Una serie de "falencias" que pueden ser de "alto riesgo" en los procesos de compra en la Cámara de Representantes fueron detectadas por una consultora privada que practicó entre mediados de 2013 y fines de 2014 una auditoría.

El informe fue pedido por el presidente de la Cámara en 2013, el colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), y concluyó durante la administración de Aníbal Pereyra (MPP) en 2014.

La revisión fue resuelta luego de que en 2013 funcionarios de la Unidad de Compras del cuerpo denunciaran al director de la División Adquisiciones y Suministros de la Cámara de Representantes por supuestos delitos con las adquisiciones y su vinculación con una red de proveedores privados.

El episodio terminó con el responsable procesado con prisión por fraude llevado adelante entre 2005 y 2013. El funcionario, que era el presidente del sindicato de trabajadores de la Cámara de Diputados, pergeñó maniobras ilegales por más de US$ 60.000 en ese lapso, de acuerdo con los resultados de una investigación administrativa ordenada por Cardoso tras recibir la denuncia. Por esta operación también fueron procesados tres cómplices del funcionario, quienes cumplían la función de proveedores "fantasmas".

Por este episodio hubo mucho recelo en las autoridades de la Cámara, una de las tres unidades ejecutoras de recursos del Poder Legislativo (junto con el Senado y la Comisión Administrativa). Por eso, en 2013 Cardoso decidió contratar a la empresa Datasec It Security & Control para realizar un análisis profundo de las debilidades administrativas del sistema de compras en Diputados. El período auditado fue del 1° de enero de 2013 al 30 de junio de 2014, y sus resultados estuvieron listos a fines de diciembre y entregados a Pereyra, que presidía la Cámara entonces.

La auditoría analizó las distintas etapas: planificación, llamado, selección y adjudicación, recepción, registro, pago, control y seguimiento. Así, el informe de la auditoría, al que accedió El País, detectó "falencias en los procesos de compra en escalas de alto, medio y bajo riesgo".

Algo tan elemental como extender un documento que respalde una compra hecha por parte del organismo público, es una de las recomendaciones que realizó la empresa auditora. Además planteó la elaboración de un Plan Anual de Compras y, en cuanto a la identificación de los riesgos relativos al proceso y la asignación de responsabilidades para la adecuada gestión, el informe "recomienda definir y documentar todas las actividades, lo que permitirá su total control".

El respaldo informático también es recomendado. El informe sugiere "rediseñar los sistemas de información con mecanismos que detecten irregularidades", es decir con software apropiado.

La empresa recomienda además "un plan de acción para implementar políticas de seguridad que aseguren entre otros elementos, la confiabilidad de la información relativa al proceso de adquisiciones y suministros".

Sugiere "mejorar las políticas de contraseñas y la gestión de permisos a los distintos usuarios" del sistema de control de las compras.

Pereyra dijo a El País que algunos de los cambios de gestión en la Unidad de Compras ya se habían comenzado a concretar desde que se cambió la jefatura en noviembre de 2013, aún con Cardoso como presidente de la Cámara de Diputados, y que otros obedecen a sugerencias realizadas por la auditoría interna.

Tiempo atrás, los diputados titulares de todos los partidos recibieron, en préstamo hasta el final de la Legislatura el pasado domingo 15, una táblet Samsung Galaxy Tab 2 con un valor de mercado de US$ 500. En diciembre se les recordó que debían devolverla, sobre todo a los que dejaban las bancas, o se les dio la opción de quedarse con ella pagando $ 1.000, en dos cuotas de $ 500.

En 2013, el presidente de la Cámara de Representantes era el colorado Germán Cardoso. Un día, a mediados de año, recibió un pedido de audiencia de dos funcionarios de la Unidad de Compras.

Los recibió y ambos le trasladaron una situación irregular: había una maniobra en la oficina, a cargo nada menos que del director de la misma, que se extendía fuera de ella con una red de supuestos proveedores que en realidad no existían. Cardoso ordenó una investigación administrativa interna que confirmó las denuncias.

El denunciado, un funcionario con muchos años en el Poder Legislativo, al declarar en el marco de la investigación administrativa negó cualquier tipo de irregularidad y atribuyó la denuncia a una suerte de venganza de los dos funcionarios denunciantes, a quienes él calificó en forma negativa en un concurso para ascender de grado.

El denunciado pidió que los dos denunciantes fueran trasladados de la Unidad de Compras, pero Cardoso decidió que lo más adecuado era que los tres fueran enviados a otra oficina parlamentaria. El director denunciado terminó procesado por fraude.

Auditoría externa descubrió falencias en los controlesDANIEL ISGLEAS