PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS

Ancap rechazó en un juicio que búsqueda de crudo afectase pesca

Diecinueve empresas pesqueras reclaman daños por caída de explotación.

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Pesqueras creen que Ancap realizó actividades sísmicas de forma irresponsable. Foto: A. Colmegna

Ancap enfrenta un millonario juicio por daños y perjuicios iniciado por 19 compañías pesqueras en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian.

El expediente, al que tuvo acceso El País, revela que la empresa demandante Alberana S.A. y otras compañías pesqueras consideran que las prospecciones sísmicas realizadas en la plataforma marítima por Ancap en 2013 y 2014 en busca de petróleo provocaron una merma de la pesca de arrastre (corvina y pescadilla de calada) de entre 30% y 40%. La demanda incluye a otros organismos del Estado por no controlar al ente.

En grandes líneas, Alberana S.A. expresó que Ancap no habría actuado con precaución y desoyó a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) cuando solicitó que la empresa estatal adoptara medidas de protección, prevención y previsión de la riqueza ictícola del país antes de las prospecciones en el suelo marino para buscar hidrocarburos.

La empresa demandante también señaló que Ancap actuó en forma negligente, con apresuramientos, falta de cautela y con ausencia de estudios técnicos serios y responsables sobre la realidad nacional.

En un reciente escrito presentado por sus abogados, la empresa estatal replicó que no existe un nexo causal entre la presunta disminución de la captura de peces y la prospección sísmica efectuada por conocidas empresas petroleras internacionales.

Citando un informe externo, Ancap señaló que los efectos de las ondas acústicas generadas por las prospecciones son de corta duración (aproximadamente cinco días) y no hay registro alguno de efectos que puedan considerarse permanentes.

Ancap argumentó que la caída de los volúmenes de pesca se debe a la huelgas realizadas por trabajadores uruguayos del sector o un mayor esfuerzo pesquero de parte de los buques argentinos. También señala que otro factor del espantamiento de peces tiene como causa al intenso tráfico marítimo de la zona.

También mencionó que la merma de la actividad pesquera se debe al cierre de Fripur y la caída de mercados africanos.

En definitiva, el escrito señala que el sector pesquero muestra una tendencia estructural de retracción desde hace varios años que refleja la conjunción de diversos factores tanto de oferta como de demanda. "En este contexto, a nuestro juicio, la caída de la captura vista en los últimos años no puede explicarse de modo simple por las actividades de prospección sísmica realizadas entre fines de 2012 e inicios de 2014, ignorando el conjunto de factores económicos adversos para el sector que se combinaron en el mismo período", dice Ancap.

Advirtió que sus actuaciones se enmarcan en una actividad "absolutamente lícita" que se ampara en la legislación vigente.

También expresó que al momento de llevarse a cabo la prospección sísmica, que las compañías pesqueras demandantes entienden como causante de la merma de la pesca, no existía en Uruguay la obligación legal de realizar una autorización ambiental previa, la cual en algunos casos (clasificación B o C) requiere de un Estudio de Impacto Ambiental. Dicha obligación surge recién a partir del año 2016, advierte el ente.

Posteriormente, Ancap agregó al expediente judicial los planes de gestión ambiental relacionados con las prospecciones.

Piden citar a compañías de EE.UU. y de Europa.

El juicio de 19 compañías pesqueras contra Ancap y los ministerios de Industria y de Medio Ambiente, entre otras reparticiones estatales, ya tiene 5.100 folios. El expediente es una marisma jurídica. Está llena de recursos, contestaciones y réplicas. El juicio, que se inició el 25 de abril de 2014, aún no ingresó en la etapa de audiencias. Las empresas demandantes exigen que Ancap les indemnice por un daño patrimonial y por daño futuro. El organismo rechazó dicha demanda alegando que no causó daño de tipo alguno. Como garantía de que no violó normas ambientales internacionales en las actividades sísmicas, Ancap pidió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno que cite a las multinacionales Exxomobil, Statoil, GXT Tecnology Corporation, Spectrum Geo Inc. y Petroleum.

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