Corte pedirá a Interior reunión para elevar protección en juzgados penales.

En menos de 20 días, una alguacil y una testigo protegida fueron asesinadas, a un conocido penalista le amartillaron el arma en la cabeza en dos ocasiones, pero el tiro no salió, y dos fiscales y una jueza fueron amenazadas de muerte por dos delincuentes que integran grupos mafiosos que operan en el Cerro.

Meses atrás, una fiscal penal fue amenazada de muerte por un integrante de otro grupo dedicado al crimen organizado con influencia en el Penal de Libertad y hoy tiene custodia policial. "Esto (amenazas a dos fiscales y a una jueza) no es un fenómeno aislado. Deben ser ligados a otros hechos recientes que empañaron al Poder Judicial. Se constata un incremento del desparpajo de delincuentes en los juzgados", dijo a El País ayer el vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Gustavo Zubía.

"Estamos hablando de abogados defensores, testigos, jueces y fiscales. ¿Qué más queda? Tenemos todas las puntas de la madeja", agregó.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a El País que le preocupan las amenazas realizadas a las dos fiscales y una jueza y la falta de protección existente en los entornos de los juzgados.

"Es probable que la Corte realice un planteo formal al Ministerio del Interior referido a la custodia de operadores judiciales", agregó el jerarca.

Chediak, quien se encuentra en Guatemala participando en la II Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se desarrolla en la ciudad de Antigua, expresó que, por el momento, no recibió ningún pedido de protección por parte de la jueza amenazada el miércoles 31 por un recluso. "Por ello no hemos hecho ningún requerimiento formal (de protección) al Ministerio del Interior" para la magistrada, explicó.

Insistió que las amenazas a dos fiscales y a una jueza inquietan a la Corte. "También hemos aclarado que gracias a Dios este tipo de amenazas, que ha habido puntualmente a través del tiempo, no se han concretado en hechos que afectaran la integridad física ni la vida de operadores judiciales", advirtió el jerarca de la Corte.

Recordó que, cuando se implemente el proceso penal oral y público en el mes de julio, deberá elevarse el nivel de seguridad de todos los juzgados, sobre todo los de materia penal.

Ese tema, añadió, se analizó en forma reiterada en sesiones de la Suprema Corte de Justicia, ya que se recortaron horas del Servicio 222 (custodia policial) en sedes penales y, por ese motivo, hay juzgados que no tienen policías.

Agregó que, con el correr del tiempo y la disminución de las horas de Servicio, "se nos ha ido restringiendo" la posibilidad de contratar custodias policiales, con lo cual "nuestro nivel de seguridad ha descendido. Eso sí es una preocupación".

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación advirtieron que las condiciones de seguridad de los fiscales son reservadas y que la institución coordinó con el Ministerio del Interior acciones necesarias para brindar seguridad a representantes del Ministerio Público.

En los próximos días, el fiscal de 2° Turno, Gilberto Rodríguez, analizará las actas de los interrogatorios al preso que amenazó a la jueza y a su fiscal adjunta. En caso de que los dichos del recluso —indagado por un homicidio— sean contundentes, Rodríguez actuará de oficio y pedirá que se abra un expediente por amenazas.

Tras el pedido de Chediak, el director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo a Subrayado que la cartera está dispuesta a dialogar con la Corte, pero estos pedidos de seguridad no se pueden hacer a través de los medios de comunicación, sino que deben solicitarse "través de los canales formales".

En la Jefatura de Policía de Montevideo funciona un departamento que desarrolla tareas de policía judicial y otro que brinda custodia a jueces y fiscales.

El jerarca ministerial consideró que con esos dos departamentos están "bien encaminados" en este sentido, y que si hace falta reforzar la seguridad "con mucho gusto las autoridades del ministerio estamos dispuestas a sentarnos con el presidente de la SCJ a dialogar sobre esos asuntos".

Hoy hay jueces y fiscales, principalmente los que trabajan en Crimen Organizado, que reciben custodia policial.

Varios jueces y fiscales señalaron a El País que, a menudo, deben salir a pie de juzgados de la Ciudad Vieja por la noche sin ningún tipo de protección.

Tras aclarar que la Corte no ha recibido planteos formales sobre la seguridad en el entorno de las sedes, Chediak dijo que ese tema se analizará en la sesión de la próxima semana.

En esa misma línea, Zubía advirtió que, dentro de los juzgados, el clima es cada vez más agresivo y recordó que reclusas mujeres, en un reconocimiento, hacían gestos obscenos con las manos a testigos que se encontraban del otro lado del vidrio espejado.

La gremial de Fiscales solicitó a la Fiscalía de la Nación que pida al Ministerio del Interior custodia para la fiscal amenazada por un delincuente integrante de un grupo mafioso.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, señaló que no se solicitará una custodia para la magistrada amenazada porque ella le restó trascendencia al incidente al dialogar con un integrante de la directiva. Sin embargo, agregó, la gremial se solidarizó y se puso a disposición por si la magistrada necesitaba alguna medida de protección.

Con respecto a la falta de protección de las magistradas a las salidas de los juzgados en horas nocturnas, Reyes reconoció que ello ocurre a menudo pero, por el momento, no ocurrió ningún incidente.

Reyes señaló que la gremial de magistrados no deseaba minimizar el incidente ni crear alarmismo cuando aún faltan elementos de análisis de lo sucedido en el Juzgado Penal de 2° Turno.

Efectivos de la Unidad de Hechos Complejos y de Policía Científica encontraron huesos en una casa del Cerro. En un principio se sospechó que podrían tratarse de restos de un delincuente conocido como "el Oreja". Hoy Policía Científica se expedirá sobre si el hallazgo pertenece a un humano o a un animal. El "Oreja" salió de la cárcel hace seis meses y desapareció hace dos. La Justicia investiga una información sobre que el delincuente habría sido asesinado, desmembrado y enterrado con cal.

Fueron dos casos que estremecieron al sistema policial. Uno refiere a la mujer que había sido testigo de un crimen y fue asesinada de un balazo en la cabeza a mediados de mayo de este año. Laura Tarmezano Gómez de 28 años, había tenido custodia policial en torno a su vivienda, pero se la habían retirado dos días antes. La mujer recibió un balazo en la cabeza sobre las 6 de la mañana cuando tomaba mate en el pasillo de una vivienda ubicada en la calle Real esquina Adolfo Vaillant.

Un hombre se acercó y le gritó: "¡Esto es por alcahueta!" y le disparó. La mujer falleció horas más tarde en el Hospital Maciel por impacto de bala en cráneo.

Con ella estaba su hijo de 6 años y dos jóvenes de 23 y 19 años, hermanos entre sí. Uno de ellos fue baleado al forcejear con el atacante y este también resultó herido. El presunto atacante fue arrestado y al ser indagado, señaló que había sido baleado en una rapiña y que prefirió no realizar la denuncia.

El otro caso ocurrió en San José hace menos de un mes: el 19 de mayo. Se trata de la alguacil Susana Odriozola.

Si bien las primeras hipótesis estimaron que las causas del crimen podrían estar relacionados con su profesión, los investigadores policiales concluyeron que el crimen ocurrió en un "intento de arrebato" y que en el forcejeo "se disparó el arma". Negaron que el asesinato fuera por encargo y que tuviera relación con la actividad profesional de la víctima o de la de su hermana, la jueza penal María Noel Odriozola.

La alguacil cayó exánime en la vereda. Falleció poco después en el hospital. Testigos relataron a la Policía que su atacante tomó a Odriozola por el cabello y luego disparó. "En el suelo quedó la cartera y el celular moderno de la víctima. Yo los recogí", dijo uno de los testigos a El País.

Tras balear a Odriozola, los dos acusados se dirigieron hacia el norte de la ciudad.

TEMOR EN LOS JUZGADOS