SIN PERSPECTIVAS

Alerta por distribución de gas

En el balance de la empresa que atiende el interior, la auditora duda sobre su futuro

El uso del gas natural no desplegó en la última década como se planeaba. Foto: D. Borrelli
El uso del gas natural no desplegó en la última década como se planeaba. Foto: D. Borrelli

Mientras que la empresa estatal brasileña Petrobras pidió un arbitraje con el que reclama al Estado uruguayo un monto de al menos US$ 50 millones para dirimir sus diferencias vinculadas con Conecta, la distribuidora de gas natural por cañería en el interior del país, la auditora que revisó los balances de esta empresa advirtió que corre riesgo su viabilidad si no se concreta la construcción de la planta regasificadora, interrumpida desde 2015, según supo El País.

Además, Petrobras tiene intención de requerir también un arbitraje para dirimir las diferencias suscitadas en torno a MontevideoGas, la distribuidora en la capital, pero en este caso solicitó confidencialidad.

Serio riesgo.

El directorio de Conecta aprobó sus balances el lunes pasado y el director en representación de Ancap, Ruben Schiavo, dejó constancia de la oposición de la empresa pública a que Petrobras, accionista mayoritaria de la distribuidora, reclame un resarcimiento al Estado uruguayo como hizo. Schiavo votó en contra por expreso pedido del Directorio de Ancap, según supo El País. Petrobras anunció su voluntad de demandar a Uruguay en reclamo “del cumplimiento de medidas que corrijan diversos problemas que afectan sus operaciones”. La empresa brasileña está molesta porque el Estado ejecutó una garantía de US$ 3 millones por un supuesto no pago de canon correspondiente a MontevideoGas.
En cuanto a la regasificadora, si bien la ministra de Industria Carolina Cosse asegura que se sigue en tratativas con Shell para reflotar el proyecto, lo cierto es que está hace más de un año totalmente paralizada. Y una comisión investigadora parlamentaria analiza el proceso por el que se adjudicó su construcción. Cosse ha dicho que la demanda de Petrobras es “inexplicable”.

Hay unos 45.000 usuarios de gas natural por cañería en Uruguay (en Montevideo, Ciudad de la Costa, Paysandú, Colonia y San José). Este producto energético no tuvo el despegue que se esperaba cuando se construyó el gasoducto Buenos Aires-Montevideo. Tanto la distribuidora de la capital (MontevideoGas) como Conecta son operadas por Petrobras y están en severos problemas económicos. El último balance de Conecta arroja una pérdida de alrededor de US$ 3 millones, supo El País. Conecta no ha podido desarrollar una expansión significativa de su red y no realiza casi inversiones. Tiene apenas unos 3.000 usuarios. Por ahora la posición de Ancap es mantenerse en ella como accionista aunque si se descarta totalmente la construcción de la regasificadora podría revisar su decisión. El ente tiene en su presupuesto anual una partida destinada a cubrir sus aportes a Conecta y “las pérdidas no son gigantes pero son continuadas”, señaló una fuente. En Conecta, Ancap tiene el 45% de las acciones y el resto corresponde a Petrobras.

Por otro lado, en Montevideo se ha perdido el 12% de los usuarios de gas natural que había en 2004 (casi 5.500 ), y Petrobras ha planteado reducir su plantilla de trabajadores en un 10% este año (ver nota aparte).

La multinacional señaló en un comunicado que “las condiciones en que las concesiones a sus distribuidoras de gas en Uruguay se realizaron” en 1994 y 1999, “no perduraron”, y que debido a “los cambios en las condiciones de las exportaciones del gas argentino para Uruguay”, el precio de la importación del gas argentino para el país se multiplicó “por ocho entre 2005 y 2015”.

Tras la interrupción de las obras de la regasificadora, Petrobras entiende que “las condiciones de suministro de gas empeoraron”, ya que “se encarecieron y los nuevos costos aún no fueron contemplados en las tarifas por el Estado”.

Ya en los comentarios de los balances de 2015 de Conecta (los últimos públicos) PWC advertía del riesgo que suponía la interrupción de las obras de la regasificadora. “La determinación de la fecha de la puesta en funcionamiento de la planta regasificadora no puede ser actualmente determinada, y la sociedad (Conecta) no ha determinado y reconocido las eventuales pérdidas adicionales por deterioro que podrían ser necesarias en el caso que estas premisas finalmente no se cumplieran. Asimismo esto indica la existencia de una incertidumbre significativa que podría suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en marcha”, dice la consultora. La auditora señala que Conecta no ha cumplido con la cantidad mínima de usuarios potenciales comprometidos.

En cuanto a la distribución en Montevideo, la empresa pública transmitió que de ninguna manera ingresará al paquete accionario de MontevideoGas como reclama el gremio. En su momento se firmó un preacuerdo para que Ancap entrase al paquete accionario de MontevideoGas con un 50%, pero luego los problemas en la empresa pública llevaron a que se descartara esta posibilidad.

Petrobras dice haber invertido más de US$ 60 millones en las distribuidoras. En 2006 ingresó al paquete accionario de MontevideoGas que pasó a controlar totalmente más adelante a pedido del gobierno uruguayo, aunque la empresa estatal brasileña tenía dudas respecto a la rentabilidad del negocio.

Pese a los problemas, Petrobras aseguró en mayo, que tanto MontevideoGas como Conecta “siguen cumpliendo con todas sus obligaciones y manteniendo el servicio de distribución de gas con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria”.

Dos arbitrajes, dos normativas.

La carta entregada el 7 de septiembre pasado al embajador brasileño Hadil Fontes señala que la demanda brasileña agrega un elemento más de incertidumbre al Mercosur. El País supo que en el caso de Conecta el arbitraje, si se llega a concretar, se regirá por la normativa internacional para estos casos, pero en el caso de MontevideoGas lo haría por las leyes locales.

La carta dice que “las acciones de Petrobras determinan un perjuicio general para el pueblo uruguayo y en particular en lo económico si los fallos arbitrales resultan adversos porque el Estado nutre sus finanzas del mismo”. En la carta los firmantes, entre los que estaba el expresidente de la República, José Mujica, pedían a Petrobras desistir de las demandas para evitar ese perjuicio y a concentrarse en brindar un apropiado servicio de distribución de gas natural.

Petrobras quiere congelar salarios y reducir la plantilla 10% en MontevideoGas

El sindicato de MontevideoGas, empresa en la que el 100% de las acciones son de Petrobras, entiende que esta “ha optado por entrar en guerra con el gremio y con el Estado también”, dijo su presidente, Martín Guerra. El sindicalista señaló que el convenio laboral está vencido y que la empresa pretende congelar salarios y bajar en 10% el personal para lo cual está ofreciendo jubilaciones anticipadas. Se realizaron dos reuniones para renovar el convenio, pero las tratativas están ahora paralizadas y, según Guerra, la empresa ha dicho que si gobierno se alinease con las pretensiones salariales del sindicato en las tratativas tripartitas, realizaría envíos al seguro de paro. El sindicalista también señaló que la empresa pierde 70 usuarios por mes, está sumida “en la incertidumbre total”, y no realiza promociones comerciales para crecer. “Si seguimos así van a terminar fundiendo las dos empresas (Conecta y MontevideoGas), avisó. El sindicato de MontevideoGas y personalidades políticas y artísticas entregaron el 7 de septiembre una carta al embajador de Brasil, Hadil Fontes, en la que solicitaban al gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, que desista de sus reclamos, pero Guerra señaló que tienen aún ningún tipo de novedad respecto al planteo. El reclamo brasileño tiene un piso mínimo de US$100 millones. Cuando Petrobras compró a Gaz de France sus acciones en MontevideoGas las pagó a unos US$ 8 millones.

Este año el gobierno uruguayo llegó a un acuerdo con Argentina que le permite adquirir 50.000 metros cúbicos más por día de gas natural a un precio 30% inferior. Lo que no ha logrado es confirmar el interés que en algún momento insinuó el gobierno argentino de Mauricio Macri por el gas natural que hubiese producido la regasificadora que podría haberle dado viabilidad al proyecto. La obra ya no es prioritaria reconoció la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, más allá de que se prorrogó el plazo para negociar con Shell que había vencido el pasado 31 de agosto.

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