JUICIO MILLONARIO

Reclama a la Corte unos $ 10.000 por cada día de los 360 que estuvo preso.

El exguerrillero Héctor Amodio Pérez reclama a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el equivalente a unos $ 10.000 por cada día de prisión indebida que pasó en Uruguay. Estuvo preso 23 días en Cárcel Central y 337 bajo un régimen de prisión domiciliaria. El total del reclamo ronda el equivalente a unos US$ 122.000, según el escrito a la que accedió El País.

Uno de los enfermeros de La Española y del Hospital Maciel, acusado indebidamente de haber matado a pacientes terminales, también demandó al Estado por 10 Unidades Reajustables ($ 10.153,30) por cada día en prisión. El enfermero estuvo preso 1.007 días. La Suprema Corte falló que era inocente. Su abogado, Humberto Teske inició una demanda civil contra el Estado por el equivalente a US$ 2 millones.

Los abogados de Amodio, Fernando Posada y Andrés Ojeda, iniciaron ayer el reclamo civil por daños y perjuicios contra la SCJ. La fecha de la audiencia de conciliación fue dispuesta para el 13 de diciembre próximo.

Consultado Posada sobre el monto del reclamo cuando la jurisprudencia oscila entre US$ 61 y US$ 100 por día para casos de prisión indebida, el profesional dijo a El País que, en casos especiales, la Justicia condenó por montos superiores al Estado.

"Amodio tiene 78 años, estuvo un año preso y lejos de su familia. Es un caso especial", sostuvo Posada.

El exguerrillero llegó a Uruguay el 8 de agosto de 2015 a presentar su libro: "Palabra de Amodio". Allí daba su versión sobre las acusaciones de traición al MLN-Tupamaros que pesaban sobre él.

Fue detenido. En el Juzgado Penal de 16° Turno, sus defensores presentaron un escrito solicitando la paralización del proceso penal por entender que cualquier conducta que pudiera probarse estaría amnistiada y, a la vez, prescrita.

Amodio fue procesado con prisión por la jueza Julia Staricco como "presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí". En septiembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apoyando la tesis de la defensa de Amodio y determinó la libertad provisional del exdirigente tupamaro.

Tras el fallo, la fiscal Stella Llorente interpuso un recurso de casación ante la SCJ donde planteó que la conducta de Amodio no está comprendida en la ley de amnistía ni en la prescripción de los hechos.

El 10 de agosto de este año, la Suprema Corte falló a favor de Amodio Pérez y lo absolvió

La SCJ entendió, según el fallo, que "a juicio de este colegiado no se verificó conducta antijurídica alguna que le pueda ser imputada al Sr. Amodio Pérez, argumento suficiente para rechazar el recurso de casación planteado" y agrega que "no es necesario imponer condenas procesales".

El escrito de los abogados Posada y Ojeda, al que tuvo acceso El País, citó a una audiencia de conciliación a la Suprema Corte de Justicia previo al juicio civil que iniciará por prisión indebida resuelta por un juez.

El documento expresa que el exguerrillero reside y tiene su núcleo familiar, laboral y afectivo en España desde hace ya más de 40 años y agrega que siendo un emblema de la historia reciente de Uruguay y, habiendo permanecido fuera de la luz pública desde que emigró en 1972, decidió reaparecer a contar su versión de los hechos en un libro que escribió y que se tituló "Palabra de Amodio".

Para ello, Amodio planificó una venida fugaz a Uruguay por un plazo de 48 horas donde presentaría su obra, daría una conferencia de prensa y luego de pernoctar en un hotel, retornaría a España. Sin embargo, sus planes quedaron truncos producto del sistema judicial.

Luego de brindar una conferencia de prensa sobre su libro, fue notificado por funcionarios policiales que debía comparecer al día siguiente a declarar, primero ante el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa con relación al uso de su pasaporte, en el cual consta la identidad española. Esa declaración se realizó por la mañana del 9 de agosto y la Justicia dispuso el archivo del expediente. Sin embargo, Amodio quedó a disposición de los juzgados penales de 14° y 16° Turno por dos expedientes distintos. Luego estos se unificaron en la sede de 16° Turno de la jueza Staricco.

"En un proceder ciertamente inusual para nuestra justicia, el Juzgado dispuso una instrucción sumamente apresurada, lo cual no tenía ningún tipo de razón de ser ya que los hechos que se investigaban supuestamente habían acaecido hace más de 40 años atrás, no existiendo riesgo alguno de que se volvieran a suceder en el presente", dijo Posada a El País.

Enseguida agregó: "La celeridad inusual de este procedimiento indicaba una sola cosa: la intención de jueza y fiscal de procesarlo, lo que finalmente ocurrió, siendo dicho auto de procesamiento acompañado de la medida de prisión preventiva".

Tras advertir que Amodio debió quedarse en Uruguay por un lapso de 778 días sometido a proceso y 360 privado de libertad, Posada indicó que su defendido debió permanecer lejos de su familia y de su emprendimiento personal. Agregó que, además, debió soportar el escarnio público producto del descrédito que el enjuiciamiento produjo en su imagen y el padecimiento moral de no poder despedir a uno de sus hijos que falleció mientras Pérez estaba en Uruguay.

Los abogados de Amodio Pérez, Fernando Posada y Andrés Ojeda, señalaron ante la Justicia Civil que el exguerrillero debió ingeniarse para subsistir, ya que su negocio en España dejó de producir debido a su ausencia y su único ingreso —la jubilación— "no era suficiente" siquiera para costear los gastos mínimos de vivienda, vestimenta, medicamentos y comida. "Se demanda al Poder Judicial a efectos que indemnice los perjuicios sufridos que se desprenden de su proceder ilegítimo", dijo Posada.

Un estudio elaborado por el abogado penalista Fernando Posada, integrante del bufete Baker Tilly Uruguay señala que, entre 2010 y abril de este año, el promedio de prisión indebida sufrida por personas inocentes es de 552 días. "Las sentencias analizadas contemplan distintas situaciones de hecho, siendo extremadamente variables las cantidades de días de reclusión indebida según el caso expresándose, por ejemplo, que la menor de todas refiere a la privación de libertad (de un inocente) de 46 días y la mayor a 2.717 jornadas", dice el informe.

Afirma que los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia, donde se desarrollan los juicios por errores del Estado, este debe pagar un promedio de US$ 61 por día de prisión a una persona inocente. La indemnización más alta otorgada a un inocente la concedió el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, mientras que el más conservador en dicho rubro es el de Primer Turno, con condenas que en promedio rondan casi la mitad del otro.

La segunda instancia de este tipo de reclamos es competencia en Uruguay de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil. En esos tribunales, el padecimiento moral de una persona inocente encarcelada en forma indebida es valorado de forma más conservadora de lo que se valora en primera instancia siendo la condena promedio US$ 10 más baja. El promedio en segunda instancia es de US$ 50 por cada día de prisión indebida.

Según el informe, cuando más larga sea la condena de un inocente más baja es la indemnización diaria. "En condenas que refieren a tiempos de reclusión menores a un año, el daño moral en primera instancia es fijado en US$ 77 diarios en promedio, mientras que en situaciones que refieren a reclusión indebida de entre uno y dos años, el monto se establece en US$ 51 diarios para caer a US$ 35 diarios en reclusiones que superan dos años", dice.