EL CIERRE DE UNA ETAPA
Tanto denunciantes como defensores sostienen que probaron sus posturas ante la jueza.
Hace tres días, al finalizar la audiencia donde declaró el exdirector frenteamplista de Ancap, José Coya Gómez, todos los abogados del caso fueron a un restaurante cercano al Juzgado y tomaron un café. Discutieron algunos detalles del expediente y luego se sacaron una foto juntos. Pese a la buena relación entre los profesionales, las discrepancias sobre la marcha de las denuncias y del expediente son profundas. Luego de 20 meses de investigaciones, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, ajustaron el foco en líneas generales a cinco temas: la utilización de las tarjetas corporativas de Ancap por parte de los directores; los negocios de intermediación del ente con Petroecuador y la compañía holandesa Trafigura acusada de corrupción en varios países; la cancelación de deuda con la petrolera venezolana Pdvsa y los gastos en publicidad y la contratación de la agencia La 10.Para los abogados de la oposición, los hechos denunciados han sido probados sin perjuicio que queda claro la existencia de un gasto excesivo en publicidad y variaciones sustanciales en los montos de inversiones. También entienden que, en la gestión de Ancap hay un patrón: la concreción de negocios millonarios sin llamar a licitación.
Los abogados del oficialismo entienden que, al finalizar los interrogatorios a 32 indagados, no surgen ilícitos en la gestión de Ancap entre los años 2010-2015; hay suficiente documentación de los negocios hechos por el ente y no hubo pérdidas millonarias como dijo la oposición.
Para el abogado del Partido Independiente, Pablo Donnangelo "está clara" la prueba de que Sendic usó la tarjeta de Ancap para fines personales.
La abogada de Unidad Popular, María del Carmen Dávila, expresó que se ha demostrado que el uso de las tarjetas se efectuó.
Agregó que Sendic explicó en el Juzgado Penal los gastos de un colchón y de una bermuda, pero por las otras erogaciones "no supo dar explicaciones".
Dávila dijo que Sendic fue "el único que la usó con exceso" porque otros exdirectores "casi no la usaron", dijo.
El abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, dijo que habrá que estudiar toda la documentación y verificar si Raúl Sendic usó la tarjeta corporativa para fines vinculados al cargo o fines personales.
El abogado de Sendic, Gumer Pérez dijo que su defendido no tenía obligación de rendir cuentas de su tarjeta e igual lo hizo y señaló que los comprobantes de gastos presentados pasaron a la Gerencia Financiera y de ahí al Tribunal de Cuentas y nunca fueron observados por ese organismos de contralor.
La abogada defensora de los directores Germán Riet y Juan Gómez, Laura Robatto dijo que todos los directores declararon que las usaron acorde al Reglamento de Ancap.
Robatto señaló que sus defendidos utilizaron las tarjetas de crédito "en forma correcta" y tienen en su poder todos los comprobantes.
El Partido Colorado no denunció el uso de tarjetas, dijo el abogado de esa colectividad política, Jaime Sapolinski.
El abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, dijo que quedaron probados los hechos denunciados por los parlamentarios blancos sobre los negocios de crudo entre Ancap, Petroecuador y Trafigura. A Uruguay llegaba petróleo, este era refinado en La Teja y trasladado a Ecuador. "Quedó probado que Ancap operó siete meses sin contrato. No se hizo un proceso competitivo antes de elegir a Trafigura".
La abogada Laura Robatto dijo que la oposición realiza la interpretación de que Ancap, Petroecuador y Trafigura realizaron negocios por US$ 700 millones durante siete meses y sin contrato. "En ese caso no se necesita llamado a licitación. Cada compra está debidamente documentada como lo declararon prácticamente todos los directores. Fue una operación aprobada por unanimidad en el Directorio. Se pretendió darle oscuridad a un tema que no la tenía", dijo.
El asesor de Sendic, Gumer Pérez, dijo que, con este negocio, Ancap ganó US$ 6 millones y que el propio senador Pedro Bordaberry dijo que no hubo delito en la intermediación con Ecuador y Trafigura.
La abogada de Unidad Popular, María del Carmen Dávila, dijo que le preguntó a Sendic si sabía que Trafigura había estado involucrada en delitos de corrupción en varios países. "Su respuesta es que Ancap nunca había tenido problema con Trafigura. Es un negocio que no se debió haber hecho pese a las ganancias que se dice que percibió Ancap", señaló.
El abogado del Partido Independiente, Pablo Donnangelo, dijo que Trafigura participó en negocios de gran magnitud sin haber sido elegida mediante licitación.
La abogada Laura Robatto dijo que Ancap y la petrolera venezolana Pdvsa negociaron una cancelación anticipada de deuda que generó un beneficio económico para Uruguay. En algunos tramos de ese acuerdo participó la empresa Exor, que luego fue descartada. "El acuerdo entre ambas partes fue, en un principio, muy beneficioso para Uruguay, porque Ancap compraba petróleo pagando el 75% de la compra a 90 días y el resto en un plazo de 15 años". "La cancelación anticipada fue un éxito. Se logró una primera quita de un 28% y en una segunda vez de un 38%. No veo cómo se dijo que Ancap perdió sumas millonarias", dijo Robatto.
El abogado de Sendic, Gumer Pérez coincidió con Robatto. "Con esa cancelación de deuda hubo un ahorro para el país de US$ 300 millones que fue avalado por una ley que votó por unanimidad todo el Parlamento", dijo.
El asesor jurídico del Partido Colorado, Jaime Sapolinski, dijo que "hay una red de amigos" en este negocio. "Alguien tenía un amigo en Pdvsa y surgió una negociación con Ancap. Acá hay cosas que no cierran demasiado", dijo.
El abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, afirmó que el Estado permitió la intermediación de Exor sin un proceso competitivo y generó un juicio millonario. Una opinión similar dio el abogado del Partido Independiente, Pablo Donnangelo. "Sigo sin entender por qué se decidió pagar con anticipación una deuda que tenía un excelente interés de financiación, más allá de la quita", indicó.
La abogada de Unidad Popular, María del Carmen Dávila, dijo que sobre este tema también hubo respuestas evasivas de los directores del ente indagados por la Justicia.
El remolcador "Ky Chororó" fue bautizado en mayo de 2013 por las autoridades de Ancap y el entonces presidente de la República José Mujica. Sin embargo, ha demorado en entrar en servicio, lo que fue denunciado por el propio sindicato de Ancap.
La abogada de Unidad Popular, María del Carmen Dávila, entendió que en la construcción de la embarcación hubo irregularidades que alcanzan a la Armada. Agregó que cuando se contrató, durante varios años, un remolcador para suplir al Ky Chororó se hizo sin llamar a licitación.
El abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, dijo que en la construcción de ese remolcador y de dos barcazas hay una contradicción entre la Armada y Ancap sobre quién contrató a la consultora RN para diseñar al Ky Chororó. "Ancap dice que fue la Armada y viceversa", dijo.
La abogada Laura Robatto dijo que se hizo una transacción entre Ancap y la Armada y esta no se llevó a cabo por un tema de medición de los buques donde intervinieron técnicos de todas las partes, fue a tribunales y hay demandas.
"No veo ninguna irregularidad", dijo la abogada de los exdirectores Riet y Gómez.
Luis Lozano, abogado del funcionario de Ancap Ricardo Lemes, dijo que quedó demostrado que los empleados del ente actuaron de acuerdo a Derecho y bajo la dirección del Directorio.
El abogado de Sendic, Gumer Pérez expresó que el organismo uruguayo no participó en la logística de la construcción del remolcador: fue la Armada y RN.
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