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La defensa del «gobierno de los CEO»

Con transparencia, el preisdente argentino, Mauricio Macri, busca cerrar la puerta a potenciales conflictos de intereses.

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Equipo. El exCEO de Shell, José Aranguren, es ministro de Industria; Isela Costantini, exCEO de GM, preside Aerolíneas Argentinas (arriba); la canciller Susana Malcorra, fue gerente de IBM; el exCEo de JP Morgan, Alfonso Prat-Gay, es ministro de Hacienda.

Es un escenario novedoso, inédito desde el regreso de la democracia. Ejecutivos en actividad y exdirectivos de grandes empresas instaladas en Argentina, muchos de alto perfil, dejaron sus escritorios para entrar a la gestión pública. «El gobierno de los CEO», lo bautizó despectivamente el kirchnerismo, que intenta imponer el término.

Administrar la incompatibilidad y el conflicto de intereses que podrían surgir de esta situación planteará un gran desafío, y el gobierno argentino lo sabe. Se siente observado y la estrategia de contraataque es la promesa de transparencia en la gestión y de cumplimiento estricto de la ley.

«No es relevante saber si éste es el gobierno que tiene más o menos incorporaciones del sector privado; lo es que somos la gestión que se muestra más abierta a decir: venimos del sector privado, queremos saber cuáles son nuestras limitaciones para ejercer cargos públicos», afirma Laura Alonso, la nueva directora de la Oficina Anticorrupción (OA). «No importa si venís del sector privado o de Marte, lo que importa es que en la función te desempeñes de acuerdo a los principios de la ley y la Constitución», afirma.

Control y expedientes

La OA depende del Ministerio de Justicia y su titular es designado por el Presidente; es la encargada de luchar contra la corrupción en el ámbito del sector público nacional y la autoridad de aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que contempla el conflicto de intereses. Actúa de oficio cuando recibe declaraciones patrimoniales de los funcionarios y observa alguna situación dudosa, ante una denuncia o por la consulta de los propios funcionarios.

Según la OA, los expedientes más comunes de conflicto de intereses «refieren a funcionarios que tienen o han tenido vínculos con una empresa privada y a la eventualidad de que desde su cargo tomen decisiones que favorezcan a esa organización, de manera que ese beneficio también los alcance». Podría ser el caso, eventualmente, de decenas de ejecutivos que ahora abordan como miembros del Estado, temas que antes trataban como representantes de intereses privados. Hay más de un ejemplo en el gobierno argentino en sectores como energía, transporte, siderurgia, telecomunicaciones y bancos.

La ley establece que el designado debe renunciar a los vínculos privados para acceder al cargo y luego abstenerse de intervenir en temas relacionados con esos vínculos. De controlar que se cumpla, se encarga la OA. «Es importante desafiar el prejuicio de que el que ingresa desde el sector privado es malo; es un falso dilema», dice Alonso.

Su antecesor, Julio Vitobello, coincide en que el fuerte ingreso de ejecutivos en el gobierno no plantea una situación excepcional. «No soy partidario de los preconceptos. Un funcionario tiene que ser eficiente y honesto venga del sector que venga, y una vez que comience la gestión se podrá evaluar cómo se ha desempeñado. Sí hay que ser cuidadoso en casos puntuales, como en el manejo del fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses (N. de la R.: el «BPS» argentino), donde hay ex integrantes de Goldman Sachs y JP Morgan», analiza.

Apertura de datos

No siempre los conflictos están a la vista y se manifiestan de distintas formas, como el tráfico de influencias, explicó Alonso. «Se combate con mayor transparencia en la gestión. Cuando hay muchos ojos mirándote y no solo los organismos de control es mejor. Por eso el presidente Macri firmó el decreto 117 (de apertura de datos) que es un primer paso hacia un gobierno abierto en donde toda la información esté publicada». (La Nación / GDA)

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