C 27.70
V 28.90
C 31.14
V 35.06
C 1.50
V 2.10
C 8.00
V 9.00

se estableció que pactaban producción y precios de salsa de tomate

Multas de hasta $ 11: a empresas que formaron cartel de alimentos

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia determinó aplicar sanciones a cinco empresas que formaron un cartel y pactaron la producción y el precio de venta de salsa de tomate. En uno de los casos, la multa supera los $ 11 millones.

Había baja de precios en una presentación de pulpa tamizada, pero no otra del mismo producto y marca. Foto: El País

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MAXIMILIANO MONTAUTTI12 abr 2014

La denuncia ante la comisión (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) había sido presentada en octubre de 2010 y era contra las empresas Barraca Deambrosi, Vulcania, Gibur, Pancini Industrial del Sauce y Domingo Ghelfa. En noviembre de 2010 comenzó una investigación que culminó el 6 de marzo pasado.

En la resolución final, fechada el 1° de abril, la comisión confirmó la existencia de un acuerdo colusorio (pacto entre dos o más personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) entre las empresas denunciadas y con la participación del denunciante (la empresa Timopel, que al principio formó parte del acuerdo de prácticas anticompetitivas) con el objetivo de regular las principales variables del mercado, actuando concertadamente y eliminando o minimizando la competencia efectiva entre ellas.

A raíz de esa conclusión se ordenó el "inmediato cese de la conducta en todo aquello que se siga realizando" al momento de la resolución, tanto en intercambio de información, reparto de mercados, fijación acordada de precios u otros mecanismos que suponga la distorsión de la competencia.

Además, Barraca Deambrosi fue sancionada con una multa de 4 millones de Unidades Indexadas ($ 11.357.200), Gibur y Domingo Ghelfa con 2,6 millones ($ 7.382.180) cada una y Pancini Industrial del Sauce y Vulcania con 100.000 UI en cada caso ($ 283.930). Timopel, participante del acuerdo en primera instancia, fue exonerada de sanciones ya que apeló a la figura del "arrepentido", prevista en la normativa vigente que pena las prácticas anticompetitivas (ver aparte).

Consultado por El País, el titular de Gibur y expresidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Burghi, declinó hacer declaraciones.

En el informe final, la comisión señala que las denunciadas reconocieron la existencia de un acuerdo que tenía como lógica que una mayor producción -volumen de cajas- lograda al trabajar en conjunto, permitiría conseguir mejores precios para los envases de la "pulpa de tomate tamizada".

Con ese fin, contrataron los servicios de una imprenta que ofreció un mejor precio por el volumen requerido y además acordó con el cártel empresarial entregar la totalidad de los envases en uno o dos lugares con el fin de reducir el costo del flete.

En otro punto del informe se indica que "de la prueba diligenciada se desprende inequívocamente la práctica de un fluido y constante intercambio de información entre las empresas integrantes del grupo".

En el documento, la comisión expresa que de las pruebas recabadas "se acreditó plenamente que los precios de los productos en diversos momentos sufrieron variantes carentes de justificación económica (o mejor dicho, contrarias al lógico afán de lucro de todo empresario), con el agravante que involucraron simultáneamente a varios de los involucrados".

Además, se manifestó que esas variaciones de precios constatadas "no corresponderían a lo esperado para un mercado que funcione en competencia".

"No se entiende cómo un tipo de producto puede variar abruptamente de precios en algunas presentaciones y no en otras (bajaba la pulpa tamizada de 900 gramos pero no la de 1.020 gramos) y en segundo lugar, resulta llamativo la baja de precios operada por todas las empresas al mismo tiempo (pulpa tamizada durante julio de 2010), coincidiendo con las fechas que se aluden en la denuncia", añadió el escrito.

La comisión indicó que analizadas las justificaciones esgrimidas por las empresas no solo no lograron ser razonables a las conductas anticompetitivas, sino que las explicaciones dadas son "contradictorias con lo acontecido en la realidad".

La dependencia entendió que se acreditó la existencia de un acuerdo ilícito, conformando un cártel que tuvo objeto y efectos anticompetitivos, resultando absolutamente consistente entre una denuncia que describe situaciones concretas, específicas, con detalles, que si bien fue negada por los denunciados, resulta respaldada por la evidencia objetiva de los estudios técnicos.

El órgano señaló que la naturaleza de la conducta constatada y sus efectos en el mercado, con evidentes perjuicios para los consumidores se ponderaría para establecer el monto de la sanción, no resultando posible cuantificar el beneficio económico obtenido por la implementación del acuerdo.

A su vez, se sostuvo que en la graduación de cada sanción se tendría en cuenta la dimensión de las empresas y su consiguiente rol en el acuerdo anticompetitivo.

Empresa exonerada de multa

El artículo 34 del decreto reglamentario de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia establece que "en caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará como atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas suficientes para la sanción de los restantes infractores", a la vez que serán exoneradas de las sanciones. Eso fue lo que ocurrió con la empresa Timopel, que en primera instancia formó parte del cártel que acordó producción y precios de los productos, pero luego se arrepintió y fue la encargada de denunciar a las otras cinco compañías alimenticias.

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