Si la empresa no logra descontar impuestos en España

El Estado puede verse obligado a asumir los tributos de GDF-Suez

El Estado se comprometió a pagar a GDF-Suez -que construirá y operará la regasificadora- si por alguna razón esa compañía no puede descontar impuestos ante el fisco de España como pretende.

Un barco regasificador de estas caracterísitcas será el que use GDF-Suez. Foto: Archivo El País

M. Montautti / F. Tiscornia

En el llamado a licitación la empresa belga-francesa GDF-Suez se presentó como GDF-Suez Latin America Participacoes Ltda., una subsidiaria. Con ella buscaba aprovechar el tratado para evitar la doble tributación entre Uruguay y España. El acuerdo permite que algunos de los impuestos que una empresa española paga en Uruguay pueda descontarlos en su país. De esa forma se evita tributar dos veces por lo mismo.

Sin embargo, a la hora de firmar el contrato con Gas Sayago (la empresa que conforman UTE y Ancap encargada del llamado para la obra), lo hizo la sociedad anónima GNL Montevideo, con sede en Uruguay y subsidiaria de GDF Suez Latin America Participacoes Ltda.

A su vez, en el contrato -al que accedió El País- se estableció que se considerará un "cambio en la ley" que se "obstaculice o deniegue al proveedor (GNL Montevideo S.A.) la aplicación del tratado para evitar la doble tributación entre Uruguay y España o que deniegue la calificación de GNL del Sur Holding Company S.L. como una sociedad española".

En uno de los artículos del contratos se incluye el concepto "Ajuste por Cambios en la ley", donde se prevé qué hacer si "el proveedor incurre en costos mayores o menores o sufre un aumento o descenso de sus ingresos".

Una de las causas por las que el proveedores puede incurrir en mayores costos o descenso de sus ingresos es "en relación a la retención en las distribuciones de dividendos a socios o accionistas en función de la legislación tributaria de Uruguay y/o el tratado para evitar la doble tributación con España a causa de cambios en la ley". En ese caso "Gas Sayago (...) realizará los pagos conforme a las facturas mensuales que sean necesarias a efecto de reembolsar la totalidad de dichos costos".

Es decir, si España considera que GNL del Sur Holding Company S.L. no es una empresa española o que no corresponde la aplicación del tratado para evitar la doble tributación, se estará ante un "cambio en la ley" que ocasiona más costos a GNL Montevideo S.A. (porque la empresa no puede descontar los impuestos que abona en Uruguay) y por ende Gas Sayago S.A. deberá pagarle.

En síntesis, es como si en vez de ser GDF-Suez la que pague impuestos al Estado uruguayo, lo haga el propio Estado.

Por si fuera poco, el Ministerio de Economía ya había establecido que la regasificadora entra dentro de la ley de Inversiones por lo que por una cantidad de años pagará menos Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, entre otros.

Un negocio y 3 empresas.

Ahora, ¿por qué si la empresa que se presentó a la licitación es GDF-Suez Latin America Participacoes Ltda., el contrato lo termina rubricando GNL Montevideo S.A. (una firma uruguaya) y además aparece mencionada otra (española) como GNL del Sur Holding Company S.L.?

El director Nacional de Energía, Ramón Méndez explicó el jueves en una entrevista en el diario El Observador que "eso no fue una decisión de GDF-Suez sino del gobierno uruguayo" porque el pliego de la licitación exigía "que las eventuales controversias se rigieran bajo ley uruguaya". Por eso, "resultaba más conveniente que la empresa que firmara el contrato estuviera instalada en nuestro territorio", afirmó.

Incluso, dijo que GDF-Suez entregó a Gas Sayago una "carta respaldo, comprometiendo sus recursos y experiencias".

La carta -a la que accedió El País- dice que "GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF-Suez, por tanto, contará con el mismo acceso a la referida experiencia". Pero, no menciona nada respecto a los recursos y además dice que la "carta será regida por las leyes de Francia".

Vecinos presentarán recursos en la Justicia

La coordinadora de vecinos del oeste de Montevideo (grupo que se opone a la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago), presentará la semana próxima varios recursos administrativos e iniciará expedientes de acceso a información pública.

Los recursos administrativos serán contra la Autorización Ambiental Previa de la Dinama donde se autoriza la construcción de la terminal de regasificación y también contra una resolución del Ministerio de Economía del 15 de abril de 2013 donde la planta regasificadora fue promovida como proyecto de inversión y por lo tanto accede a exoneraciones tributarias.

Sin embargo, en ese decreto no se menciona a la empresa que será encargada de construir y operar la terminal en Puntas de Sayago. "Es algo increíble. ¿Quién solicitó la promoción y a quién se la otorgaron?", dijo a El País uno de los asesores legales de los vecinos, Mauricio Fioroni.

También se recurrirá el aval ambiental de la Dinama del 24 de octubre que no llevó la firma del director de esa oficina, Jorge Rucks (que se encontraba en Chile) y fue rubricado por una asistente del jerarca, aunque luego este lo firmó. Este hecho no constituye ninguna irregularidad, ya que la disposición final para la autorización fue firmada por el Ministro de Vivienda, Francisco Beltrame. Pero sí deja entrever el apuro gubernamental por autorizar el proyecto.

Los vecinos también habían reclamado un informe de la consultora Foster Wheeler que, presuntamente, no recomendaba a Puntas de Sayago como el mejor lugar para instalar la planta. Sin embargo la Justicia desestimó el pedido y el gobierno sostiene que ese documento no afirma eso.

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