La Justicia dio como plazo máximo hasta la semana próxima

Anarquistas prometen resistir desalojo de su local

La Justicia ordenó el desalojo de la casa "La Solidaria", donde se reúne habitualmente la organización Plenaria Memoria y Justicia liderada por la militante Irma Leites.

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La Solidaria: la vieja casona es ocupada desde hace varios años. Foto: archivo

El local fue tomado en el año 2012, con la idea de "construir un centro social que funcionara con valores opuestos a los que cotidianamente se imponen las relaciones medidas por el capital y el Estado", asegura un comunicado de la agrupación, que además nuclea a activistas por los derechos de los animales y otros colectivos de izquierda. Mediante un cedulón que hizo llegar la jueza de paz Nelly Rodríguez Bansi, el pasado 30 de octubre, se asegura que "la casa donde funciona dicho espacio estaría precariamente ocupada por un grupo anarquista. Ese grupo sería responsable de haber irrumpido con violencia en el edificio en cuestión, de haber amenazado y atacado a los dueños de dicho edificio, y también del deterioro edilicio y las plagas de roedores en la cuadra".

La documentación que insta al desalojo en el plazo de 15 días hábiles (con tiempo hasta la próxima semana), expresa que hay pruebas sobre la manera violenta en la que se ocupó la vieja casona por parte de este grupo de personas.

Por su parte, Leites dijo a El País que "nadie está dispuesto a mover un pie de ese lugar, es algo que está hecho desde la solidaridad, con actividades para todo el mundo, totalmente gratuitas. ¡Hasta se dan clases de teatro!", enfatizó la líder de Plenaria Memoria y Justicia. En tanto, los ocupantes animan "a la resistencia", y aseguran que no dejarán el lugar "aunque venga la policía".

Los mismos.

Algunos de los integrantes que asisten con frecuencia al local La Solidaria son ya conocidos por haber participado en los incidentes que tuvieron lugar durante el desalojo del Codicen. Entre ellos figura el joven universitario que fuera procesado sin prisión, Marcelo Hospitale, y que aún mantiene el régimen de tareas comunitarias como pena.

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