Entre 2000 y 2003, fue uno de los dos referentes de la Comisión para la Paz que creó el presidente Jorge Batlle para investigar el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura, 1973-1985.

El otro fue Gonzalo Fernández, que actuó en representación de Tabaré Vázquez, entonces líder de la oposición. Ramela acompaña todos los nuevos intentos para saber más de ese período, pero es muy crítico con el alcance que le dio el presidente Vázquez al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, en particular que indague desde el año 1968. “Lo que se busca es convalidar esa historia falsa de que los tupamaros lucharon contra la dictadura”, dijo a El País.

—¿Qué opina del Grupo por la Verdad y la Justicia que creó el presidente Tabaré Vázquez, en función de su actuación en la Comisión para la Paz?

—Yo siempre he sostenido en estos años, desde que hicimos el informe de la Comisión para la Paz y dijimos que todavía había muchas verdades pendientes y que los familiares merecían más respuestas, que apoyo el anhelo de verdad. Yo entiendo a las familias, entiendo a los que sufrieron, entiendo a los que precisan saber más, más y más y, sobre todo, precisan lograr eso de tener una idea cabal sobre el destino de los restos, que es lo que todo el mundo quiere en el caso del fallecimiento de un familiar. O sea que no creo negativo el esfuerzo constante y permanente y la creación de una nueva comisión en ese sentido. Lo que yo veo de este grupo y ya de actuaciones que se hicieron en estos dos períodos de gobierno, es que no mantienen la idea original de la Comisión para la Paz que pretendía ser, a partir de aquel estado del alma que invocaba Batlle, un aporte para lograr cierta atenuación de los dolores del pasado.

—¿Por qué dice que no sigue los pasos de la Comisión para la Paz?

—Porque insiste con la idea de justicia. En la época de la Comisión para la Paz nadie se planteaba que la ley de Caducidad no existía. El argumento base de quienes ejercimos la acción ejecutiva en la comisión —el doctor Gonzálo Fernández y yo, y no fue una elección caprichosa porque uno representaba al presidente en ejercicio y el otro al líder de la oposición—, era que la información los militares la podían dar porque no iban a ir presos. Es evidente que nadie se hubiese sentado a hablar con nosotros y darnos información si a partir de eso estaba dictando su sentencia de procesamiento. O sea que el término justicia, más allá de que es un anhelo de familiares, estaba claro que no estaba contemplado en nuestro trabajo y que nosotros actuábamos sobre una cosa que no era excepcional porque era un entendido general: la ley de caducidad existía y punto. Y la figura de Ramela como representante de Batlle, pero la de Fernández como representante de Tabaré Vázquez, lo que buscaba era decir: señores, el compromiso no es de un gobierno, es de todo el espectro político.

—¿Y por qué cree que se cambió de criterio ahora?

—Esto cambió cuando se acercaban las elecciones de 2005 y Vázquez, con un sentido político, no jurídico, empezó a decir que si era presidente iba a excluir de la ley de Caducidad el caso Gelman y los de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Yo me acuerdo que quedé asombrado. En el tema Gelman quizás se entienda, pero en los casos Michelini y Gutiérrez Ruíz, con todo lo dramático, injusto y terrible que fue, era igual a la situación de las 170 personas largas que murieron o desaparecieron en Argentina. O sea, qué fundamento jurídico había para decir estos dos casos van a ser excluidos y el resto no. Ahí se empezó a resquebrajar la ley de Caducidad. Después Vázquez ganó las elecciones, empezó el diálogo con los militares nuevamente y de vuelta estuvo eso sobre la mesa: denme la información que falta y acá nadie va preso. Se les dio la información, esta no fue certera, o no concluyó en lo que Vázquez pretendía, y a partir de ahí van presos todos lo que pudieran ir presos. Esta comisión continúa el mismo camino: verdad pero justicia. Y en ese sentido creo que sigue acentuando una visión hemipléjica de la realidad. Yo siempre lo digo: no comparo el terrorismo con el terrorismo de Estado, es mucho más grave el terrorismo de Estado. Yo no desconozco que los soldados muertos todos sabemos dónde están enterrados y sus familias los pueden honrar de la manera adecuada, y que los desaparecidos no tienen ese derecho esencial, básico y mínimo. Pero eso no justifica que tengamos una teoría falsa, que hayamos creado un país donde existe recuerdo solo para una realidad.

—El decreto encomienda al grupo investigar desde junio de 1968. ¿Qué opina?

—No se puede meter en una misma bolsa lo que pasó con Pacheco y lo que pasó luego del golpe de Estado.

—¿Por qué?

—Porque es identificar situaciones que son distintas. Pacheco actuó en un período muy especial, sometido a una situación de conmoción interna. Gobernó con medidas prontas de seguridad, que es un instrumento previsto en la Constitución, más allá de que alguien puede decir que se utilizaron de forma exagerada o abusiva. Pero no es lo mismo que el período dictatorial donde directamente desaparecieron las instituciones. A mí la impresión que me da es que este tema de las fechas lo que busca es convalidar esa historia falsa de que los tupamaros lucharon contra la dictadura, cuando en realidad cuando empezó la dictadura estaban todos presos. O sea, para mí lo de la fecha busca desnaturalizar la historia y cambiar el eje de la situación. Y yo que quiero la verdad, que quiero que las familias de los desaparecidos tengan todas las respuestas que puedan haber, hace mucho tiempo que me pregunto cómo los uruguayos, no ya los gobiernos, nos olvidamos de otra historia, nos olvidamos de esos cuatro soldados que murieron en un jeep, nos olvidamos del peón al que le inyectaron pentotal, nos olvidamos de los soldados que cayeron. Cómo esa gente no tiene ningún reconocimiento y no merece ningún tipo de reparación. Tampoco quiero hoy condenar a los tupamaros por eso. Yo formo parte de la gente que apoyó la amnistía y la ley de Caducidad. ¿Por qué fue posible la Comisión para la Paz? Porque los familiares de desaparecidos, de las cinco preguntas que nos hacían —dónde, cómo, cuándo, por qué y por quién—, mandaron una carta al presidente Batlle que renunciaban a la quinta.

—¿Cree que hay sectores de izquierda que presionan al presidente Vázquez en este tema?

—En lo que respecta a la búsqueda de la verdad, creo que es una aspiración legítima y honesta de quienes están atrás de esto. En lo otro, creo que hay un uso político, lamentablemente. Para ciertos sectores de izquierda todo esto es esencial, es vital. Y bueno, son las cosas que de alguna manera se hacen por compromisos políticos o por equilibrio. Quiero decir algo muy duro y muy triste, pero todas las personas que hayan estado cerca de esta problemática lo saben. En los temas de derechos humanos hay gente admirable que trabaja con vocación, con ganas, con honestidad, y también hay mucho curro. Alrededor de los derechos humanos hay mucho curro. Hay mucha plata que se mueve. Hay plata que viene de todo tipo de organismos. Hay gente que no solo ha trascendido en algo y se conoce, sino que vive en el sentido global de la palabra, tiene su sustento económico en este tema, que obviamente no quiere que termine. Es duro, es duro. ¿Esto es una cosa general? No, no es general. En el ámbito de los familiares lo que hay es una lucha humana a partir del dolor propio del hijo, hermano o sobrino que perdieron. Pero hay otros que evidentemente no actúan igual. Entonces si esta causa dura cien años, si se ramifica, sigue siendo una forma de trascender, de vivir, de cobrar, de viajar, de hacerse conocer. Yo entré a este tema y alguien, no voy a dar el nombre, que obviamente no era de mi partido político ni era derechista, me dijo: cuidado, ustedes entran a manejar un tema muy sensible, un tema con el cual se van a emocionar y van a llorar. Tienen que tener claro que acá hay gente excelente buscando cosas y después hay otros que están currando.

A poco de asumir, el presidente Jorge Batlle creó en el año 2000 la Comisión para la Paz, con la misión de desentrañar qué había sucedido con las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar. En nombre de Batlle actuó el abogado Carlos Ramela, con quien le une una amistad de toda la vida. El abogado Gonzalo Fernández fue el representante de Tabaré Vázquez, entonces líder de la oposición. Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo; José Claudio Williman, abogado y político vinculado del Partido Nacional; Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita fundador de SERPAJ y que estaba en representación de Familiares; y José DElía, líder histórico del Pit-Cnt, completaban la integración de la comisión.

Carlos Ramela hizo una fuerte reivindicación del trabajo de la Comisión para la Paz, y salió al cruce de críticas que ha recibido por las conclusiones del informe que entregó en abril de 2003 al ex presidente Jorge Batlle. Ramela lamentó la actitud de familiares de detenidos desaparecidos, que no defendieron el trabajo de la comisión y guardaron un "silencio corporativo".

"Hace poco una sobrina de Julio Castro dijo la comisión nos mintió, es una vergüenza, nos dijo que nuestro tío había sido cremado y tirado al mar. Y la Comisión para la Paz nunca dijo eso. Lo que dijo en su informe es que recibió información de fuentes militares de la existencia de un operativo, que era información parcial, que no la había podido confirmar plenamente, que hablaba de procedimientos precarios, y que por lo tanto la comisión no puede hacer suya esa verdad. Lo que lamento no es que la sobrina de Julio Castro se equivoque, lo que lamento honestamente es que las autoridades de Familiares, que trabajaron con nosotros brazo a brazo, que vieron la buena fe que pusimos en todo y cómo los consultamos en todo, nunca hayan salido a levantar un cartel y decir esperen un poquito, cuidado que la comisión no dijo eso. Al revés, fue cuidadosa, y así estaba en las cartas que le dimos a cada uno de los familiares. El formato de esas cartas fue conversado mano a mano con Javier Miranda, Luisa Cuesta y otros tantos. Silencio, un silencio cómplice, un silencio corporativo, un silencio que en definitiva justifica lo que nos dijeron cuando asumimos esta comisión: ustedes se van a inmolar y nadie los va a apoyar. Y terminaron en eso. Pero bueno, son las reglas del juego y la realidad de lo que vivimos. Yo verdad la sigo buscando", dijo Ramela en la entrevista con El País.

Carlos Ramela