más o menos atrayente.

Alberto Díaz aclaró que la Administración Nacional de Puertos no sube a los barcos.

"Nosotros administramos muelles y espacios portuarios pero no tenemos potestades de policía marítima, no es nuestra competencia", concluyó.

Cuatro buques serán reflotados junto con la Armada Nacional