FILMACIÓN COMPROMETEDORA

Abren otra investigación penal contra mutualistas

Ya comenzaron las citaciones de mandos medios de mutualistas por vinculación con promotoras.

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El ministro Basso concurrió al Parlamento citado por el senado blanco Javier García. Foto: F. Flores

El gobierno presentó una denuncia para que la Justicia especializada en Crimen Organizado investigue si directivos de mutualistas incurrieron en delito de intermediación lucrativa durante la apertura del corralito mutual. Una filmación anónima sobre captación de afiliaciones frente a una mutualista llegó a despachos de jerarcas del Ministerio de Salud Pública (MSP). En el registro fílmico se muestra, en detalle, la operativa realizada por una empresa promotora para captar afiliados.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, resolvió plantear el tema a la Presidencia de la República y desde allí se ordenó al Ministerio de Salud Pública que denunciara el caso en la Justicia de Crimen Organizado, afirmaron fuentes ministeriales. El asesor jurídico del ministro Basso, Gumer Pérez, presentó, a mediados de febrero de este año, el escrito en la sede especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, cuyo titular es la jueza María Helena Mainard.

"Ya se están tomando declaraciones a varias personas supuestamente involucradas con el caso", dijeron fuentes del caso a El País.

En forma paralela, el Juzgado de 16° Turno, cuyo titular es la jueza Julia Staricco, investiga casos de intermediación lucrativa —seis personas ya fueron procesadas con prisión.

La investigación se inició con una megaestafa realizada por un joven de 23 años contra el Fondo Nacional de Recursos (Fonasa) y el Banco de Previsión Social (BPS ) y continuó con afiliaciones ilegales a mutualistas realizadas por empresas promotoras.

Dadas las similitudes de ambas causas judiciales, es probable que el juzgado especializado en Crimen Organizado aglutine ambos expedientes. Para la Policía, quedó probado que hay una organización delictiva que lucra con los traspasos de una mutualista a otra, ya que es ilegal que un centro asistencial pague a un promotor para que le consiga afiliados, dijeron fuentes judiciales a El País.

En la tarde de ayer, en el marco de la investigación sobre eventuales delitos de intermediación lucrativa en el área de la salud, la jueza Staricco y la fiscal penal Mónica Ferrero indagaron a un abogado del Fondo Nacional de Salud, a dos funcionarios del Banco de Previsión Social, a una persona que recibió $ 500 de una empresa que realizaba afiliaciones, y a una mujer que efectuó dicho pago.

Esta mujer quedó detenida hasta hoy a la espera de un pronunciamiento de la fiscal Ferrero sobre su situación.

Al mismo tiempo, Staricco y Ferrero citaron para esta jornada a tres funcionarios de mutualistas. El objetivo de las citaciones es obtener pruebas que vinculen a las mutualistas con los promotores que realizaban afiliaciones, señalaron fuentes del caso a El País.

Operadores judiciales y policiales sospechan que la banda integrada por el joven de 23 años procesado, contaría con cómplices dentro del BPS, puesto que llama la atención que las 80 empresas fantasmas que se utilizaron para realizar la maniobra no hayan sido detectadas por la institución. La complicidad del BPS fue denunciada por la Fiscalía.

La estafa consistía en inscribir en falsas empresas a personas que residían en asentamientos a cambio de pagarles entre $ 500 y $ 1.000. Los estafadores luego los anotaban, a través de promotores, en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 1.800. La estafa es millonaria, puesto que el Fonasa pagaba a las mutualistas por estos usuarios un dinero por concepto de cápitas, sin que estos hicieran sus aportes.

El 9 de febrero de este año, El Observador consignó que, desde el año pasado, el MSP realizó varias denuncias penales, que terminaron con procesamientos. En este marco, se constató que en los meses previos al período de movilidad regulada, algunos prestadores de servicios pagaron para captar socios.

En comisión.

A la comisión del Senado comparecieron ayer el ministro Jorge Basso, la subsecretaria Cristina Lustemberg, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa) Arturo Echeverría, y por el Banco de Previsión Social (BPS) la vicepresidenta María del Rosario Oiz.

Fueron consultados por los legisladores, particularmente de la oposición, sobre los detalle de la estafa al Fonasa. En ese marco, los senadores notaron una "actitud diferente" del ministro Basso y de la delegación del BPS. Para el senador Javier García, que fue el convocante de las autoridades, el banco "le bajó el perfil" al problema, mientras que el MSP no, ya que ordenó el 2 de este mes una investigación administrativa y sumario por el caso, como le había pedido García.

Oiz dijo a los senadores que el BPS estaba en conocimiento del problema desde febrero de 2016, y que en noviembre del año pasado se llegó a la convicción del comportamiento ilegítimo en torno a las afiliaciones.

García le preguntó a Oiz "por qué no hizo la denuncia en noviembre pasado" y esperó los procesamientos de la jueza el 28 de febrero. Explicó que el Banco quería tener todo el proceso armado.

Además, García le preguntó a Echeverría cómo pudo haber empresas con promotores que iban con carpetas a cambiar afiliados de mutualistas, cuando el compromiso de gestión para hacerlo establece que el postulante debe ir en persona a hacer el trámite y con su cédula. Y el jerarca respondió que se aceptaba esa acción y agregó que hay una interpretación que dice que alcanza si concurre una persona con varios casos.

En el curso de la reunión, se le preguntó al ministro Basso si podía confirmar si había directivos o funcionarios de mutualistas involucrados en la materia, a lo que respondió que no tenía "elementos por ahora" para pensarlo, en tanto está en reserva la investigación judicial.

Salud Pública evalúa eliminar el "corralito" del mutualismo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entiende que el sistema mutual está "estable" y que es posible que para 2018 no exista más el "corralito" mutual, según analizó el ministro Jorge Basso ante la comisión de Salud Pública del Senado. El ministro afirmó en la comisión que una vez que se termine con la intermediación lucrativa sobre los socios de las mutualistas, hay que evaluar "el levantamiento del corralito" porque "no tiene sentido".

"El sistema ya tiene un grado de estabilidad donde no tiene sentido. Si se combate la intermediación lucrativa se puede levantar el corralito", se explayó el titular del MSP.

Al respecto, el ministro Basso declaró tras la reunión de la comisión del Senado que el "corralito mutual le quita libertad al ciudadano" ya que "un paciente que está disconforme con la mutualista tiene que tener derecho a irse cuando quiera, no tiene que seguir pagando por eso".

En un comunicado que se publica en esta misma edición de El País, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud (CIES), la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) y Médica Uruguaya reivindicaron "el derecho a la libre elección de los usuarios y la potestad de asistirse en los servicios de salud que mejor atención provean a sus necesidades, convicciones y valores personales".

Por eso mismo, el grupo sostiene su rechazo a "cualquier tipo de acción que atente contra la libre elección del prestador de salud por parte de los usuarios".

ASSE fue quien más usuarios perdió.

El 38,2% de los usuarios que se cambiaron de institución de salud en el último corralito se atendían en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y decidieron pasar a una mutualista. Los hospitales públicos perdieron 21.019 usuarios (11.879 activos, 3.051 cónyuges o concubinos, 2.799 menores y 3.290 pasivos), de un total de 54.921, que decidieron cambiarse de centro de salud.

ASSE, en tanto, tan solo recibió 609 usuarios más, según un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) al que accedió El País.

La mutualista que más usuarios nuevos recibió fue Médica Uruguaya, que se hizo de 8.925.

El 3,44% de los habilitados para cambiarse eligieron otro centro de salud. Esto implica un mínimo histórico. En 2016 fueron el 3,9%.

El ministro Jorge Basso señaló que se ha "hecho un seguimiento de las pautas publicitarias de las instituciones", y que estas suman un gasto de $ 118 millones en la previa a la apertura del corralito mutual. Los datos no incluyen febrero, el mes con más publicidad.

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