Ponen en marcha amplio
plan de desmonopolización

El equipo económico tuvo ayer una jornada de debuts ante dos auditorios tan distintos, como exigentes: el Parlamento y el empresariado.

La tónica fue la misma de austeridad y duro realismo esbozada el viernes anterior, tras el Consejo de Ministros y resumida en la frase "este va a ser un año difícil, o como dijo el presidente Batlle, peor no podríamos estar", repetida por el Ministro de Economía.

Alberto Bensión, junto al director de Planeamiento, Ariel Davrieux, y el futuro presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle, plantearon una situación complicada, aunque dejaron también indicios concretos que alimentan cierta esperanza: la recaudación fiscal viene aumentando (1% real en febrero) por una mayor actividad, y las exportaciones se están recuperando.

En el foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, las numerosas interrogantes planteadas por la audiencia y que referían a demandas sectoriales recibieron en todos los casos la misma respuesta: "dada la situación de catástrofe natural que vive, hemos centrado en el agro los esfuerzos de mejora de la competitividad y no habrá más que eso".

Hubo dos anuncios, uno novedoso y el otro ya adelantado la semana pasada, que fueron sin duda los de mayor impacto.

El primero corrió por cuenta de Davrieux, luego ampliado por Bensión, y consiste en que el gobierno pondrá este año en marcha un programa de desmonopolización y desregulación que incluye a todas las empresas y Entes públicos.

Este programa comienza en las empresas donde pueda realizarse por vía administrativa, y lo que necesite ley se negociará junto con la Ley de Presupuesto. También se planteará una ley antimonopolio, para asegurar la competencia libre.

Bensión aseguró posteriormente "no vamos a privatizar, eso está fuera de discusión en tanto hubo un pronunciamiento contrario de la ciudadanía".

El ejemplo a seguir es lo ocurrido en el sector eléctrico, donde se desmonopolizó la generación de energía, habilitando la participación de empresas privadas y la compra por parte de las industrias a proveedores privados.

Para ello, este mismo año se creará por ley un único organismo estatal regulador de los servicios públicos, y mientras tanto, las tareas regulatorias quedarán en forma transitoria en la órbita de Planeamiento, donde funcionarán la unidad regulatoria de la energía eléctrica, y de la distribución del gas.

DESVENTAJAS. Como lógico complemento de este paso, se reducirán las desventajas que puedan tener las empresas públicas a raíz consecuencia de la existencia de impuestos especiales o tasas diferenciales en aportes previsionales que en este caso llegan al 23%.

El segundo tema de impacto es el tan discutido de la política cambiaria. Tanto Bensión como Rodríguez Batlle ratificaron que este año no habrá modificación alguna, y que el próximo se adoptará un sistema que propenda a la baja simultánea de devaluación e inflación.

Si bien ambos manifestaron que todas las opciones estarán a estudio, fue el futuro titular del BCU quien planteó una alternativa no mencionada.

Se trata del sistema que funciona en base a la fijación estricta de una meta de inflación --en inglés "inflation target"-- utilizado por los países europeos para llegar a la unión monetaria, y también usado por Estados Unidos.

En este sistema se parte de la base de fijar una meta de inflación, acompañada de otras metas consideradas esenciales, como niveles de déficit fiscal, tasa de interés y endeudamiento. Consolidados esos criterios, la moneda mantiene una flotación dentro de determinados parámetros.

Dados los anuncios adelantados ayer mismo, sobre el mantenimiento del nivel de endeudamiento público en relación al PBI (33,5%) durante los próximos 5 años, déficit fiscal no mayor al 1% del 2001 en adelante, y reducción de las tasas de interés), no sería raro que este sistema pueda contar --en principio-- con la mayor simpatía de las autoridades.