Según un informe del Ministerio de Trabajo, en base a cifras del Banco de Seguros del Estado (BSE), en 2014 los accidentes laborales volvieron a descender, aunque en menor cantidad que la registrada entre 2012 y 2013; en total hubo 544 casos menos.

Los registros de los últimos años muestran que en 2011 hubo un total de 54.000 accidentes laborales en todo el país, en 2012 la cifra se ubicó en 53.000, en 2013 bajó a 51.730 y en el último año totalizó 51.186 accidentes.

El estudio marca, como complemento, que si se analiza la relación entre accidentalidad total y la cantidad de trabajadores ocupados, también se observa un descenso, algo que viene ocurriendo desde el 2011.

De todos modos, las cifras siguen siendo altas y preocupantes, y desde varios sindicatos mantienen fuertes reclamos para que se atienda este tema (ver aparte), a pesar de que a comienzos del año pasado ya fue aprobada la ley que determinó la responsabilidad penal empresarial en los casos de accidentes laborales.

Los registros de la cartera de Trabajo y Seguridad Social marcan que en 2014, el 47,5% de los accidentes ocurrió en Montevideo, y el resto en el interior, siendo Canelones, Maldonado y Colonia los departamentos que siguieron a la capital en cuanto a cantidad de siniestros ocurridos.

Al analizar la distribución de accidentes según grupos de actividad, se aprecia que el 15,1% del total se produjo en el ramo "comercio en general", seguido por el 14,3% ocurrido en la industria de la construcción y actividades complementarias, y luego los servicios profesionales, técnicos y especializados, con 9%. Ganadería, agricultura y actividades conexas sumaron el 7,6% y servicios de salud y anexos el 6,5%.

En las empresas públicas hubo 893 accidentes laborales, lo que implicó un 2% del total y en "servicios de enseñanza" se contabilizaron 462 casos, lo que corresponde a un 1%, mientras que el resto de las áreas se dividió en porcentajes menores.

En tanto, al cierre de 2014 el Sunca había informado que en el correr del año habían fallecido 12 trabajadores de la construcción en accidentes laborales.

Al analizar los distintos tipos de accidentes registrados, se aprecia que la "caída de personas" es la situación con mayor recurrencia, sumando un 30,3% del total. Los esfuerzos excesivos o falsos movimientos totalizan 21% y el resto del porcentaje se divide en diversas causas, desde caída de objetos y golpes, hasta choques y "exposiciones".

En cuanto a las partes del cuerpo que los trabajadores se lastiman en los siniestros, se señala que los miembros superiores son la parte más afectada, sufriendo consecuencias en el 32,2% de los accidentes laborales. Luego, figuran los miembros inferiores, con el 20,3%. La espalda sufre daños en el 10% de los casos y la cabeza es parte afectada en el 9,7% de los accidentes, mientras que el resto de los casos se divide en porcentajes menores en otro tipo de heridas.

El documento expresa que en términos generales se puede afirmar que la mayoría de los accidentes son del tipo "caída de personas; como consecuencia la parte mayormente afectada son los miembros superiores, ubicados en el costado derecho, siendo el agente material del accidente el ambiente interior del trabajo".

Además, se pudo determinar que el 61,3% de los accidentados son hombres y el 23,1% mujeres. Al observar el rango etario, el que va de 30 a 49 años es el de mayor incidencia (44%), pero los jóvenes también sufren gran cantidad de accidentes, representando el 37,5% entre los siniestrados.

Otro dato presentado, que resulta por demás llamativo, es que el 46,1% de los accidentados son jornaleros, mientras que el 33,4% son trabajadores con contrato mensual.

El documento también señala que el 45% de los accidentes laborales los tienen trabajadores con hasta dos años de antigüedad en la empresa, elemento sobre el cual se expresa "que quienes tienen menos conocimiento de la tarea que desempeñan, en términos relativos, son los que sufren más accidentes".

En tanto, la ley de responsabilidad penal empresarial, aprobada en marzo del año pasado, ha recibido críticas y ya hubo recursos ante la Justicia señalándola como inconstitucional.

Sin embargo, hace 10 días, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se expresó a favor de la constitucionalidad de la norma. Tal pronunciamiento ahora está a estudio de los ministros de la Suprema Corte.

El sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo (Adeom) volvió a cargar contra las autoridades municipales en el día de ayer, al cumplirse un año de la muerte del jefe de Mantenimiento de la Usina 3, José Bustabad, en el marco de un accidente laboral que la Justicia aún investiga.

Pocos minutos después de las 9:30 de ayer, más de 200 funcionarios municipales se reunieron en la usina, ubicada en Callao y Camino Corrales, sitio en el que trabajaba el empleado y donde ocurrió el accidente. Allí, junto a la familia del fallecido, se realizó un minuto de silencio y se inauguró una placa que lo recuerda. La misma dice: "Homenaje a la memoria de José Bustabad, compañero fallecido a causa de la falta de medidas de seguridad laboral".

En los muros de la Usina 3 el descontento del gremio con la cúpula municipal se refleja con claridad. "La IMM no respeta normas de seguridad laboral. No hay inversión en limpieza. Los municipales denunciamos la mala gestión, la seguridad no se negocia. Señora intendenta, ¿soluciones para cuándo? La muerte de José sigue impune", son algunas de las frases pintadas en los muros que cubren toda la manzana.

Aníbal Varela, secretario general de Adeom, dijo a El País que viene siendo "muy lenta" la investigación judicial, y se quejó porque aún "no se ha citado a ningún jerarca municipal" a declarar por lo ocurrido el año pasado. El funcionario falleció luego de caer de una altura de tres metros, mientras reparaba un camión, pero los municipales y la Intendencia mantienen acusaciones cruzadas sobre las causas de su muerte.

Mientras la comuna afirmó que Bustabad murió por causas naturales, tras sufrir un paro cardíaco, Adeom y la familia del fallecido señalan que tras caer, el trabajador aspiró aceite de una fosa mecánica, lo cual terminó por causarle el deceso. El entredicho llevó a que la familia del empleado y el sindicato recurran a la Justicia.

Se presentó una demanda civil contra la IMM por más de US$ 400.000 y también una denuncia penal para que la muerte del funcionario se investigue al amparo de la ley de responsabilidad penal del empleador. "Queremos que se investigue a fondo y que sea más rápido, estamos pidiendo eso a la Justicia, que sabemos que es lenta pero llega", dijo Varela.

El sindicalista afirmó que esperan ver resultados cuanto antes. Expresó que discrepan con la postura de la IMM sobre la muerte a causa de un paro cardíaco, y dijo que seguirán planteando el tema y analizarán si es necesario tomar más medidas para aclarar las responsabilidades por la muerte de Bustabad, además de presentar su plataforma de reclamos al próximo intendente, tras las elecciones del 10 de mayo.

"Exigimos justicia para el compañero y que el juez que tiene la causa se expida, porque está investigando un accidente. Tenemos que tener en cuenta que nunca más puede pasar que tengamos que hacer un homenaje a un compañero porque la Intendencia no respetó las medidas de seguridad", dijo Varela ayer, ante los más de 200 funcionarios presentes, la mayoría de ellos vestidos con el correspondiente uniforme naranja que utilizan para su tarea.

El sindicalista expresó, en un breve discurso, que el deber de los trabajadores municipales es "que en cada lugar de trabajo haya un compañero de seguridad laboral que haga respetar los artículos al respecto". Varela opinó que el gobierno "a veces deja mucho que desear" en la aplicación de las leyes de condiciones de trabajo debido a la "falta de presupuesto". "Esta es una lucha que tenemos por delante en memoria del compañero, que nunca más pase nada", finalizó Varela.

Tras las palabras del secretario general del sindicato de funcionarios municipales, en la puerta de uno de los talleres de la Usina 3, dos parlantes reprodujeron la Internacional Socialista, y varios acompañaron el canto.

Con motivo del homenaje al trabajador fallecido, los funcionarios de Limpieza de la IMM pararon ayer dos horas en el turno de la mañana y otras dos horas en el turno de la tarde.

La ley de responsabilidad penal empresarial fue aprobada en marzo del año pasado solamente con los votos del Frente Amplio y en medio de una fuerte presión sindical. La norma establece que "el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión". Plantea que los amparados por la misma y, en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que los que ella les acuerda, a no ser que en estos haya mediado dolo o culpa grave por parte del patrono en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención.

En el acto realizado ayer en la Usina 3, estuvieron presentes todos los integrantes del Consejo Ejecutivo de Adeom, encabezados por Aníbal Varela. En tal instancia, se destacó que más allá de pertenecer a corrientes distintas del sindicato, estaban juntos detrás de esta causa, hecho que pretendió ser una fuerte señal de unidad a la interna, dado que en tres días el sindicato tiene elecciones para elegir nuevas autoridades. La realidad muestra que la titularidad del sindicato de municipales presenta gran disputa. En un artículo de El Municipal, (el boletín oficial de Adeom), la histórica sindicalista de los municipales, Mabel Lolo, publicó una carta en la que dice que "la vieja ética sindical se ha modificado en Adeom". Allí denuncia que "hoy algunos de los militantes y dirigentes utilizan el amiguismo y el trasladismo para lograr mejores salarios, horas y compensaciones extras, no les importa la carrera, ni si pisotean el derecho de los demás. No entienden de principios", expresó.

Con la ley penal empresarial, sólo hubo 544 casos menos durante el 2014