Al cierre de las indagatorias serán convocados Raúl Sendic, Daniel Martínez y José Coya.

Mandos medios de Ancap y particulares serán citados por la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, a pedido del fiscal de dicha materia, Luis Pacheco. El escrito del representante del Ministerio Público llegó el viernes 17 a la sede cuya titular es Larrieu. Pero como la jueza estaba de licencia, recién ayer se hizo del expediente y se enteró del pedido de Pacheco.

Fuentes del caso indicaron a El País que la investigación judicial se centra en la gestión de Ancap realizada por el Frente Amplio en el período 2010-2015.

En el tramo final de las indagatorias, serán citados todos los jerarcas políticos de Ancap, entre ellos sus expresidentes, Daniel Martínez —actual intendente de Montevideo—, Raúl Sendic, hoy vicepresidente de la República, y José Coya.

El grueso de las denuncias de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular apunta a la gestión de Sendic. Sin embargo, otras incluyen la administración de Martínez al frente del organismo de los combustibles.

La oposición estima que los perjuicios causados a Ancap oscilan los US$ 800 millones.

A pedido de la exfiscal especializada en Crimen Organizado, María Camiño, Larrieu creó un equipo multidisciplinario para que analice las denuncias presentadas por los partidos políticos de la oposición y elaborase un informe sobre las mismas.

A principios de septiembre del año pasado, Larrieu autorizó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de directores de Ancap y empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015.

El levantamiento de los secretos bancario y fiscal facilitará el trabajo de este equipo multidisciplinario.

Las denuncias fueron agrupadas en tres bloques: uno central y dos complementarios. "Se denunciaron hechos y no personas", dijo Camiño a El País antes de renunciar a su cargo por enfermedad.

En la primera ronda de interrogatorios, la Justicia especializada en Crimen Organizado se concentró en la investigación del costo de una megafiesta realizada en 2013 durante la inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja. La fiesta, que tuvo 1.800 invitados, entre ellos los expresidentes José Mujica (Uruguay) y Cristina Fernández (Argentina), costó US$ 370.000.

En esas citaciones, declararon los directores de la agencia de publicidad La Diez —contratada por Ancap—; el titular de la empresa de eventos Latin Design Events y los encargados de Relaciones Institucionales del organismo.

El viernes 3, el gerente de Comunicación Institucional de Ancap, Pablo Bernengo, dijo que el precio de la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja se multiplicó por cinco por los requerimientos de Raúl Sendic.

Bernengo también se refirió ante la Justicia sobre eventuales irregularidades en la adjudicación de publicidad a una radio de Quebracho (Paysandú).

La radio pidió una donación a Ancap de US$ 5.000 para la compra de equipos.

En ese momento, dijo Bernengo, al frente de la empresa estatal se encontraba el frenteamplista José Coya. "El pedido de la radio me lo trasmitió la secretaría de Coya. Le di para atrás", dijo Bernengo. La radio ofreció publicidad por US$ 5.000. Ancap accedió y la radio compró equipos. Bernengo dijo: "Fue una compra indirecta de Ancap".

Con respecto al funcionamiento de las plantas de cal de Ancap, los cuatro partidos de la oposición coincidieron en que la Justicia Especializada en Crimen Organizado debía investigar la contratación de camiones brasileños. No hubo llamado a precios para contratar esos camiones que llevaron cal desde Treinta y Tres a una central eléctrica en Candiota, Brasil.

Las denuncias penales efectuadas el 19 de abril de 2016 por los partidos políticos de oposición contra la gestión de Ancap coinciden en algunos temas. Legisladores del Partido Nacional presentaron seis denuncias sobre los contratos de publicidad, la construcción de la planta de cemento de Treinta y Tres, el contrato para construir el remolcador empujador Ky Chororó, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela. Por su parte, parlamentarios colorados presentaron acusaciones en el Juzgado de Crimen Organizado que coinciden con las cuatro primeras del Partido Nacional. A diferencia de los blancos, el Partido Independiente denunció como infracción aduanera la regulación tardía de importación de crudo y gas. Unidad Popular presentó cinco denuncias. En tres de ellas coincidió con los otros partidos (publicidad, planta de cemento y remolcador). Además, UP pide que se investigue la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú.

DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN