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Allanan locales y estudiantes no saben qué hacer

La Policía allanó ayer 15 locales de fotocopias ubicados frente a la Facultad de Derecho y detuvo a 32 personas que declararon ante la jueza de Crimen Organizado. Entre los alumnos hubo total asombro y dudas sobre cómo seguir estudiando.

Allanamiento en locales ubicados en la Galería Montecarlo. Foto: Julio Barcelos
Foto: Julio Barcelos
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Foto: Inés Guimaraens
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P. Melendrez / A. Roizen

Sobre las 10 de la mañana de ayer un importante despliegue policial coordinado por el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, llegó a la galería Montecarlo, ubicada a un costado de la Universidad de la República -con accesos por la avenida 18 de Julio y Eduardo Acevedo- y allanó 15 locales dedicados a realizar fotocopias.

Fueron detenidas 32 personas que debieron declarar en la tarde ante la jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, y la fiscal Mónica Ferrero.

Las magistradas dispusieron la liberación de los empleados y ordenaron que continuara la detención de los 12 dueños de los locales (seis hombres y seis mujeres) que volverán a declarar en la mañana de hoy. Fuentes vinculadas al caso dijeron a El País que cuatro de las personas que volverán a declarar fueron procesadas hace más de diez años por hechos similares.

Además, la Policía incautó más de 70 máquinas fotocopiadoras (que fueron retiradas por un guinche de la Intendencia) y una importante cantidad de libros originales y copiados. Por ejemplo, se encontraron doscientas ediciones fotocopiadas de un mismo libro, lo que marca la escala del negocio, dijeron a El País fuentes judiciales.

El operativo se concretó tras una denuncia presentada en mayo de 2011 por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), institución que se ocupa de editar y distribuir obras jurídicas. La denuncia plantea que en los locales de copias se ofrecen libros completos a un precio mucho menor, con el correspondiente perjuicio para la institución editora y para los autores.

Por ejemplo, en la denuncia -a cuyo texto accedió El País- se señala que el Tomo VII del Tratado de Derecho Civil del profesor Jorge Gamarra se vende a $ 300 y a $ 210 a los estudiantes, pero en los centros de fotocopiado se compra a $ 100.

Según la FCU, la reproducción no autorizada de libros debe ser castigada con una pena de tres meses de penitenciaría y tres años de prisión, en función de lo que estableció una ley de 2003 que actualizó la antigua ley de Propiedad Literaria y Artística de 1937.

Fuentes del caso indicaron a El País que los allanamientos y las detenciones demoraron porque se hizo un paciente trabajo de indagatoria en relación a los bienes patrimoniales de los dueños de los locales.

Asimismo, durante la investigación hubo policías que se hicieron pasar por estudiantes de Derecho que concurrieron a los locales de fotocopiado para constatar la situación. Por otro lado, la DGI analizará ahora la existencia de posibles irregularidades tributarias.

Asombro.

Para los estudiantes, la sorpresa fue total y el tema se convirtió en el eje de las charlas en los pasillos de la Facultad. Con el cierre de los locales, se derrumbó todo el sistema de estudio que tienen quienes se preparan para ser abogados. Se trataba de un mecanismo totalmente instalado y visto como natural, a pesar de ser notorio que había una irregularidad en relación a los derechos de autor.

En el día a día, los locales de fotocopias eran la fuente directa de abastecimiento de los materiales de estudio para los alumnos. Los propios profesores dejaban ahí los libros o los capítulos que había que estudiar y avisaban a los alumnos que pasaran a pedir una copia. Si no, eran los estudiantes que iban con un libro de biblioteca para fotocopiarlo o tomaban del "archivo" de los locales libros que ya se encontraban disponibles. Según dijeron varios alumnos de Derecho y comerciantes que trabajan próximo a los negocios allanados, las casas de fotocopias ya tenían todo un catálogo de obras a disposición. Los comercios habían ido creando una base de libros escaneados, o compraban y fotocopiaban los nuevos.

Los más solicitados, por ejemplo los Códigos, ya los tenían prontos, incluso enrulados, a la espera del pedido de algún cliente. Otros menos requeridos estaban escaneados y se imprimían en pocos minutos si llegaba un comprador.

Sergio, empleado de una librería vecina a la galería, dijo a El País que en algunos casos los dueños de las fotocopiadoras compraban los libros originales para copiarlos y ofrecerlos. "Nosotros hacemos el gasto en editar libros y ellos se llevan la ganancia por copiar", se quejó.

Agustina, estudiante avanzada de Derecho, dijo a El País que un libro que tenía que comprar costaba algo más de $ 400 en la FCU, mientras que en una de las casas de copias lo pagó $ 106. Vanesa, que está terminando la carrera, señaló que hace semanas fue a comprar un libro de Derecho Penal y en la librería lo encontró a $ 2.500, por lo cual terminó comprando una copia a $ 380.

"Todos precisamos las fotocopias para estudiar, son muy caros los libros. Además, hay ediciones agotadas que solo estaban ahí y libros con pocos ejemplares en biblioteca que es imposible repartirlos entre los alumnos del curso", dijo Sofía, que está en el fin de la carrera.

"Esto cambia todo, no sabemos qué vamos a hacer. Por suerte ya se termina el año, pero para 2014 alguna solución tendrá que haber", agregó Agustina. Vanesa, opinó: "Si quisiéramos no fotocopiar, no podemos estudiar. Todo funciona alrededor de las fotocopias, es común que los profesores dejen el material en la fotocopiadora. Ahora no te dan alternativa".

Por otra parte, dentro de la Facultad funciona un local de copias que depende del Centro de Estudiantes, donde no se copian libros enteros. En el local dijeron que tienen las copias más baratas que en los comercios externos, pero que los alumnos van en menor medida por "un tema de espacio". Estudiantes consultados dijeron que "es muy lento" y "no muy eficiente" en general.

Federico Gianero, consejero de la Facultad de Derecho por el orden estudiantil en representación de la Corriente Gremial Universitaria (CGU), dijo a El País que genera "preocupación" cómo los alumnos accederán de ahora en más a los materiales de estudio, ya que el sistema de fotocopiado "estaba institucionalizado".

"Nadie puede pretender que un estudiante de Derecho compre los libros que va a necesitar en toda la carrera, la cual implica 30 materias", dijo Gianero, y agregó que la biblioteca de la facultad tampoco cuenta con los ejemplares necesarios.

"La fotocopia de los libros ya no se ve como algo que esté mal"

La Cámara Uruguaya del Libro, institución que entre editores, libreros y distribuidores locales e internacionales tiene 69 afiliados, planteó el pasado 7 de agosto su preocupación por el fotocopiado de textos de estudio durante una comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.

"La cultura de la fotocopia de los libros se ha generalizado a tal punto que ya no se percibe como algo que está mal. Hemos llegado a un punto en el cual el docente se presenta a la clase con fotocopias en su mano, y esto sucede a todo nivel; ya no depende de la situación económica. Hemos comprobado que los colegios más caros del país también tienen esa práctica. Entonces, el trabajo del editor y del autor resulta robado", lamentó la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo.

"Es decir que el derecho del autor y el del editor sobre el libro ha sido culturalmente olvidado por la sociedad. Uno podría pensar que eso no es demasiado importante, pero el problema es que cuando se generaliza lleva a que las empresas estén en el límite de cerrar, tanto las nacionales como las que importan los libros. Ya hay un montón de puestos de trabajo que se han perdido", agregó Guglielmo en su exposición ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.

Para graficar la situación, Guglielmo comentó que el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas -donde ejerce la docencia desde 1989- rechazó un programa de estudios elaborado por un docente grado 5 "en cuya bibliografía se citaban fotocopias". "¡En la bibliografía de un catedrático! Por suerte, con buen criterio, algunos consejeros dijeron que eso no se podía aprobar", contó.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Jorge Saracini, dijo que el Estado debería reconocer la propiedad intelectual de los autores "no permitiendo que en sus centros de enseñanza ni en sus organismos públicos se fotocopiaran libros".

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