LA CUENTA REGRESIVA

Se abre el debate por el IRPF

Llega la Rendición de Cuentas con el ajuste impositivo al Parlamento y el gobierno quiere sancionarla rápido; votan varios proyectos sobre seguridad.

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El secretario ejecutivo del Frente Amplio avaló iniciativa del Poder Ejecutivo.. Foto. F. Flores

Cuando ya ha transcurrido casi la mitad del año, el Poder Legislativo se apresta a considerar a partir de ahora algunas iniciativas de significación como el proyecto de Rendición de Cuentas, que incluirá la corrección del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y dos de los proyectos oficiales emanados del trabajo de la comisión de Seguridad y Convivencia convocada por el presidente Tabaré Vázquez.

El proyecto de Rendición de Cuentas será enviado por el Poder Ejecutivo el miércoles 15 al Parlamento, luego de que en esta jornada el Consejo de Ministros lo apruebe. Su contenido más relevante es el plan de reforma de los tributos. Tal cual se anunciara la semana pasada, la propuesta oficial redistribuye marcadamente el peso que tendrá el ajuste fiscal. Originalmente alrededor de 400.000 asalariados iban a tener que afrontar un incremento del IRPF, pero con los cambios que anunció el lunes 6 el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, los afectados serán algo menos de la mitad.

Así, quienes ganen entre $ 32.400 y $ 50.100 no tendrán aumento de carga tributaria (se mantiene el 15%). En la franja de $ 50.100 a $ 167.000 el aumento se dividirá en dos franjas: la primera de $ 50.100 a $ 100.200, que aumentará cuatro puntos (de 20% a 24%); la segunda, de $ 100.200 a $ 167.000, aumentará 5 puntos (de 20% a 25%). De $ 167.000 a $ 250.500 aumentará 5 puntos (de 22% a 27%). De $ 250.500 a $ 384.100 aumentará 6 puntos (de 25% a 31%). Y para los ingresos de $ 384.000 en adelante el IRPF aumentará 6 puntos (de 30% a 36%).

A su vez, para la franja de $ 33.400 a $ 50.100 se elevó el tope de las deducciones al 10%, dejándolo en 8% para el resto de las categorías. Asimismo, se cambia la ingeniería tributaria sobre la que se miden las deducciones, por lo que a partir de ahora deducir o no —y cuánto— dependerá de la franja a la que se pertenezca.

Astori informó además que se mantiene la baja de 2% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras con tarjeta de débito y crédito.

Respecto al Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), el ministro explicó que la franja que va de $ 26.720 a $ 50.100 queda igual con una tasa de 10%. Para la franja de $ 50.101 a $ 167.000 se aumenta de 20% a 24%; para la de más de $ 167.001 se aumenta de 25% a 30%.

La última información de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre cuántas personas pagan IRPF es de 2014, e indica que el tributo grava a 484.998 asalariados. De ellos, 132.041 ganaban más de $ 59.200; en tanto 136.241 percibían entre $ 39.467 y $ 59.199. De este grupo, los que ganen menos de $ 50.100 nominales no tendrán al final ningún cambio en el IRPF que pagan. De esta forma, algo menos de 200.000 personas serán las finalmente afectadas. Un 63% de los asalariados no pagan IRPF porque sus sueldos están por debajo del denominado "mínimo no imponible" que hoy está en $ 23.380.

De acuerdo con lo que se informó, el proyecto de Rendición de Cuentas ingresará para ser considerado en primer lugar por la Cámara de Representantes.

Las expectativas del Frente Amplio es que su tratamiento no lleve todo el plazo constitucional de 45 días por Cámara, sino que se apruebe bastante antes. En el oficialismo se maneja que pueda estar sancionado ya a fines de agosto, o a más tardar a comienzos de septiembre.

El nivel de efectividad del ajuste dependerá, en cualquier caso, de la evolución de la economía uruguaya que este año, si crece, lo hará menos de 1%. Los economistas dicen que hay "estanflación", es decir estancamiento con alta inflación (11% en los últimos doce meses, aunque Astori sostiene que el actual nivel es circunstancial). El enlentecimiento de la economía reduce los ingresos de la DGI y puede aumentar los gastos del Banco de Previsión Social, cuando debe pagar más seguros de paro por el aumento del desempleo.

Seguridad.

También esta semana se moverá la actividad en el Senado, cuando el plenario discuta probablemente tres de los cuatro proyectos de ley sobre seguridad y convivencia que fueron enviados en mayo por el Poder Ejecutivo al Parlamento como resultado de las reuniones convocadas a la Torre Ejecutiva.

En dos de las iniciativas hay acuerdo parcial con la oposición y en otro el entendimiento es total. El cuarto proyecto será aplazado.

El primero donde hay acuerdo parcial es el que se conoce como proyecto para la abreviación de los plazos. En este tema hay acuerdo, no así en otros elementos de la iniciativa como normas sobre vías alternativas de resolución de conflictos.

Hay acuerdo total en torno a postergar la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) hasta julio de 2017. Esto ya se resolvió por unanimidad en la comisión de Constitución y Legislación del Senado la semana pasada.

Otra de las iniciativas donde el acuerdo es parcial tiene que ver con cambios al régimen de libertades anticipadas. Es un cambio cualitativo, se entiende en la oposición. El nuevo régimen se aplicará cuando se reincida en determinados delitos. Sin embargo, no se comparte el régimen de libertad vigilada que consiste en una serie de medidas alternativas a la prisión.

El último proyecto de ley que quedó para ser considerado más adelante es la nueva ley de orgánica del Ministerio Público.

Uno de los puntos donde no hay acercamiento es sobre el aumento de penas para los delitos considerados muy graves. Ese tema estuvo sobre la mesa en la cumbre de seguridad convocada por el presidente Vázquez el pasado viernes 22 de abril. "El Partido Nacional propone que estudiemos modificaciones al Código Penal con respecto a los temas del aumento de penas. Un segundo punto que plantea y que vamos a analizar —no hay temas proscritos— es el combate al narcotráfico. Y el tercero es sobre las modificaciones al tratamiento penal de los delitos cometidos por menores", dijo el presidente.

En la legislatura pasada, el Frente Amplio rechazó un proyecto de ley remitido por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para duplicar las penas a menores infractores que cometieran delitos gravísimos como homicidio, violación, rapiña y copamiento.

La meta del gobierno es bajar 1% el déficit fiscal.

El ministro Danilo Astori planteó que el gobierno prevé recaudar con los incrementos tributarios anunciados US$ 286 millones, casi lo mismo que los US$ 283 millones que planeaba ingresar antes de los cambios que aceptó a instancias del Frente Amplio. El gobierno necesita bajar el déficit fiscal en alrededor de US$ 500 millones, un punto del Producto Interno Bruto. Ese objetivo fue ratificado en la reunión del Consejo de Ministros donde se convalidó la propuesta de ajuste.

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