LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ante la Justicia, dijo que brindó declaraciones sobre gestión del expresidente de Ancap.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abda- la ratificó ayer en el Juzgado Penal de 18° Turno que trasmitió al periodista del diario El País Daniel Isgleas que el entonces presidente de Ancap, José Coya, adjudicó sin pasar por el Directorio del ente una obra de US$ 64 millones.

"Aclaro que obviamente no recuerdo los términos, pero los conceptos empleados en la publicación (El País) cuyos registros tenemos a disposición, reflejan el pensamiento que transmití", declaró Abdala, luego que el juez Huberto Álvarez le señalara que, por sus fueros parlamentarios, podía testificar por escrito si así lo quisiera.

Los abogados de Coya, Gumer Pérez e Ignacio Durán, preguntaron a Abdala el origen de la información que proporcionó a El País.

Abdala respondió: "El origen surge de las preguntas que le formulé al expresidente de Ancap en el ámbito de la Comisión Investigadora y de las respuestas que él me proporcionó en el marco de lo cual reconoció haber tomado esa decisión urgente de la presidencia de Ancap. Coya dijo que eran, como surgen de las actas taquigráficas de la investigadora, situaciones con las que el presidente de Ancap se veía enfrentado, aunque no le gustaban mucho".

El parlamentario señaló en la sede que, en la comisión investigadora, preguntó a Coya si el Directorio de Ancap había analizado el tema de la regasificadora, si se habían analizado las ofertas referidas al llamado en cuestión realizado por Gas Sayago y si respecto a ese llamado se había producido un informe de los servicios de Ancap, pero "no obtuvimos una respuesta concreta" del entonces presidente del ente.

Preguntado Abdala sobre el motivo que lo lleva a atribuir a Coya la decisión unilateral si este no integra el Directorio de Gas Sayago que fue el que tomó la decisión de la adjudicación, el parlamentario explicó: "Por la sencilla razón de que Gas Sayago jamás podría tomar la decisión de adjudicación si previamente Ancap no hubiera aprobado la misma, lo que ocurrió con la decisión que el (entonces) presidente del ente adoptó".

Coya presentó una demanda penal contra el diario El País y el periodista Daniel Isgleas por difamación e injurias. El 23 de junio pasado, El País publicó una nota titulada: "Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones". El artículo refería al trabajo de la comisión investigadora sobre la adjudicación a la constructora OAS de la obra de interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la planta regasificadora, que nunca se hizo. Dos días más tarde, El País publicó un editorial sobre el tema titulado: "El despeñadero interminable", que refería sobre el manejo de dinero de la empresa pública. En la audiencia de ayer, el director de El País, Washington Beltrán Storace, asumió la autoría del editorial.

Al comenzar la audiencia, los abogados de El País, Javier Beltrán y Juan Moretti solicitaron al juez Álvarez si podía declarar como testigo el expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y exdirector de Búsqueda, Danilo Arbilla, ya que el demandante lo citaba como ejemplo en el escrito. Poco después, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, afirmó que su posición era que ambas partes presentaran la mayor cantidad posible de pruebas en un litigio donde estaban en juego la libertad de expresión y el honor de un exjerarca público.

Pérez calificó como "absolutamente improcedente", "inconducente" e "impertinente" a los fines del juicio, la declaración de Arbilla como testigo. "De la misma manera que el hombre es él y sus circunstancias, no creemos que debiera citarse a (José) Ortega y Gasset a este proceso", dijo el abogado de Coya. El juez Álvarez coincidió con Fossati sobre que se debían diligenciar todas las pruebas y Arbilla declaró

El exdirector de Búsqueda fue consultado sobre una frase referida a la rigurosidad que debe tener un periodista en el momento de escribir un artículo. Arbilla respondió que esa frase integra un discurso de bienvenida que dio a los presidentes de las Cortes de todos los países de América en Washington, Estados Unidos.

"(Ese concepto) es parte de una extensa presentación sobre la Justicia y la libertad de prensa, por supuesto comparto lo que digo y estoy de acuerdo y lo repito. Pero es solo una parte de mi exposición, en la cual afirmo previamente que los funcionarios públicos, los hombres públicos están sometidos al escrutinio de los ciudadanos por su condición de tales, en el cual también alego ante los magistrados sobre el peligro que los tribunales puedan ser usados como un freno para la libertad de prensa", advirtió Arbilla.

Ese texto, según el periodista, está publicado en el libro titulado: "Justicia y Libertad de Prensa".

Con respecto a la nota de El País, Arbilla opinó que se trató de "una información normal" de un "hecho importante" que tiene que ver con la Administración Pública y "la fuente fue un legislador".