Admiten que pedido de G20 a órgano busca terminar secreto bancario

El gobierno atento a los cambios de OCDE en pedido de datos fiscales

El gobierno sigue atento los pasos del Foro Global de Transparencia fiscal, ante el mandato del G20 de eliminar el secreto bancario e intercambiar información tributaria automáticamente, lo que lesionaría la privacidad de los contribuyentes.

Se revisará los cambios de OCDE en pedido de datos fiscales. Foto: Darwin Borrelli 

MARCELA DOBAL

El director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Fernando Serra, dijo a El País que se está "a la expectativa" tras el anuncio del G20 en Washington, cuando tras su reunión en abril pidió que los países avancen hacia intercambios automáticos de información fiscal y encomendó al Foro Global de Transparencia llevar a cabo su implementación.

Esta modalidad implica proveer información año a año sobre todos los no residentes que realizaron transacciones en el país que puedan ser de interés fiscal. De implementarse, esto se informaría solo en los casos que se trate de contribuyentes residentes en países con los que Uruguay tenga acuerdos de intercambio de información.

De esta manera, cada fisco podrá obtener información valiosa para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en tiempo en que muchos países desarrollados enfrentan fuertes déficits fiscales.

Todos los acuerdos de intercambio de información que firmó Uruguay hasta el momento prevén el intercambio en base a solicitudes puntuales de los fiscos y el gobierno ha procurado evitar las "expediciones de pesca", es decir, que los fiscos pidan información al barrer, para después seleccionar aquella que les resulte relevante.

El intercambio automático implicaría renegociar todos los acuerdos ya alcanzados y lesionaría la intimidad de los contribuyentes. Si bien esta modalidad puede alcanzar a todo tipo de información, como la relacionada a regalías, transacciones inmobiliarias o bancarias, el subdirector de la Secretaría del Foro Global de Intercambio de Información con fines fiscales, Dónal Godfrey, dijo a El País que se comenzará a trabajar sobre datos bancarios, aunque todavía se está descifrando cómo llevarlo a la práctica.

Serra señaló que, como ni siquiera esa secretaría sabe cómo implementarlo, en el Ministerio están atentos a lo que pueda ocurrir. En tanto, esa modalidad ya la puso en práctica Estados Unidos (con su ley FATCA) y está siendo replicada por países centrales de Europa.

El funcionario dijo que aplicar el sistema automático "hoy es viable" del punto de vista tecnológico, aunque reconoció que la declaración del G20 expresó la intención de acabar con el secreto bancario. "Lo estamos monitoreando pero todavía no hay nada en concreto. Es por ahora una expresión de voluntad", matizó.

En el Foro "no está claro cómo lo va a implementar" y "reconocen problemas en América Latina por restricciones de corte institucional", añadió Serra. Así se refirió a las "garantías individuales" referidas a la privacidad. "Conocen la realidad de nuestros países", dijo Serra.

Los expertos en tributación, Eliana Sartori (de PwC) y Leonardo Costa (de Brum Costa Abogados), advirtieron a El País sobre este punto.

"No debe perderse de vista la importancia de la defensa de los derechos individuales como la privacidad, que pueden verse lesionados por la divulgación de datos personales que fueran para fines no tributarios y pudieran atentar contra la seguridad de los ciudadanos", dijo Sartori.

Por su parte, Costa resaltó la "falta de garantías que esta modalidad de envío de datos supone para los derechos de los contribuyentes" y señaló que "podría dar lugar a la realización de `expediciones de pesca` que, justamente, nuestro país ha pretendido evitar expresamente, por ejemplo, en el tratado firmado con Argentina".

El intercambio automático no será exigido a Uruguay cuando sea evaluado en la fase dos del proceso de revisión de pares que se realiza en el marco del Foro Global el próximo año, pero Godfrey se mostró confiado en que haya una fase tres, cuyos criterios de evaluación aún se desconocen, según señaló a El País.

¿Cuántas S.A. quedaron sin registrar a dueños?

Unas 21.300 sociedades con títulos al portador declararon sus titulares ante el registro en el Banco Central, 13.500 convirtieron sus acciones a nominativas para evitar el registro y unas 1.000 se liquidación ante la Dirección General Impositiva, luego de que el martes venciera el plazo para hacerlo.

Así se conformó un total de 35.800 que cumplieron con la ley 18.930 de julio de 2012, pero es difícil precisar cuántas están en infracción. El año pasado el Ministerio de Economía estimaba que el universo de sociedades anónimas al portador era de unas 50.000 pero en las últimas semanas redujo esa estimación a 39.000. Con el primer total, el incumplimiento sería de 28% y con el segundo de 8%.

Cuando el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado el 7 de junio del año pasado, informó que existían unas 138.000 sociedades comerciales de distinto tipo. De esa cifra, dijo que las sociedades activas oscilaban entre 50.000 y 55.000, que en su mayoría tenían acciones al portador.

Pero semanas atrás los números se ajustaron y cuando el director general del Ministerio, Pedro Apezteguía, compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados informó que el total de sociedades al portador era de 39.000.

En Economía justificaron a El País esa significativa diferencia alegando que las 50.000 informadas en 2012 eran datos "desactualizados". Las sociedades que no llegaron a registrarse todavía pueden hacerlo ya que el sistema del Central sigue recibiendo notificaciones y el gobierno evaluará eximir de sanciones a las sociedades que se presenten los primeros días de mayo.

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