La directora adjunta de Asociación Público-Privada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia dijo en entrevista con El País que este método de financiamiento crea “una cultura de revisión de riesgos” que se traslada a la obra pública tradicional.

Agregó que el proceso competitivo de licitación termina reduciendo en promedio 20% el costo de los proyectos. Vino a Uruguay por iniciativa del Banco Mundial para compartir con técnicos locales la experiencia de Colombia en la cooperación público-privada para financiar obras educativas.

—¿Desde cuándo se utiliza la Asociación Público-Privada (APP) —PPP en Uruguay— en Colombia?

—En 1994 fueron las primeras concesiones de carreteras a privados, pero en 2012 fue que se expidió la ley de APP que introdujo el pago por disponibilidad. Previo a esa ley se adjudicaron 23 proyectos incluyendo rutas, puertos y aeropuertos. Después ya hemos adjudicado 22 carreteras y 11 obras de iniciativa privada.

—¿Qué cambios introdujo la ley de APP en Colombia?

—Tuvimos que hacer bastantes arreglos para que funcione el sistema. En la ley incorporamos todas las experiencias previas de concesiones y se buscó generar mejores incentivos al sector privado para que terminen la tarea más rápido: se introdujo el pago por disponibilidad, es decir cuando la obra esté disponible para uso, y el cumplimiento de estándares de calidad que se pactan en el contrato. El otro cambio fue el tipo de concesionario (que realiza la obra), antes de la ley eran sobre todo empresas constructoras y se buscó firmas con experiencia en estructuración y financiación de proyectos.

—¿De dónde viene la financiación para estos proyectos?

—La etapa de construcción se financia por lo general a través de endeudamiento bancario con instituciones nacionales o internacionales. Una vez terminada la obra se acostumbra hacer una emisión de bonos a largo plazo donde entra el mercado de capitales a financiar esos proyectos y libera a los bancos para (prestar a) nuevos emprendimientos.

—¿El proceso de APP está centralizado a nivel del gobierno?

—Los de transporte sí en la Agencia Nacional de Infraestructura que se encarga de la estructuración. Pero también participan desde el inicio el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte, para lograr un contrato que prevea el análisis de riesgos y las garantías adecuadas para el sector privado.

—¿Existen plazos límites para esos procesos?

—Hay límites para la revisión de proyectos, el Ministerio de Hacienda tiene 30 días hábiles para revisarlos. Pero luego la estructuración tarda entre dos y dos años y medio en promedio. Es un proceso largo, no lleva seis meses ni un trámite exprés, porque en una APP se debe elaborar muy bien el contrato, hacer la asignación de riesgos y todo eso lleva tiempo. Se están haciendo contratos por 20 años con lo que significa tener una contraparte única durante un período tan largo, es distinto a la obra pública.

—¿Y qué ventajas tiene sobre la obra pública tradicional?

—Lo primero es que asegura el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura. Está demostrado que los proyectos que se hacen por obra pública sin asegurar recursos para el mantenimiento, terminan siendo más costosos. Lo segundo es que aseguran tiempos de entrega y entrada en operación, esto es mucho más seguro que en la obra pública, donde los plazos terminan siendo más largos (a los proyectados).

—¿A futuro serán cada vez más los proyectos por APP?

—No necesariamente, porque en Colombia tenemos un límite fiscal para ejecutar proyectos de APP (0,4% del PIB por año). Incluso hacer proyectos por APP lleva a que la obra pública mejore su desempeño y se comience a crear una cultura de revisión de riesgos que termina mejorando la contratación de obra pública.

—¿Eso pasó en Colombia?

—Diría que está pasando en este momento. Se está involucrando más el tema del riesgo en la obra pública, definiendo mejor los contratos con privados que ejecutan la obra pública. Se aprende que los aspectos de la APP se pueden llevar a la contratación tradicional.

—¿Cómo evalúa el interés de los privados por invertir?

—Ha sido muy bueno, tuvimos proyectos que llegaron a haber 10 interesados por competir. La manera de adjudicar la obra es por el menor valor de exigencias futuras que piden (el pago que realizará el Estado) y hubo un ahorro del 20% en promedio sobre el presupuesto establecido originalmente.

—¿Cuál es la experiencia en APP para obras educativas?

—Estamos estructurando el proyecto de infraestructura educativa para 40 entidades. Estamos discutiendo el modelo financiero con el Ministerio de Educación y la asignación de riesgos, esperamos sacar la licitación a finales de este año o principios del próximo.

ANGELA CÁCERES