Exigen que el Estado pague millonaria deuda laboral

Unos 850 funcionarios judiciales denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por no pagar una deuda salarial.

Uruguay firmó convenios internacionales que establecen que los gobiernos de turno deben cumplir con sus obligaciones establecidas en fallos judiciales en su contra.

"Se verificó una clara violación a normas de derecho internacional al no pagar a los funcionarios del Poder Judicial las retribuciones establecidas por leyes", dijo a El País el abogado penalista Pablo Donnangelo, quien presentó el reclamo de los trabajadores judiciales no sindicalizados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

A juicio de Donnangelo, el incumplimiento del Estado uruguayo viola el artículo 1 de la Convención Interamericana (obligación de respetar y garantizar los derechos); el artículo 2 (obligación de adoptar normas internas); el artículo 21 (derecho a la propiedad privada); el artículo 25 (protección judicial); el artículo 26 (desarrollo progresivo) y el artículo 7 del Protocolo Adicional de San Salvador relativo a las Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo, entre otras normas y principios de derecho internacional.

Los trabajadores judiciales tienen a su favor una sentencia que condenó al Estado a pagar la deuda generada por la aprobación de la ley que "enganchó" los aumentos de los trabajadores judiciales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia a los de los ministros de Estado. Esa norma fue aprobada durante la anterior legislatura. El gremio del Poder Judicial entiende que el Estado tiene con los funcionarios judiciales una deuda desde diciembre de 2012 que a esta altura es de US$ 40 millones y que crece día a día. Tampoco los actuarios han llegado a un acuerdo con el Ejecutivo aunque sí lo hicieron los jueces, los fiscales, los defensores de oficio y los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

CONFLICTO SALARIAL