Cuando empiezo a escribir esta columna, reaparecen en la prensa planteos clásicos de los últimos años: subir los mismos impuestos y recortar las mismas exoneraciones, de modo de generar recursos adicionales para volcar a presupuesto adicional.

Los eventuales nuevos recursos en ningún caso serían significativos, pero la señal para la tribuna electoral sí sería contundente. Los impulsores de estas ideas (de algún modo hay que llamarlas) muestran una previsibilidad y una persistencia, dignas de mejores causas. Mientras tanto, el único ámbito en el que se planteó una reforma que generaría ahorros, el de la "Caja Militar", está empantanado por el propio oficialismo.

También reaparece en escena un clásico que en los últimos dos años había sido dejado de lado, el de los espacios fiscales adicionales. Los tales espacios han vuelto de la mano de un crecimiento económico mejor al esperado el año pasado por el MEF. Pero el MEF parece querer olvidar que la referencia relevante no es la del año pasado sino la del anterior, cuando se produjo la Ley de Presupuesto y se esperaba que la economía creciera al 2,5% anual en el primer bienio, cuando en realidad sólo creció 0,4% y 1,5% en esos dos años.

Ya entrado 2017, y con el ajuste fiscal de enero surtiendo efecto, el déficit fiscal sigue pegado al 4% del PIB y el objetivo para dentro de dos años es de 2,5% del PIB. Vale recordar que en el promedio de los últimos seis gobiernos, entre el tercer y el quinto años el resultado fiscal empeoró en 1,4% del PIB.

La verdad, guste o no, es que no hay un peso para subir el presupuesto y que si se quiere llegar a la meta planteada para 2019 debería bajárselo. Si se subieran de nuevo los impuestos debería ser para contribuir a ese propósito y no para volver a subir el gasto, por más beneméritas que fueran las causas que lo impulsaran.

Y si se quiere priorizar algún sector del presupuesto, sólo se lo debería poder hacer mediante el redireccionamiento del gasto desde otros sectores menos prioritarios. Lo cual no es muy fácil, porque entre la Constitución, leyes y prácticas del propio gobierno, se lo ha vuelto rígido y endógeno.

Hay una serie de temas en la coyuntura que constituyen luces amarillas y que no ve el que no quiere ver.

Primero, como vimos, a pesar del ajuste fiscal que se viene aplicando en cuotas, los números fiscales no mejoran. Y nadie habla del impacto fiscal negativo de la menor tasa de inflación, que da lugar a que los gastos, indexados mayoritariamente con memoria larga, se mantienen creciendo a una tasa cada vez mayor a la de los ingresos, atados a la inflación contemporánea, o sea con memoria corta.

Segundo, la deuda pública neta (sin contar los encajes bancarios entre los activos del BCU, que no son suyos) subió de 32% a 41% del PIB en los últimos tres años, lo que la coloca en un camino insostenible. Para colmo, y como consecuencia de la incipiente redolarización de nuestra deuda, si se corrigen numerador y denominador por tipo de cambio real, la trayectoria del cociente es aún menos sostenible.

Tercero, tras el receso de 2015, la economía ha vuelto a crecer desde 2016 y lo ha hecho con cierto vigor y todo indica que en la primera mitad de este año ese proceso ha continuado. Pero se trata de un crecimiento que no genera empleo, dado que todo el aumento del producto se lo lleva el mayor salario real de quienes conservan su trabajo.

Cuarto, el tipo de cambio real está en niveles históricamente bajos, cualesquiera sean el indicador que se utilice y el período de referencia que se considere. Sólo tenemos una buena relación bilateral, en ese sentido, con Argentina y, como tantas veces, nos "casamos" a ella. Con este panorama, el crecimiento tenderá a basarse más en el consumo que en la exportación, mientras que en el caso de la inversión todas las velas están prendidas para la segunda planta de UPM, sin que trascienda su balance fiscal, resultante de subsidios, inversiones, etc.

Quinto, el Banco Central nos quiere hacer creer que "defiende" la cotización del dólar porque interviene en el mercado de cambios comprando dólares y que, si no fuera por él, el precio del dólar estaría todavía más abajo. Pero no dice que él mismo invita a los capitales golondrina con tasas nominales todavía altas, que dan lugar a tasas reales que casi no han bajado.

Si bien es posible que, muy gradualmente, bajen los pagos de intereses (nominales) del BCU, el impacto fiscal real de este juego de precios (tasas nominales e inflación que bajan) y cantidades (stock de LRM que sube) es adverso y tiende a que suba el déficit ajustado por inflación, que es el relevante a los efectos de la necesidad de acudir a más deuda para financiarlo.

Con lo cual volvemos al principio y comprobamos que casi no hay aspectos que puedan coadyuvar a una mejoría fiscal: sólo jugará a favor en lo que resta del año, el hecho de que persistirá el impacto del ajuste fiscal hasta enero mientras que el del aumento del Fonasa a los pasivos cesará desde julio, lo que podrá mejorar el resultado fiscal en algunas décimas. Y será en parte compensado con el ya referido diverso efecto de la menor inflación sobre ingresos y gastos.

Como telón de fondo, hay un panorama político con resultados de encuestas que no ayudan, mencionadas candidaturas de actores relevantes en las decisiones económicas y balances de poder desequilibrados, haciendo fuerza para que, conforme a la tradición, la situación fiscal se deteriore en la segunda mitad del período de gobierno.

JAVIER DE HAEDO