Operativo “georeferenciado” en el que se inspeccionaron a 192 comercios.

La Dirección General Impositiva (DGI) realizó un operativo de fiscalización en comercios del barrio Pocitos y derivó a la Justicia 15 casos en los que encontró causales de clausura por no facturación de las ventas e irregularidades en la documentación presentada.

Según la información brindada a El País por el director de Rentas, Joaquín Serra, se trató de un "operativo georeferenciado" en el que se inspeccionaron a 192 contribuyentes seleccionados previamente por presentar "indicios de riesgo que surgen del cruzamiento de datos de terceros y de inconsistencias en el pago de sus tributos".

El procedimiento tuvo lugar el martes y miércoles de la semana pasada. Una de las irregularidades encontradas en comercios del rubro gastronómico de Pocitos fue que documentaban los servicios brindados a clientes en comandas (vales internos) y no mediante facturas oficiales.

Además, la DGI identificó otros 12 casos que se evaluaron como "omisiones formales menores", donde se procedió a solicitar a los comercios que regularicen su situación.

Según la normativa vigente, el fisco tiene la potestad de clausurar establecimientos comerciales cuando constate omisiones en la facturación, subfacturación o una transgresión al régimen de documentación, siempre que dichas irregularidades puedan hacer presumir la existencia de una defraudación tributaria. Esto último explica la diferencia entre los procedimientos que terminan con un cierre del local comercial y otros donde únicamente se reliquidan los impuestos adeudados.

La acción de clausura puede prolongarse desde seis a 30 días hábiles según el caso y la DGI está obligada a conceder una instancia de defensa al contribuyente conocida como vista previa. Luego de ello se realiza la solicitud de cierre del negocio a la Justicia, debiendo decidir un juez en los tres días hábiles posteriores o de lo contrario el fisco queda habilitada para decretar la clausura directamente.

El realizado en Pocitos fue el primer operativo con referencia geográfica que explicitó la DGI durante 2016. Pero en años anteriores sí eran habituales las inspecciones de este tipo: en abril de 2015 se fiscalizaron unos 200 comercios de La Unión y en agosto una cantidad similar de establecimientos de la zona de Carrasco (se constataron irregularidades en el 85% de los casos y se reliquidaron impuestos por más de $ 60 millones entre ambos procedimientos).

Además, en octubre del año pasado se inspeccionaron unos 100 locales sospechosos de evasión para el fisco ubicados en shoppings de Montevideo, Ciudad de la Costa, Maldonado y Colonia.

Actualmente la fiscalización parece estar enfocada en las personas físicas de mayores ingresos, ya que hace unos meses se creó una unidad permanente de inspectores para este objetivo, que comenzó a funcionar investigando a los uruguayos con sociedades creadas por el estudio panameño Mossack & Fonseca que aparecieron en la filtración de los Panamá Papers —se detectaron montos de evasión superiores en promedio al millón de pesos en una quincena de contribuyentes—.

Serra explicó hace unas semanas que el cruzamiento de datos resulta clave para los controles. Durante este año la DGI solicitó información a los bancos sobre el consumo con tarjetas de crédito de varios individuos y también pidió datos a 15 instituciones médicas sobre los servicios prestados por profesionales de la medicina por fuera de la relación de dependencia.

Estos controles se centran en individuos cuyos ingresos derivan de una actividad independiente y se les cobra el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y/o el Impuesto al Patrimonio en base a la declaración jurada que presentan.

El último operativo que comunicó la DGI llevó el nombre "Camboriú" y se focalizó en detectar irregularidades en los free shops de la ciudad del Chuy. Se detectaron comercios que vendían mercadería a clientes uruguayos sin la entrega de la boleta correspondiente y otros que documentaban la venta con cédulas de identidad brasileñas.

Próximamente se espera el comienzo del "Operativo Verano" que centra las inspecciones en los negocios instalados en balnearios turísticos. En los casos de los "comercios golondrinas" que abren solo para la temporada de verano, la DGI les exige el pago anticipado de impuestos a modo de garantía para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El creciente poder de la Dirección General Impositiva (DGI), el tiempo de las inspecciones y los derechos de los contribuyentes fueron temas recurrentes durante el tratamiento en el Parlamento del proyecto de ley sobre transparencia fiscal que envío hace unos meses el gobierno. Cuando entre en vigencia, la norma obligará a las instituciones financieras a reportar anualmente al fisco los saldos y rentas en cuentas bancarias.

En la última sesión de la Comisión de Hacienda, el experto en Derecho Tributario, Gianni Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto de ley que contemple los derechos del contribuyente y adelantó que planteará poner límites a la duración de las inspecciones. Señaló que muchas veces la fiscalización "se prolonga sin causa aparente" y mencionó casos en que llega a durar hasta tres años.

Consultado respecto al plazo de las inspecciones, el director de Rentas, Joaquín Serra, dijo a El País que "hay un mito" en torno al tema ya que se opina en función de los casos más sonados públicamente, que en general son los de más larga duración. "Las estadísticas surgidas de controles internos a nosotros nos dan otros datos", subrayó.

Según la información proporcionada por la DGI, la duración promedio de las inspecciones de la división Fiscalización —desde que se emite la orden de control al acta final con la resolución— fue 182 días en el 2015. A su vez, el 81% de los procedimientos duraron menos de seis meses, el 15% entre seis y 12 meses, y el 4% superó el año de inspección.

Mientras que en la división Grandes Contribuyentes la duración promedio de los controles ascendió a 310 días durante el año pasado.

Serra indicó que una de las metas de gestión encomendadas durante varios años a los encargados de los equipos inspectivos es que las actuaciones de control tributario no superen los 180 días, aunque aclaró que en 2016 no se incluyó esta petición.

MATHÍAS DA SILVA

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