DELITOS EN DICTADURA

Amnistía crítica con decisión de la Corte

Aministía Internacional denunció que "Uruguay viola sus obligaciones de derecho internacional". La acusación surge después que la Suprema Corte fallara que "los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad" y que, por tanto, prescriben luego de un tiempo.

Un cambio supone un desafío para jueces, fiscales y abogados. Foto: Gerardo Pérez
Suprema Corte de Justicia. Foto: Gerardo Pérez

Con los votos de Jorge Chediak, Elena Martínez Rosso y Julio Turell, la Suprema Corte de Justicia había sentenciado a fines de octubre la inconstitucionalidad de los artículos 2° y 3° de la ley 18.831 (pretensión punitiva del Estado). El caso en cuestión, que sienta otro precedente jurídico, había sido la denuncia de torturas y detención ilegal en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó. Solo los ministros Felipe Hounie y Bernadette Josefina Minvielle tuvieron una visión contraria y prosperó la opinión de la mayoría.

Según Amnistía, el fallo "ha puesto prácticamente fin a la acción judicial entablada por una víctima de tortura y otros delitos, consagrando así la impunidad".

El movimiento internacional explicó en su comunicado que los crímenes cometidos durante la dictadura "son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido". Así lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte. Ir contra ello es, según Amnistía, oponerse al derecho global.

La opinión de Amnistía se suma a la del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien había dicho que se opone a las normas que impiden la investigación. "En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay es claro que a estos delitos no se le pueden aplicar las normas de prescripción, de caducidad, de cosa juzgada ni ninguna otra que impida el avance de la investigación para llegar a la verdad de los hechos ocurridos", había expresado.

De hecho la Fiscalía creó una dependencia específica para crímenes de lesa humanidad. Este órgano fue avalado por los votos del Frente Amplio, Unidad Popular, Partido Independiente y algunos legisladores del Partido Nacional.

La Institución Nacional de Derechos Humanos se había opuesto, en 2013, a otra sentencia de la Suprema Corte de Justicia que fue muy similar a la última y que también declaraba la prescripción de los delitos ocurridos en la dictadura.

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