El 84% de los que reciben la prestación se quejó de que el dinero que les dan es poco.

En Uruguay hay 295.592 hogares que reciben asignaciones familiares. La Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) estudió de qué manera se gasta el dinero en estas viviendas, y concluyó que la gran mayoría está destinada a cubrir las necesidades básicas de los menores.

El 73,7% de los consultados, según publicó el Banco de Previsión Social, sostuvo que gastaba parte del dinero en ropa para el beneficiario, y el 59,1% en útiles y materiales de estudio para este. Hubo también un alto porcentaje, del 38,9%, que dijo que usaba la plata para comprar alimento para el hogar, y un 22,2% que manifestó que con este cubría los gastos de salud del beneficiario.

Un 15,3% dijo que usaba el dinero para adquirir "ropa en general", es decir para el menor o para otra persona, y 11,4% en "gastos en general del hogar". Un 14,2% señaló que se usaba la plata para "esparcimiento del beneficiario", y 9,5% en transporte para este, en referencia al gasto de boletos. En tanto, un 8,2% dijo pagar gastos del hogar, como luz, agua y teléfono. Y solo 3,8% reconoció comprar con este dinero tarjetas para celulares. Apenas un 0,2% manifestó usar este dinero para otras cosas. Los datos de la Encuesta a los que accedió El País son del cuarto trimestre de 2016.

La Encuesta también indagó sobre las críticas que los usuarios le hacían al sistema de asignaciones, y el 29,5% dijo estar en desacuerdo con algún aspecto del programa. La mayor molestia tiene que ver con el monto que percibían, ya que el 84% consideró que este era bajo.

En tanto, el 18,7% se quejó de que no se cobrara la misma cifra por hijo (cuantos más hijos son, la plata por cada uno va decreciendo), y el 17,5% porque no se haga una diferencia en cuanto a si el hogar cuenta o no con la presencia de ambos progenitores. Esto se relaciona con que 18,4% de las viviendas que cobran asignaciones familiares son monoparentales.

Dos aspectos en los que expresaron molestia los beneficiarios de la prestación fue en la exigencia de que haya un ingreso máximo determinado para acceder a la asignación (el 21% se quejó de esto), y que la edad máxima para percibir el beneficio sean los 18 años, lo que inquieta al 13,4% de las personas.

También se presentaron otras discrepancias con el sistema que tienen que ver con la falta de acompañamiento por parte de un asistente social (13,3%), la forma de pago, que es bimensual (11,7%), y la exigencia sobre que el menor tiene que hacerse los controles de salud (6%) y asistir a algún centro educativo (8,6%).

Otro documento sobre asignaciones familiares al que accedió El País, diseñado por la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social (BPS) en diciembre de 2016, advierte que la cantidad de beneficiarios de esta prestación disminuirá en el correr de los próximos años.

El informe sostiene que de 2020 a 2024 habrá una merma de la cantidad de usuarios, que pasará de 475.545 a 464.483. "En el mediano plazo se estima que los beneficiarios de la prestación disminuyan un 2,3%, equivalente a una disminución de 0,6%", señala. En tanto que para 2065 se espera que los beneficiarios sean 357.525.

Manifiesta, en tanto, que la composición por sexo "continuará incambiada": 51% para el sexo masculino y 49% para el femenino.

La caída de las asignaciones se explicaría, sostiene el informe, "por el aumento de los salarios reales estimados" —la prestación la cobran los que tienen ingresos considerados bajos—, pero también responde a una importante caída de las tasas de natalidad.

El documento advierte, por ejemplo, que de 2025 a 2065 la cantidad de niños de 0 a 4 años disminuirá en un 24%. Los que se encuentran entre 5 y 9 años caerán en un 22,7%, de 10 a 14 años un 21,7%, y los de más de 15 años un 21,6%.

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