LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

¿Y la verdad?

Fernando Lorenzo y Fernando Calloia fueron procesados sin prisión en diciembre de 2014 como responsables de un delito de abuso de funciones. Hace algunos días, El País reveló que los abogados de los dos exfuncionarios presentaron a la Justicia pruebas con las que pretenden probar que sus defendidos no generaron perjuicio al Estado como resultado de sus acciones en la subasta de los aviones de la ex Pluna.

El abogado defensor de Lorenzo, Amadeo Otatti, sostiene que tras el frustrado remate de los aviones el Estado uruguayo intervino a través del fideicomiso que compró las siete aeronaves y el Banco de la República, que otorgó un aval bancario a la empresa Cosmo que luego fue asumido por el empresario Juan Carlos López Mena. Otatti afirma que el fideicomiso obtuvo, como consecuencia del aval, una ganancia de US$ 12,8 millones, en tanto que el Banco de la República ganó US$ 1,3 millones por concepto de intereses sobre el préstamo otorgado a López Mena para financiar el pago del aval.

¿Se entiende? Lorenzo y Calloia pudieron haber hecho mal las cosas o pudieron haberse apartado de las normas, pero sus acciones no ocasionaron daño para el Estado. Por el contrario, aquel proceder dejó más de US$ 14 millones de ganancias. ¡Enhorabuena!

Lástima que tanto optimismo no haya durado más de una semana. Porque siete días después el semanario Brecha reveló que López Mena presentó ante la Justicia Civil una demanda contra el Banco de la República en procura de dejar sin efecto el contrato por el que se comprometió a pagar el aval de la empresa Cosmo.

El empresario —siempre según Brecha— solicita el reembolso de lo que ya abonó al Banco de la República (US$ 4,7 millones más intereses) y además de no pagar el resto reclama un millón de dólares por los daños que el caso le ocasionó en el plano comercial y personal. ¿Se entiende? López Mena sostiene que no tiene por qué pagar el dichoso aval y que, además, se le ocasionó un perjuicio a su imagen.

¿Qué dirán ahora los abogados defensores de Lorenzo y Calloia? ¿Podrán seguir sosteniendo que el Estado uruguayo no solo no ha sufrido perjuicio alguno sino que, por el contrario, ha ganado dinero en todo este affaire? ¿No deberían acaso esperar por la suerte de la demanda de López Mena en la Justicia? Porque si un tribunal le diera la razón al empresario, el argumento de los defensores se haría añicos, y el perjuicio económico para el Estado se volvería evidente.

¿Cuánto más habrá que esperar para saber qué sucedió en realidad en aquella subasta y cuál fue el papel de cada quien en el caso?

Los ciudadanos merecen saber la verdad. Es preciso que se les diga quién dio la orden de hacer las cosas como se hicieron. ¿Fue el expresidente José Mujica? Si fue él, ¿por qué lo hizo? Y si no fue él, ¿quién fue? ¿O fueron Lorenzo y Calloia que, por su propia cuenta, tomaron un atajo equivocado? El entonces vicepresidente Danilo Astori, jefe político de Lorenzo y Calloia, ¿sabía o no de ese atajo? ¿O el exministro y el expresidente del BROU actuaron a sus espaldas?

¿Qué más tiene que suceder para que se sepa la verdad?

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