El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Ruibal Pino dijo a El País que la aplicación del Código del Proceso Penal (CPP) por regiones, como se planea instaurar, provocaría una "movilidad delictual elevada".

Ruibal Pino, el único de los ministros que manifestó reparos para aplicar el nuevo Código por regiones, dijo que de llevarse a cabo de esta manera ocurriría lo mismo que sucedió en la Ciudad Vieja cuando se saturó la zona con seguridad y videovigilancia: un corrimiento de los delitos a otras zonas de Montevideo.

Ruibal Pino opinó en la misma línea argumental que el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Este había manifestado a radio Montecarlo que "la entrada en vigencia de un nuevo sistema en una parte y que se mantenga el antiguo en otras partes tiene vicios de inconstitucionalidad".

Díaz señaló que "vulnera el principio de igualdad" y mencionó a modo de ejemplo el tema de la prisión preventiva, que es eliminada por el nuevo Código y seguiría vigente en parte del territorio si se aplica por zonas.

"El tema no es tan radical. Podría llegarse a una solución para implantar el Código gradualmente", opinó Ruibal Pino. Esto se lograría, por ejemplo, aplicándolo primero a algunos delitos. "Yo me allano a encontrar una solución", agregó.

El ministro de la Suprema Corte recordó que no definirá la Corporación este tema sino el Parlamento. Y, dijo, el presidente Tabaré Vázquez es partidario a implantar el nuevo Código de manera gradual, de lo que también son partidarios los otros ministros de la Corte aunque no es determinante en este tema.

El nuevo CPP fue aprobado a fines de 2014 y tras cuatro años de discusión parlamentaria. Este consagra un sistema acusatorio, oral y público y determina una nueva regulación para la prisión preventiva, que deja de ser preceptiva en los casos de personas con antecedentes.

Esto último implica que serán los fiscales quienes desarrollarán las indagatorias y los jueces pasarán a ser terceros imparciales que resolverán.

En la actualidad el juez dirige la investigación y además resuelve.

Al acelerarse los procesos, se tenderá a solucionar uno de los grandes problemas de la justicia uruguaya. Hoy el 64% de 9.813 personas que están privadas de libertad no tiene sentencia.

El nuevo CPP requerirá una inversión de más de US$ 25 millones por concepto de creación de cargos de jueces, fiscales, defensores de oficio e infraestructura y su entrada en vigencia está prevista para el 1° de enero de 2017.

Sin embargo, desde el punto de social, el principal cambio está en la nueva regulación de la prisión preventiva, que pasa a ser la excepción y no la regla como ocurre hoy. Y ahí radica la principal objeción de algunos operadores judiciales.

La instauración del nuevo Códigos por zonas implicaría que la misma persona recibiría prisión preventiva en una zona del país y quedaría en libertad en otra.

Aplicación del CPP por zonas sería inconstitucional